Oportunidad perdida

La Directiva de Defensa Nacional, que el presidente del Gobierno tiene previsto firmar el jueves, es el documento que define las l¨ªneas estrat¨¦gicas de la pol¨ªtica de defensa del Ejecutivo para toda la legislatura. Es un instrumento b¨¢sico, porque de ¨¦l se deriva con posterioridad toda la planificaci¨®n militar.

El ministro de Defensa ha informado al Parlamento del contenido de la directiva, que ya se conoc¨ªa a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n. La principal conclusi¨®n que puede extraerse es que no responde a la gravedad de las amenazas que acechan hoy a la seguridad de Espa?a.

La Directiva de 1992 impuso como gran novedad las misiones de paz como tarea fundamental de nuestras Fuerzas Armadas. Por su parte, la Directiva de 1996 incluy¨® dos cambios trascendentes: la plena profesionalizaci¨®n de los ej¨¦rcitos y la integraci¨®n de nuestro pa¨ªs en la estructura militar de la OTAN. La ¨²ltima, aprobada en 2000, incid¨ªa en el papel de las Fuerzas Armadas como instrumento de la pol¨ªtica exterior.

Tras el 11-M, los espa?oles merecen una defensa m¨¢s ambiciosa y menos demag¨®gica

La Directiva de Defensa ahora presentada contiene dos supuestas novedades: un respeto escrupuloso a la legalidad internacional y la autorizaci¨®n del Parlamento para cualquier nueva misi¨®n militar en el exterior. El problema es que ambos principios se transforman en el desarrollo del texto en dos falsedades. Es m¨¢s, el ¨²nico norte que parece guiar la pol¨ªtica de defensa del Gobierno actual es seguir explotando electoralmente la guerra de Irak.

El Gobierno ha insistido de forma reiterada en declarar ilegal la guerra de Irak y, por ende, el posterior env¨ªo de tropas espa?olas a ese pa¨ªs, argumentando que no cont¨® con la autorizaci¨®n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El compromiso que se deriva de esa denuncia es que Espa?a no participar¨¢ en el futuro en ninguna operaci¨®n que no tenga el benepl¨¢cito expreso de la ONU.

Pues bien, el proyecto de directiva contradice este principio al afirmar que la actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas en el exterior requerir¨¢ "que exista una decisi¨®n previa de Naciones Unidas u otra organizaci¨®n multinacional de la que Espa?a forma parte". Es decir, nuestros ej¨¦rcitos podr¨¢n participar en misiones de la UE o la OTAN sin requerir necesariamente la aprobaci¨®n de la ONU.

En segundo t¨¦rmino, la pretendida exigencia de autorizaci¨®n previa del Parlamento para el env¨ªo de tropas al extranjero se transforma en la directiva en una mera "participaci¨®n activa" del mismo. El secretario de Estado de Defensa explic¨® adem¨¢s en el Senado que en determinados supuestos dicha "participaci¨®n" no podr¨¢ ser, por raz¨®n de tiempo, sobre la misi¨®n en concreto, sino sobre la disponibilidad de la fuerza.

El ministro, por su parte, matiz¨® que habr¨¢ excepciones para las misiones humanitarias, de defensa de la soberan¨ªa y otras que pueda prever la ley. En todos esos casos, el Parlamento se pronunciar¨¢ a posteriori. Esta imposibilidad viene adem¨¢s inducida por los propios compromisos militares que est¨¢ asumiendo el actual Gobierno en el seno de la Uni¨®n Europea y de la OTAN. Por tanto, seg¨²n la nueva doctrina, el primer contingente de tropas espa?olas en Irak, en misi¨®n humanitaria seg¨²n el criterio del Gobierno que las envi¨®, se podr¨ªan haber desplegado sin autorizaci¨®n del Parlamento.

No es lo m¨¢s grave, sin embargo, las contradicciones entre la Directiva y las falsas promesas del PSOE. Lo peor es que en el texto no se da respuesta a los desaf¨ªos a la seguridad a los que nos enfrentamos. La Directiva se?ala, por un lado, algunas obviedades como nuestra pertenencia a la UE o a la OTAN, nuestra ubicaci¨®n en el Mediterr¨¢neo o nuestra relaci¨®n especial con Iberoam¨¦rica. Pero m¨¢s all¨¢ de eso, no da criterio alguno sobre el nivel de ambici¨®n militar de nuestro pa¨ªs, sobre la necesaria reforma del modelo de Fuerzas Armadas o sobre las nuevas misiones que deben asumir los ej¨¦rcitos en la lucha contra el terrorismo, la proliferaci¨®n de armas de destrucci¨®n masiva y otras nuevas amenazas.

Por el contrario, la Directiva se limita a enumerar una serie de acciones concretas, en el m¨¢s estricto ¨¢mbito militar, que en la mayor parte de los casos ya est¨¢n en marcha.

El Gobierno ha introducido tambi¨¦n dos novedades en el tr¨¢mite de elaboraci¨®n del documento. La primera es que la Directiva fue debatida en el seno de la Junta de Jefes de Estado Mayor y no en la Junta de Defensa Nacional como hubiera sido legalmente preceptivo y pol¨ªticamente aconsejable. La segunda es que con su presentaci¨®n anticipada a las Cortes, el ministro ha pretendido hacer una directiva por consenso.

Este intento, discutible desde la perspectiva del reparto de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto frustrado en todo caso porque resulta realmente dif¨ªcil alcanzar un acuerdo sobre un documento que el ministro ni siquiera tuvo la deferencia de remitir previamente.

Puede argumentarse que ese car¨¢cter prescindible estaba tambi¨¦n en las directivas anteriores. Pero hay dos realidades que lo hacen injustificable en este caso. La primera es que el proyecto actual carece incluso del sentido estrat¨¦gico que ten¨ªan las anteriores. Las supuestas novedades de legalidad internacional y consulta parlamentaria ni son nuevas ni consisten en otra cosa que en una falsedad con la que se pretende seguir atacando al Gobierno anterior. La segunda realidad es que este pa¨ªs fue brutalmente atacado por el terrorismo yihadista el pasado 11 de marzo. Tras ese terrible atentado, los espa?oles aspiran y merecen una Defensa Nacional m¨¢s ambiciosa, m¨¢s innovadora y menos demag¨®gica que la que se refleja en el proyecto presentado.

Ignacio Cosid¨® es senador por Palencia y portavoz del Grupo Popular en la Comisi¨®n de Defensa del Senado.