Una juez admite el recurso sobre el derecho de huelga en la polic¨ªa

La demanda presentada por el sindicato independiente de la Ertzaintza Erne contra el Gobierno vasco con el fin de forzar un debate en los tribunales sobre el derecho a la huelga de los agentes policiales, que est¨¢ prohibida por ley, ya ha sido admitida a tr¨¢mite por una juez de lo Contencioso- administrativo de Bilbao. La Administraci¨®n aut¨®noma no ha planteado en estos primeros tr¨¢mites de la causa ninguna oposici¨®n al procedimiento de amparo por derechos fundamentales realizado por Erne.

La central policial elev¨® el pasado mes de junio al Tribunal Superior de Justicia vasco una demanda por protecci¨®n de derechos fundamentales para abrir un debate en los tribunales sobre el derecho a la huelga de los agentes. Por primera vez desde la aprobaci¨®n de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en marzo de 1986, un sindicato de polic¨ªa intentaba forzar una discusi¨®n jur¨ªdica para que la Justicia analizase si el derecho a la huelga reconocido en la Constituci¨®n (art¨ªculo 28.2), pero prohibido por la ley b¨¢sica de la Polic¨ªa y catalogado como falta muy grave por la Ley de Polic¨ªa vasca, aprobada en marzo de 1992, puede ser ejercido por un agente.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del principal tribunal de la comunidad aut¨®noma remiti¨® la demanda a los juzgados de lo Contencioso de Bilbao, donde la central mantuvo su demanda contra los departamentos de Empleo, que no autoriz¨® el 10 de junio pasado una doble jornada de huelga convocada por Erne, e Interior.

El pasado 22 de noviembre, la magistrada del Juzgado n¨²mero 1 de lo Contencioso-administrativo de Bilbao, Miriam Bris Garc¨ªa, admiti¨® a tr¨¢mite el recurso de Erne y pidi¨® a la Administraci¨®n vasca que le remitiera el expediente administrativo por el que el Gobierno hab¨ªa rechazado la solicitud de una doble jornada de huelga en la Ertzaintza los d¨ªas 13 y 30 de junio pasado. El Departamento de Empleo, que dirige Joseba Azkarraga, de EA, emiti¨® en junio una resoluci¨®n en la que no se prohib¨ªa expresamente la doble convocatoria de huelga. De hecho, ni siquiera se catalogaba la petici¨®n como un paro, ya que la consejer¨ªa la calific¨® como "la acci¨®n que realicen los agentes". Azkarraga se escud¨® adem¨¢s en su resoluci¨®n en que su departamento carec¨ªa de competencias para "establecer servicios esenciales a la comunidad".

La juez indic¨® al Gobierno que, junto al env¨ªo del expediente administrativo, comunicase "a cuantos aparezcan como interesados en ¨¦l" para que se personasen como "demandados".

La misma juez, en un auto que lleva fecha del pasado 20 de diciembre, apunta que "no habi¨¦ndose planteado por la Administraci¨®n demandada, ni por ninguna otra parte, oposici¨®n al procedimiento de amparo solicitado" por la central, acuerda seguir con la tramitaci¨®n de la causa. La juez apremia a la Administraci¨®n para que le remita el expediente, que a¨²n no ha sido remitido por el Gobierno, para incorporarlo a la causa, y fije la autoridad o funcionario responsable de dicho env¨ªo para, en caso de que no sea remitido en cinco d¨ªas, se le imponga una multa de 900 euros.

En el caso de Interior, la convocatoria de huelga, realizada en plena negociaci¨®n del convenio, fue interpretada desde el principio por el consejero, el peneuvista Javier Balza, como algo "contradictorio con la existencia de una voluntad negociadora" por parte de Erne y Comisiones Obreras, seg¨²n qued¨® registrado en las actas de la reuni¨®n del Consejo de Polic¨ªa celebrada el pasado 21 de junio. Balza entendi¨® que la mera solicitud del permiso para el doble paro "es la manera de dar inicio al procedimiento formal". Y se preguntaba si se estaba "en conflicto" o "en negociaci¨®n". Seis meses despu¨¦s, la Ertzaintza sigue sin convenio, caducado desde diciembre de 2001. Entonces Interior cerr¨® un acuerdo regulador exclusivamente con Erne.

La central recurrente defiende en su recurso que Espa?a, tras la firma en abril de 1977 del Pacto Internacional de los Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a la huelga a los funcionarios p¨²blicos. Su art¨ªculo 8.1 obliga a Espa?a a garantizar el derecho de huelga, pero no le impide aprobar restricciones legales para algunos colectivos, como las Fuerzas Armadas o los cuerpos policiales.

En 1978, la Constituci¨®n reconoci¨® el derecho de huelga y es posteriormente cuando se aprueban limitaciones que, de hecho, impiden su ejercicio a los polic¨ªas y militares. Erne opina que el "vac¨ªo normativo" por la falta de una ley de huelga no puede ser suplido por la normativa de la polic¨ªa, que "lejos de regular el derecho de huelga de dichos funcionarios, lo que hace es anularlo".