Se acab¨® la farsa

Desde el momento en que el Parlamento vasco aprob¨® por mayor¨ªa absoluta el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika, hemos asistido al espect¨¢culo chusco de una singular competici¨®n por ver quien corr¨ªa m¨¢s y quien gritaba m¨¢s fuerte a la hora de rechazar la mencionada reforma. Parec¨ªa que al conocido como plan Ibarretxe solamente se le pod¨ªa frenar si se alzaban simult¨¢neamente contra ¨¦l todos los gobiernos y parlamentos de las comunidades aut¨®nomas, todos los municipios y, por supuesto, la Conferencia Episcopal. Quien se negara a hacerlo era sospechoso inmediatamente de oscuras connivencias con el nacionalismo vasco y de favorecer de manera soterrada y espuria que el plan siguiera su curso.

Lo que est¨¢ en juego en este momento son las reformas de los estatutos del 151 de la Constituci¨®n

Me llama la atenci¨®n que nadie de los que han protagonizado el espect¨¢culo haya reparado en la desconfianza en nuestras instituciones de gobierno que esta manera de proceder representa. ?A qu¨¦ ven¨ªan tantas prisas en condenar el plan Ibarretxe, tantos anuncios de presentaciones de mociones en parlamentos auton¨®micos y ayuntamientos, tantas solicitudes de reuniones de partidos a escala regional o local? ?No dispon¨ªa ni dispone el sistema pol¨ªtico espa?ol constitucionalmente dise?ado de instrumentos de respuesta a la propuesta de reforma estatutaria vasca?

Afortunadamente han bastado la entrevista del lehendakari con el presidente del Gobierno el pasado jueves y de este ¨²ltimo con el presidente del PP el viernes, para que todo el ruido de estos primeros catorce d¨ªas de 2005 haya desaparecido. Una vez que han hablado quienes ten¨ªan que hablar, se acab¨® la farsa. ?Hay alguien que le contin¨²e viendo alg¨²n sentido al debate acerca de si el Parlamento de Andaluc¨ªa debe pronunciarse expresamente sobre el plan Ibarretxe y a si debe hacerlo antes o despu¨¦s de que se pronuncie el Congreso de los Diputados o a si deben hacerlo tambi¨¦n los ayuntamientos?

Las garant¨ªas que contiene la Constituci¨®n para la defensa de la estructura del Estado est¨¢n bien dise?adas y hay que confiar en ellas. No es necesario ning¨²n levantamiento popular liderado por autoridades regionales y locales para enfrentarse a una propuesta de reforma estatutaria como la aprobada por el Parlamento vasco, sino que es m¨¢s que suficiente dejar que operen los mecanismos que est¨¢n previstos en el texto constitucional. Quienes ten¨ªan que dar seguridad a los ciudadanos espa?oles, incluidos los ciudadanos vascos no nacionalistas, de que el plan Ibarretxe no iba a prosperar son los l¨ªderes de los partidos pol¨ªticos que pueden anticipar la manifestaci¨®n de voluntad del Congreso de los Diputados, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoyy. No hab¨ªa ninguna raz¨®n que justificara que nadie les dijera por anticipado lo que ten¨ªan que hacer, como si hubiera dudas de cual iba a ser su decisi¨®n.

Ahora bien, una vez acabada la farsa, contin¨²a siendo oportuno reflexionar sobre la forma en que hemos de dar respuesta a la reforma de la estructura del Estado que se est¨¢ instando no solamente desde el Pa¨ªs Vasco sino tambi¨¦n desde otras varias comunidades aut¨®nomas. Pues no es ¨²nicamente en el Pa¨ªs Vasco donde est¨¢n en marcha procesos de reforma estatutaria.

En la reuni¨®n del presidente del Gobierno con el presidente del PP se acord¨® la constituci¨®n de una comisi¨®n del PSOE y el PP, con la finalidad de consensuar las reformas constitucionales y estatutarias. Es un primer paso y un buen paso. El acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales espa?oles tiene que ser la condici¨®n necesaria para cualquier reforma de la estructura del Estado.

Pero el que sea condici¨®n necesaria no quiere decir que sea tambi¨¦n condici¨®n suficiente. Mariano Rajoy en la conferencia de prensa del pasado viernes, tras su entrevista con el presidente del Gobierno, hizo referencia a los pactos aut¨®nomicos de estos dos ¨²ltimos decenios, los de 1981 y 1992, que fueron suscritos ¨²nicamente por UCD y PSOE el primero y por PSOE y PP el segundo, como precedente que se deber¨ªa seguir en este momento.

No parece, sin embargo, que en este punto se le pueda dar la raz¨®n. Los pactos auton¨®micos de 1981 y 1992 tuvieron la peculiaridad de que versaron sobre los estatutos de autonom¨ªa de las comunidades del art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n, pero no sobre los de las comunidades del 151 y en especial sobre los de las comunidades aut¨®nomas vasca y catalana, que estaban aprobados parlamentariamente desde noviembre de 1979. En 1981 se defini¨® el mapa auton¨®mico y se decidi¨® que todas las comunidades aut¨®nomas tendr¨ªan la misma naturaleza y la misma arquitectura institucional, independientemente de su v¨ªa de acceso a la autonom¨ªa. En 1992 se contempl¨® la equiparaci¨®n desde una perspectiva competencial de las comunidades del 143 con las comunidades del 151 de la Constituci¨®n. Nada se decidi¨® en 1981 y en 1993 que afectara a las comunidades del 151 de la Constituci¨®n. Y para ello, es obvio que el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales espa?oles era suficente.

Pero ahora nos encontramos en un momento distinto. Lo que est¨¢ en juego en este momento son la reformas de los estatutos del 151 de la Constituci¨®n. Y para darles respuesta en positivo a dichas reformas hay que contar con el concurso de partidos que o son mayoritarios o tienen una presencia muy importante en dichas comunidades aut¨®nomas. El PSOE y el PP se bastan para decir no a la reforma estatutaria aprobada por el Parlamento Vasco, pero no pueden decidir en positivo qu¨¦ respuesta habr¨¢ que dar finalmente a la demanda de reforma estatutaria vasca, catalana, gallega o andaluza. El consenso tiene que ser m¨¢s amplio y debe construirse entre todos desde el principio.