?C¨®mo responder al plan?

La jugarreta de Batasuna de permitir que prospere en el Parlamento vasco el plan Ibarretxe dividiendo el voto de sus seis parlamentarios ha acelerado de forma imprevista actos que el lehendakari y su partido situaban ya en la pr¨®xima legislatura auton¨®mica. El m¨¢s inmediato es la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de ley aprobada en Vitoria en el Congreso, que puede anticipar el "choque de legitimidades" entre el Parlamento vaso y el Parlamento espa?ol, ya previsto por Ibarretxe y los suyos.

Adapt¨¢ndose a las nuevas circunstancias, las fuerzas nacionalistas van a intentar sacar el m¨¢ximo partido electoral al cantado rechazo en el Congreso de una iniciativa de problem¨¢tica constitucionalidad, carente del m¨ªnimo consenso previo en el seno de la sociedad vasca, y contaminada con el apoyo determinante de un grupo que justifica el terrorismo de ETA. Pero el factor clave para el futuro del plan no est¨¢ en decisi¨®n de las Cortes, sino en qui¨¦n obtiene la mayor¨ªa absoluta en las elecciones de mayo en Euskadi. Y en este empe?o, para el que cada contendiente intentar¨¢ activar los resortes emocionales e ideol¨®gicos m¨¢s propicios a sus intereses, va a cobrar una importancia decisiva la forma en que se aborde en las Cortes al proyecto de libre adhesi¨®n de los nacionalistas.

Cuando en 2003 Ibarretxe puso su plan sobre el papel, lo que le preocupaba no era tanto el rechazo imaginable de las Cortes -entonces con mayor¨ªa absoluta del PP- cuanto la no respuesta, la hibernaci¨®n de la iniciativa mediante recursos o una tramitaci¨®n dilatoria. Por eso anunci¨® aquel septiembre un procedimiento sumar¨ªsimo, y no previsto en norma alguna, por el cual deb¨ªa abrirse, de forma simult¨¢nea al env¨ªo de la iniciativa a las Cortes, una "negociaci¨®n pol¨ªtica" con el Gobierno central, "que deber¨ªa culminar en un tiempo superior a seis meses". Agotado ese plazo, se producir¨ªa la ratificaci¨®n en refer¨¦ndum del "Pacto Pol¨ªtico alcanzado con el Estado" o bien, de no haber acuerdo, del proyecto aprobado por el Parlamento vasco.

Para entonces el lehendakari dispon¨ªa de un informe -filtrado en dicho mes al diario Abc- en el que un grupo de juristas le marcaba soluciones para soslayar los numerosas tachas jur¨ªdicas que presentaba su plan. El ¨²ltimo p¨¢rrafo estaba dedicado a advertir del riesgo de que la proposici¨®n de ley encallara a la primera en la Mesa del Congreso. Este ¨®rgano no puede salirse de la calificaci¨®n con que lo remiti¨® el Parlamento vasco -reforma del Estatuto de Gernika, si bien la generalidad de los expertos estima que desborda ampliamente el ¨¢mbito estatutario-, pero s¨ª est¨¢ en su mano, avisaban los juristas a Ibarretxe, "calificarla como iniciativa de reforma constitucional bajo el argumento de que, materialmente, choca con el texto constitucional". En ese caso, la Mesa del Congreso, bas¨¢ndose en informes recabados de los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara, tendr¨ªa el recurso de suspender la tramitaci¨®n de la iniciativa, reclamando al Parlamento vasco que la acompa?ara de una proposici¨®n de reforma constitucional. No en vano, prestigiosos constitucionalistas han identificado varias decenas de puntos de fricci¨®n entre la iniciativa del lehendakari y la Carta Magna. "Dicho en otras palabras", conclu¨ªan los asesores de Ibarretxe, "el Congreso podr¨ªa paralizar desde el primer momento la tramitaci¨®n de la propuesta, sin necesidad de que el Pleno desautorice al Parlamento vasco y antes de que el cuerpo electoral vasco pueda pronunciarse en refer¨¦ndum".

El empuj¨®n dado por Batasuna a la hoja de ruta del lehendakari ha desactivado el plazo perentorio de los seis meses, ya que quedan apenas cinco para las elecciones, pero hace que cobre una gran trascendencia la forma en que las instituciones del Estado trasladen a la sociedad vasca la inviabilidad del proyecto soberanista salido el Parlamento de Vitoria. La firmeza no est¨¢ re?ida con la templanza o la inteligencia, ni tiene una ¨²nica manera de expresarse. Centrar la atenci¨®n en responder al plan Ibarretxe desde el Congreso, donde PSOE y PP suman el 90% de los esca?os, supone equivocar el enfoque. El n¨²cleo del desaf¨ªo planteado es pol¨ªtico antes que jur¨ªdico, y su resoluci¨®n depende, esencialmente, de la respuesta que le den los ciudadanos vascos en los comicios de mayo.