La equidad en nuestro sistema sanitario

La equidad es uno de los prop¨®sitos generales que suscriben los sistemas sanitarios p¨²blicos. Un prop¨®sito que comparten todos los sectores implicados en las pol¨ªticas de bienestar social, como principal contribuci¨®n a la cohesi¨®n social que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, comporta mejorar la salud de la poblaci¨®n como tal.

Efectivamente, la poblaci¨®n es algo m¨¢s y distinto que la mera suma de las personas que la integramos. Y la salud se entiende tambi¨¦n en positivo, diferente a la simple ausencia de enfermedad, sea el bienestar f¨ªsico, ps¨ªquico y social o una forma de vivir plena, aut¨®noma y solidaria.

Pues bien, en estos momentos de preocupaci¨®n por la viabilidad del sistema sanitario, llama la atenci¨®n que la inquietud a la que se presta m¨¢s atenci¨®n sea la reivindicaci¨®n de m¨¢s recursos, mientras que son mucho m¨¢s raras las cr¨ªticas a una orientaci¨®n sanitaria que menosprecia las intervenciones comunitarias, fomenta expectativas desproporcionadas y genera un consumo m¨¦dico inadecuado, con lo que el saldo resultante en t¨¦rminos de mejora de salud es incierto.

Decenas o centenares de miles de espa?oles siguen excluidos de las prestaciones

Quiz¨¢ sea que la mayor¨ªa considera bueno el sistema y que s¨®lo se necesitan retoques que, naturalmente, requieren nuevos recursos. Tal vez porque quienes ven la necesidad de una reorientaci¨®n radical se desanimen por la envergadura de la tarea. No en vano el consumismo se ha instalado tambi¨¦n en la sanidad y act¨²a como una especie de conjura de los necios en la que casi todos perdemos y los pocos que ganan no est¨¢ claro que puedan seguir benefici¨¢ndose ma?ana, cuando se alcancen cotas de gasto sanitario realmente insostenibles.

Pero si el engranaje inexorable en el que estamos inmersos disuade de los intentos de una enmienda a la totalidad -un ¨®rdago que requiere jugadores intr¨¦pidos-, sorprende el poco eco que merecen las reivindicaciones de culminar efectivamente lo que promulga nuestro ordenamiento legal, siquiera en cuanto a la universalidad y al acceso a unas prestaciones comunes.

Quiz¨¢ porque la mayor¨ªa de la poblaci¨®n est¨¢ convencida de que la universalizaci¨®n se ha completado o de que efectivamente dispone de un aseguramiento p¨²blico ¨²nico, caracter¨ªsticas que son la principal garant¨ªa de la equidad de nuestra sanidad p¨²blica.

Afortunadamente, la reciente culminaci¨®n del proceso de transferencias a las comunidades aut¨®nomas ha despertado de nuevo el inter¨¦s por la equidad, aunque venga motivado por recelos seculares frente a periferias y autonom¨ªas. A pesar de lo cual, bienvenida sea la oportunidad para poner sobre el tapete algunos problemas graves de equidad de nuestro sistema, problemas que afronta decididamente la aportaci¨®n de Jos¨¦ Manuel Freire en el foro patrocinado por la Confederaci¨®n Sindical de Comisiones Obreras (accesible en www.ccoo.es )

Uno de ellos es que desde finales de la d¨¦cada de 1990 no se ha avanzado apenas en el proceso de universalizaci¨®n, todav¨ªa por culminar. Decenas o centenares de miles de espa?oles siguen excluidos de las prestaciones de nuestro virtual sistema nacional de salud.

La causa de esta situaci¨®n tiene que ver con que nuestro sistema nacional de salud no tiene una identidad material puesto que, en el fondo, no es m¨¢s que la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social (ASSS) a la que se han a?adido los recursos sanitarios de las administraciones p¨²blicas. Cualquier paciente al que se haya prescrito una receta de medicamentos lo puede comprobar si examina el envase del f¨¢rmaco en el que figura el anagrama ASSS en un recuadro.

As¨ª pues, los ciudadanos no incluidos en su momento en el sistema de la Seguridad Social siguen teniendo limitado el derecho constitucional a la protecci¨®n de la salud, particularmente el de la asistencia sanitaria, deficiencia que se superar¨ªa asociando este derecho a la condici¨®n de ciudadano o de residente.

Pero no es ¨¦ste el factor m¨¢s importante que limita la equidad de acceso. Si bien cerca del 95% de la poblaci¨®n tiene derecho a las mismas prestaciones asistenciales, m¨¢s de tres millones de ciudadanos -los funcionarios civiles, militares y judiciales, la asociaci¨®n de la prensa y las empresas colaboradoras- disfrutan de un aseguramiento distinto, un aut¨¦ntico hecho diferencial m¨¢s efectivo que los reclamados por algunas comunidades aut¨®nomas.

A pesar de que la propia Ley General de Sanidad preve¨ªa armonizar la asistencia sanitaria de estos colectivos en un plazo de 18 meses desde su promulgaci¨®n en 1986, han transcurrido casi 20 a?os sin novedad.

Por otra parte, la persistencia de aseguramiento sanitario obligatorio para las enfermedades laborales y para los accidentes de trabajo y de tr¨¢fico sigue siendo una fuente de disparidades y tambi¨¦n de ineficiencias para el conjunto de la poblaci¨®n y de la sanidad p¨²blica, que se hace cargo de la atenci¨®n a una parte considerable de los afectados.

Todo ello sin tener en cuenta las eventuales diferencias en la calidad de las prestaciones, que resulta m¨¢s dif¨ªcil de conocer cuando se proporcionan desde redes paralelas. En suma, una situaci¨®n abigarrada y variopinta, fruto de una historia compleja que ha evolucionado sin la suficiente intervenci¨®n clarificadora de los poderes p¨²blicos y con la complicidad -en una peque?a parte activa y en general pasiva- de la sociedad espa?ola.

Andreu Segura es profesor de Salud P¨²blica de la Universidad de Barcelona.