Reparaci¨®n moral y reconciliaci¨®n civil

El pr¨®ximo desenlace del caso Vera ha venido a coincidir con lo que ya parece derrota definitiva de la organizaci¨®n terrorista ETA, a cuya destrucci¨®n el citado ex responsable de la Seguridad del Estado dedic¨® todos sus esfuerzos profesionales. Es una triste iron¨ªa de la historia porque, en lugar de celebrar su victoria retrospectiva, el se?or Vera parece volcado a lamentarlo amargamente sin que pueda esperar que nadie lo rehabilite, excepci¨®n hecha de sus antiguos amigos o patrones. Y para mayor sarcasmo, cuando ¨¦l se dispone a ingresar en prisi¨®n privado del indulto de su Gobierno, se redoblan las peticiones de una soluci¨®n dialogada para los terroristas. Por eso surgen ciertas voces que vinculan ambas cuestiones, en solicitud de posibles medidas conjuntas de gracia y punto final. ?Existe alg¨²n fundamento que justifique tan forzado paralelo? ?O se trata de asuntos incomparables que exigen respuestas diametralmente opuestas?

Respecto al primer caso, es indudable que el se?or Vera no es en ning¨²n modo inocente, como proclaman quienes pretenden su indulto. No s¨®lo existe un veredicto inapelable de culpabilidad judicial, sino que adem¨¢s las evidencias emp¨ªricas resultan concluyentes. Pero debe reconocerse que la justicia espa?ola ha tomado al se?or Vera como simb¨®lica cabeza de turco, para hacerle pagar casi en solitario los m¨²ltiples pecados an¨¢logos que tambi¨¦n cometieron muchos otros. Es en este agravio comparativo que sufre donde cabe compadecerle, reconociendo la desproporcionada injusticia de condenarle s¨®lo a ¨¦l mientras se absuelve a casi todos los dem¨¢s. Esto explica la mala conciencia que ha movido a sus pasados superiores a solicitar ahora su indulto, ya que entonces no dieron la cara por ¨¦l como era su deber.

En cambio, respecto al caso de los etarras derrotados que ya se baten en retirada, las cosas parecen mucho m¨¢s claras. Se trata de criminales de guerra que se han dedicado a violar los derechos humanos extorsionando, secuestrando y asesinando con el ¨²nico objeto de instrumentar a sus v¨ªctimas al servicio de sus intereses pol¨ªticos. Pues 800 homicidios de limpieza ¨¦tnica s¨®lo pueden ser tipificados como genocidio o crimen de lesa humanidad, de modo comparable a los casos an¨¢logos de los Balcanes o Am¨¦rica Central que caen bajo la jurisdicci¨®n internacional. As¨ª que, desde el punto de vista ¨¦tico, la impunidad de sus autores debe quedar radicalmente descartada. Y las posibles medidas de gracia, que s¨®lo podr¨ªan ofrecerse de cara a una eventual rendici¨®n, siempre deben exigir como condici¨®n previa que se haga justicia, algo que resulta imposible mientras no haya confesi¨®n p¨²blica de sus cr¨ªmenes con reparaci¨®n moral a las v¨ªctimas.

Por lo tanto, el ¨²nico criterio que justificar¨ªa una oferta de di¨¢logo a los etarras en retirada habr¨ªa de ser no moral, sino pragm¨¢tico, seg¨²n el dudoso criterio de que el fin justifica los medios. Pero esto tambi¨¦n resulta discutible. La conveniencia de ofrecer salida digna s¨®lo se recomienda en los conflictos estancados en tablas donde ninguna parte puede vencer, para incentivar as¨ª la opci¨®n por la paz. Pues recompensar al ya derrotado carece de cualquier sentido pr¨¢ctico. As¨ª que la ¨²nica posibilidad de argumentarlo ser¨ªa para favorecer la integraci¨®n social de los vencidos dentro de una pol¨ªtica de reconciliaci¨®n civil, a fin de evitar que m¨¢s tarde pudieran recurrir a la ret¨®rica del resentimiento para justificar su posible retorno a las armas.

Ahora bien, los procesos de reconciliaci¨®n nacional para sellar un largo conflicto civil, cuyo ejemplo m¨¢s citado como modelo es el de Sur¨¢frica, se basan en la exclusi¨®n radical de la impunidad para los cr¨ªmenes de guerra, exigi¨¦ndose a ambos bandos que reconozcan en p¨²blico sus violaciones de los derechos humanos como forma de reparaci¨®n moral a las v¨ªctimas. Y para ello se establece una imparcial Comisi¨®n de la Verdad que se encarga de tomar testimonio a v¨ªctimas y victimarios. En el caso de ?frica del Sur, esa comisi¨®n fue presidida por el arzobispo Desmond Tutu, que mereci¨® el Premio Nobel de la Paz por su decisiva ejecutoria para llevar adelante con ¨¦xito tan dif¨ªcil misi¨®n de reconciliaci¨®n nacional. Y tambi¨¦n ha sido un eclesi¨¢stico, en este caso el obispo Valech, quien ha presidido la ¨²ltima Comisi¨®n de la Verdad instituida hasta la fecha: me refiero a la que acaba de hacer p¨²blico en Santiago de Chile su Informe sobre prisi¨®n p¨²blica y tortura, tras tomar testimonio p¨²blico a 28.000 v¨ªctimas torturadas por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Y algo semejante a esto es lo que muy bien podr¨ªa hacerse en el Pa¨ªs Vasco, instituyendo una Comisi¨®n de la Verdad encargada de elaborar un informe donde se reconstruyese la memoria hist¨®rica de las violaciones de los derechos humanos sufridas a manos de ambos bandos: tanto por parte de los etarras como de los diversos grupos parapoliciales (y no s¨®lo del GAL) que practicaron la guerra sucia a lo largo de aquellos a?os. Para cumplir sus fines de reparaci¨®n de las v¨ªctimas y reconciliaci¨®n civil, esta comisi¨®n podr¨ªa estar formalmente relacionada con las dem¨¢s instituciones para la reconstrucci¨®n de la memoria hist¨®rica que se disponen a formarse para reparar los cr¨ªmenes del franquismo. Y de paso, esta comisi¨®n permitir¨ªa rehabilitar casos como el del se?or Vera, que en lugar de mendigar indultos vergonzantes podr¨ªa recuperar as¨ª su dignidad personal.

El problema es que, dada la naturaleza incivil de nuestra cultura pol¨ªtica, formar una Comisi¨®n de la Verdad sobre la cuesti¨®n vasca puede resultar una tarea imposible. Para entendernos, esa comisi¨®n deber¨ªa actuar de un modo diametralmente opuesto al que utiliza la comisi¨®n creada en el Congreso de los Diputados para investigar el 11-M. Por lo tanto, esta comisi¨®n deber¨ªa ser tanto extrajudicial como extraparlamentaria, y s¨®lo podr¨ªa estar formada por personalidades independientes de la sociedad civil. Pues si se permite que caiga en manos de juristas o historiadores tan sectariamente politizados como suelen estarlo en nuestro pa¨ªs, los resultados ser¨ªan gravemente contraproducentes. As¨ª que, tras mucho pensarlo, y si tenemos en cuenta que la Iglesia no s¨®lo ha de estar para crear conflictos, sino tambi¨¦n para solucionarlos, lo m¨¢s conveniente ser¨ªa que la comisi¨®n estuviera presidida por alg¨²n prelado, a ser posible no espa?olista ni vasco. Lo ¨²nico que hace falta es encontrar un obispo Valech o un arzobispo Tutu, si es que existe alguien as¨ª en nuestro beligerante episcopado.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.