La juez archiva el 'caso Atutxa' y critica al Supremo por vulnerar derechos fundamentales

La juez del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco que ha instruido el caso Atutxa, Nekane Bolado, archiv¨® ayer la causa abierta por desobediencia contra el presidente del Parlamento de Vitoria, el peneuvista Juan Mar¨ªa Atutxa, y otros cinco parlamentarios, al entender que no tuvieron ninguna intenci¨®n de desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo en la C¨¢mara de la ilegalizada Batasuna. La juez critica abiertamente en su sentencia el proceder del Supremo por "vulnerar derechos fundamentales" de SA, como la tutela judicial, y por confundir partido pol¨ªtico y grupo parlamentario en la ejecuci¨®n de la sentencia de ilegalizaci¨®n, que ordenaba disolver Sozialista Abertzaleak.

La causa penal contra tres miembros de la Mesa de la C¨¢mara (Atutxa, Gorka Kn?rr, de EA, y Kontxi Bilbao, de EB) se inici¨® tras interponer sendas querellas, en julio de 2003, el Ministerio Fiscal y el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La Sala Civil y Penal del tribunal vasco las admiti¨® a tr¨¢mite el 10 de julio, con el voto en contra de su entonces presidente, Manuel Mar¨ªa Zorrilla, y de la propia Nekane Bolado, juez instructora. La fiscal¨ªa ampli¨® en abril pasado la querella a los representantes del PNV, EA y SA en la Junta de Portavoces, Joseba Egibar, Rafael Larreina y Antton Morcillo, respectivamente (¨¦ste ¨²ltimo ya no es parlamentario), al entender que cooperaron en la desobediencia a trav¨¦s de una "confabulaci¨®n" con Atutxa, Kn?rr y Bilbao.

El "an¨¢lisis riguroso" realizado por Bolado de la "larga instrucci¨®n" ha "reforzado y fortalecido", dice el fallo de 44 p¨¢ginas, su convencimiento inicial de que la querella nunca debi¨® haberse admitido porque los hechos "no son constitutivos de infracci¨®n penal". La instructora subraya que en todo momento los tres querellados iniciales "desplegaron la diligencia precisa" para intentar buscar un "procedimiento que afluyese al cumplimiento de la orden de disoluci¨®n". En concreto, cita la Resoluci¨®n General de Presidencia aprobada el 5 de junio de 2003 por la Mesa de la C¨¢mara con los votos de los tres querellados y del miembro del PSE.

El argumento empleado por Atutxa, Kn?rr y Bilbao era que el Supremo hab¨ªa "invadido las competencias del Parlamento" al ordenar disolver SA y no hab¨ªa "respetado la separaci¨®n de poderes". Pese a todo, aprobaron dicha resoluci¨®n para intentar solventar las "lagunas" del Reglamento de la C¨¢mara. Al d¨ªa siguiente, la Junta de Portavoces vot¨® en contra de la resoluci¨®n porque, a juicio de Egibar, Larreina y Morcillo, lo preceptivo era reformar el Reglamento para cumplir la sentencia del Supremo. La fiscal¨ªa entendi¨® que esta decisi¨®n obedec¨ªa a una "confabulaci¨®n" para evitar cumplir la sentencia del Supremo.

La instructora, por contra, cree que el "incumplimiento de lo mandado no obedeci¨® a maniobras obstruccionistas", ni se puede sostener que los imputados de la Mesa tuvieran el "¨¢nimo deliberado de incumplir lo ordenado" por el Supremo. Resalta que su decisi¨®n "no fue caprichosa", sino que atendieron a "m¨²ltiples informes, algunos de ellos provenientes" de la Fiscal¨ªa General del Estado. Su entonces titular, Jes¨²s Cardenal, reflej¨® en un informe de noviembre de 2002 que partido y grupo parlamentario son "entidades jur¨ªdicas diferentes" y que el Reglamento de la C¨¢mara no permit¨ªa la suspensi¨®n de un grupo. El auto apunta que la "alegaci¨®n de confabulaci¨®n" de la fiscal¨ªa "no se sostiene". Critica al Supremo porque la disoluci¨®n de SA se hizo "pasando por alto" preceptos legales y sin darle "audiencia ni oportunidad de intervenir en el proceso" de ejecuci¨®n de la sentencia. "La disoluci¨®n surge, en suma, fuera del ¨¢mbito de la competencia a que el proceso de ejecuci¨®n debe constre?irse", a?ade.