Los demandantes desean que el Tribunal Constitucional decida sobre el canon

Christophe Sougey est¨¢ preocupado por la cuenta de resultados de su empresa. Iv¨¢n S¨¢nchez, por su libertad. Eduardo Serrano, por pagar un impuesto "sin legitimidad", y Jes¨²s Silva, por "una cuesti¨®n de principios; de higiene pol¨ªtica y judicial".

Todos ellos, y varios ciudadanos m¨¢s, han presentado demandas (hasta superar la docena) en los tribunales de las ciudades en las que residen, demandas cuyo formulario est¨¢ disponible en Internet. Todos ellos reclaman a las tiendas donde compran los CD y DVD v¨ªrgenes que les devuelvan el canon que compensa a los autores por la copia privada. El dinero no es el ¨²nico objetivo. Todos pretenden que los jueces acepten sus tesis y eleven la cuesti¨®n al Tribunal Constitucional, "el ¨®rgano relevante para analizar la constitucionalidad del canon". Consideran que se trata de un pacto privado que impone de facto un impuesto en favor de los autores y en contra de Administraci¨®n y ciudadanos.

Desde septiembre de 2003, los soportes digitales v¨ªrgenes (CD y DVD, principalmente) costaban en las tiendas 17 y 70 c¨¦ntimos m¨¢s. El canon fue el resultado de un acuerdo entre seis sociedades de gesti¨®n de los derechos de autor y la asociaci¨®n de fabricantes de soportes inform¨¢ticos Asimelec, empujados por sentencia contra fabricantes o distribuidores de ced¨¦s (caso Traxdata). Los jueces avalaron el cobro de tarifas que estipula la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para "materiales de reproducci¨®n sonora", originalmente pensado para las cintas de casete y v¨ªdeo.

El acuerdo establec¨ªa esa subida de 17 c¨¦ntimos y un 30% m¨¢s para este a?o. En total, el canon que se grava a cada unidad cuesta hoy un m¨ªnimo de 22 c¨¦ntimos. Por ese concepto, las sociedades de autores ingresaron 36 millones de euros en 2004.

Consulta necesaria

Pero no todo lo que se graba en un CD es para copiar m¨²sica. Tesis, historiales m¨¦dicos, sentencias, hasta los Presupuestos Generales del Estado se graban en CD, pero por grabarlo en un disco, el cantante David Bisbal recibir¨¢ un dinerillo.

A Jes¨²s Silva Porto le llama la atenci¨®n que las entidades gestoras de los derechos de autor puedan imponer un canon al Estado "y fiscalizar a la Administraci¨®n, actividad reservada al Tribunal de Cuentas".

Este abogado penalista fue hasta su jubilaci¨®n fiscal jefe de Madrid. A juicio de Silva, "no se trata de una acusaci¨®n, sino de una consulta necesaria. La justicia siempre ha carecido de medios y este canon encarece su coste: la ley obliga a grabar las vistas orales de los juicos en estos soportes digitales. Esto no puede quedar en el aire, comprende demasiados intereses. Mi demanda es para que la justicia resuelva mi duda".

La empresa de Sougey, Plimpton 322, se dedica a la custodia documental. Sus clientes le conf¨ªan los papeles m¨¢s importantes, que almacenan en una sala de 14.000 metros cuadrados. M¨¢s de un mill¨®n de cajas conservan p¨®lizas, siniestros, demandas o peritaciones de las principales aseguradoras, documentos en papel que "son escaneados y guardados en CD como copia de seguridad".

S¨®lo en los ¨²ltimos seis meses, Plimpton 322 ha comprado 150.000 CD v¨ªrgenes. "El impacto del canon es bestial. Con el importe abonado en los ¨²ltimos meses podr¨ªamos haber empleado a tres personas para digitalizar, escanear y archivar los CD".

Sougey present¨® la demanda hace dos meses en Alcobendas, en representaci¨®n de su empresa. Est¨¢ a la espera de que el magistrado decida si acepta la demanda o la traspasa a un juzgado de lo mercantil. "Llegar a esta situaci¨®n no ha sido f¨¢cil. Lo m¨¢s complicado ha sido obtener la factura de mi proveedor con el desglose del canon".

Media Markt, proveedor de los 150.000 CD v¨ªrgenes de Plimton 322, tard¨® cuatro meses en entregar la factura con el canon desglosado. "Dec¨ªan que el programa de contabilidad no est¨¢ configurado con ese par¨¢metro", dice su gerente, Christophe Sougey.

La oficina de informaci¨®n al consumidor (OMIC) de San Sebasti¨¢n de los Reyes tuvo que intermediar a su favor. En noviembre, Sougey recibi¨® la factura, pero, "parad¨®jicamente manuscrita", con la que pudo presentar el escrito. "Quiero que eleven la cuesti¨®n al Constitucional".

No es el ¨²nico. Reynaldo Cordero, de 39 a?os, programador de la Universidad de Alcal¨¢, tuvo que ir a varias tiendas para conseguir una factura con el canon desglosado. "Dec¨ªan que lo ten¨ªan que consultar. He puesto una reclamaci¨®n a la OMIC, las tiendas ponen pegas cuando deber¨ªan atender al cliente". Hoy tiene juicio. "S¨®lo uso los CD para grabar programas libres. El canon me perjudica, aunque sea por un c¨¦ntimo. El software libre prescinde del copyright y me encuentro con que tengo que pagar por derechos de autor al grabar mis programas libres".

Modelo del mundo digital

Cordero, casado y con dos ni?as, se siente indefenso. "Es incre¨ªble que el asunto haya llegado tan lejos. El fondo de la cuesti¨®n es dilucidar qu¨¦ modelo de sociedad de la informaci¨®n queremos y si en el mundo digital se van a restringir los derechos del ciudadano".

Iv¨¢n S¨¢nchez, estudiante de inform¨¢tica en la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid, de 23 a?os, no s¨®lo reclama dinero, "sino el derecho a darle a un amigo un CD con mi trabajo. Con la excusa de que se puede grabar m¨²sica, cobran por todo. Estamos pagando por la tenencia y no por el ejercicio de un derecho".

Cada vez que Iv¨¢n entrega un trabajo o pide apuntes al profesor, le cobran. "Si vas sumando los 20 c¨¦ntimos, al final es mucho dinero". En su facultad hay unos 2.500 alumnos. Un profesor usa 50 CD al a?o para distribuir documentaci¨®n y herramientas, tesis o sus avances cient¨ªficos. La junta de delegados de la facultad pidi¨® al Ministerio de Cultura que el material escolar declarase exento del canon. La petici¨®n fue denegada.

Alejandro Exojo, de 23 a?os, ultima su proyecto final de carrera, una interfaz gr¨¢fica libre para programar aut¨®matas. "Tengo que presentar cinco copias en CD y pagar, a otros, derechos por mi labor intelectual". Su padre, Prudencio, tambi¨¦n presentar¨¢ una demanda en los juzgados de Barcelona, donde residen. Tiene una asesor¨ªa y la ley le obliga a hacer copias de seguridad de los datos de sus clientes.

El juicio de Eduardo Serrano, de 54 a?os, se celebrar¨¢ en M¨¢laga en junio. Este arquitecto, que se jubil¨® prematuramente por problemas personales, da clases "voluntariamente" en la Universidad de Granada. "Los soportes digitales son fundamentales para mi profesi¨®n. Memorias y planos ya no se entregan en papel, sino en DVD. Es un asunto grave. Los gestores del copyright imponen una tasa por la compraventa de mercanc¨ªas, es decir que ejercen de Estado, pero sin legitimidad".

Hay otro frente judicial. Antes de que entrara en vigor el acuerdo, en septiembre de 2003, el abogado Javier de la Cueva impugn¨® el canon ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, alegando que no hab¨ªa pacto con todos los afectados y que supon¨ªa un incremento del coste de la justicia al gravar las actas judiciales.

El Servicio de Defensa de la Competencia, que depende de Econom¨ªa y Hacienda, archiv¨® el caso. De la Cueva ha recurrido. "Espero respuesta. Quiero saber si se cerr¨® en falso. En los 300 folios de actuaci¨®n evitan mencionar las actas judiciales porque deber¨ªan dilucidar que hay dos derechos en contradicci¨®n, el de las las entidades a cobrar un canon y el de los ciudadanos a la justicia gratuita. El primero es un derecho ordinario; el segundo, un derecho fundamental".

De la Cueva tambi¨¦n pidi¨® apoyo al Consejo General de la Abogac¨ªa para que defendiera a los profesionales del derecho. El Consejo apoy¨® por unanimidad su solicitud y pidi¨® al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial un r¨¦gimen especial para aqu¨¦llos. A¨²n esperan respuesta.

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