Cada cinco d¨ªas muere una mujer por violencia
Las organizaciones de mujeres creen que la nueva ley tardar¨¢ a?os en reducir las agresiones
Cautelas y esperanza. Una veterana reivindicaci¨®n de las asociaciones feministas ya est¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. La Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, cuyo objetivo es proteger a las mujeres de las agresiones machistas e intentar erradicar esas conductas, entrar¨¢ en vigor a finales de este mes. Sin embargo, sus resultados tardar¨¢n en traducirse en un alivio de la cifra de ciudadanas muertas a manos de hombres que dijeron amarlas. "La norma tendr¨¢ efectos a medio plazo. Hay que dar tiempo a que las medidas vayan cuajando", advierte la directora general del Instituto de la Mujer, Rosa Peris.
Es la opini¨®n dominante entre las mujeres con protagonismo en la lucha contra esas agresiones. "La nueva ley no va a resolver de la noche a la ma?ana un problema de ra¨ªces tan hondas como la violencia machista, pero abre el camino a la esperanza", considera Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial. "Si la ley tiene el presupuesto necesario y se aplica bien, dentro de unos tres a?os podr¨¢ empezar a disminuir la violencia", afirma la presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Mar¨ªa P¨¦rez del Campo. La portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de G¨¦nero, ?ngeles ?lvarez, puntualiza: "La norma no tendr¨¢ resultados de verdad, como el descenso de muertes, antes de cinco a?os". "El n¨²mero de fallecimientos no puede ser el ¨²nico indicador para medir la violencia de g¨¦nero", a?ade.
Pero es el que produce la mayor alarma sobre un problema que ha dejado de considerarse como un asunto privado. Cada cinco d¨ªas muere una mujer a manos de su marido, novio o ex pareja. El a?o pasado, perdieron la vida 72, una m¨¢s que en 2003, seg¨²n los datos del Instituto de la Mujer. La mayor¨ªa (34) estaban casadas con su agresor .
El balance luctuoso no para de aumentar desde el a?o 2001 pese a las medidas puestas en marcha: planes contra la violencia dom¨¦stica en el Gobierno del PP, orden de protecci¨®n (aprobada por unanimidad en el Congreso en 2003) y plan de choque adoptado por el Ejecutivo socialista en mayo de 2004.
Tambi¨¦n han ido en aumento las denuncias por maltrato que presentan las mujeres. Mientras en 2001 se presentaron 24.158, en 2003 ascendieron a 50.088. Aunque a¨²n no se dispone de los datos de 2004, todo indica que se superar¨¢ esa cifra: hasta octubre del a?o pasado, se registraron 48.366 denuncias femeninas, seg¨²n el Instituto de la Mujer, cuyos datos excluyen las presentadas ante las polic¨ªas auton¨®micas vasca y catalana. La estad¨ªstica judicial ofrece cifras m¨¢s altas, pero referidas a toda a violencia en el ¨¢mbito familiar: 47.320 denuncias llegaron a manos de los jueces en el primer semestre del a?o pasado. Se retir¨® el 12%.
El incremento de las denuncias se debe sobre todo a que cada vez son m¨¢s las mujeres que conf¨ªan en que recibir¨¢n protecci¨®n, afirma Comas. "Tambi¨¦n contribuye a ello la creciente independencia femenina", a?ade Peris. Con todo, "es grav¨ªsimo que mueran muchas mujeres sin haber denunciado, porque si no lo hacen no se las puede proteger", asegura ?lvarez.
Dinero y reglamentos
Los resultados generales de la nueva ley depender¨¢n del desarrollo de las medidas previstas en su articulado (sociales, educativas, judiciales) y, tambi¨¦n, de que se haga efectiva la financiaci¨®n necesaria (m¨¢s de 50 millones de euros anuales seg¨²n la memoria econ¨®mica de la norma), coinciden varias fuentes. Dos de sus t¨ªtulos m¨¢s conflictivos, el que establece mayor castigo para los hombres que para las mujeres que maltraten a su pareja y el que crea los juzgados especializados para entender las causas penales y civiles vinculadas a la agresi¨®n demorar¨¢n hasta el verano su entrada en vigor.
"Tenemos la ley, pero faltan los reglamentos y queremos participar en su elaboraci¨®n", asegura P¨¦rez del Campo, pionera en pedir una norma "que no es exactamente la que reclam¨¢bamos". Uno aspecto que critica es la posibilidad de sustituir la pena a los maltratadores por trabajos en beneficio de la comunidad. "Eso contradice la tolerancia cero frente a la violencia de g¨¦nero". Tambi¨¦n le preocupa que la prevista reforma del divorcio "no fragilice la situaci¨®n de las mujeres".
Ley de Igualdad, el siguiente paso
Tras la ley contra la violencia, la de garant¨ªa de igualdad. Con la primera aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno trabaja ya en el dise?o de la segunda para enviar el proyecto al Legislativo este a?o.
Aunque en un principio est¨¢ obligado a trasponer una directiva comunitaria que incide especialmente en la igualdad laboral, el Ejecutivo baraja la posibilidad de ampliar las medidas contenidas en la normativa de la UE. De entrada, el objetivo es combatir tanto la discriminaci¨®n directa como indirecta que sufren las ciudadanas. Y eso supone, por ejemplo, asegurar que, a igual trabajo, ellas recibir¨¢n igual salario que los hombres (ahora la diferencia puede llegar al 30%). Seg¨²n fuentes del Instituto de la Mujer, a veces esta discriminaci¨®n tiene que ver con los convenios. Explican que en los acuerdos que regulan sectores fuertemente masculinizados hay mayores sueldos que en los de ¨¢mbitos de predominio femenino para trabajos iguales. Detallan que esa diferencia se observa, por ejemplo, en el salario de un administrativo: m¨¢s alto en una constructora (convenio de la construcci¨®n) que en un despacho profesional (convenio de oficinas).
En la futura ley, los criterios de m¨¦rito en las empresas quedar¨¢n claros, seg¨²n ha manifestado la secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad, Soledad Murillo. La futura ley tambi¨¦n recoger¨¢ el acoso sexual en el trabajo.
Otra medida encaminada a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, el establecimiento de la paridad en las listas electorales (con un sistema de cremallera que obligar¨ªa a anternar candidatos y candidatas) figura igualmente entre los compromisos del Gobierno.
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