La batalla de la panadera
La arrendataria de un local del distrito de Salamanca mantiene una dura pugna con una empresa constructora por la permanencia del negocio
La tienda de Amparo Cebollero lleva m¨¢s de 50 a?os vendiendo pan en el barrio de Salamanca. Antes, en su mismo edificio, en el n¨²mero 6 de la calle de Lagasca, junto al Retiro, estaba el colegio La Fundaci¨®n y, primero su padre y luego ella, vendieron bollos a muchos escolares del barrio. Pero ahora Amparo, que tiene un contrato de renta antigua que le da derecho a permanecer en el local "de por vida", ve su negocio amenazado.
Hace dos a?os, una inmobiliaria canaria, Beleyma SL, compr¨® el edificio, y su intenci¨®n es construir "pisos de lujo", seg¨²n advierte en los folletos publicitarios del inmueble, rebautizado como Palacio de Bona. En el proyecto que la promotora present¨® a Urbanismo, y por el que obtuvo la licencia para construir, figura que con la reestructuraci¨®n del edificio se pretenden construir 29 viviendas y trasteros, sin que haya rastro de la panader¨ªa.
La tienda de Amparo ocupa la planta baja de un edificio en el que se van a hacer pisos de lujo
Es m¨¢s, en el expediente de petici¨®n de licencia que figura en Gerencia de Urbanismo se comprueba que el lugar donde est¨¢n la tienda de Amparo y su vivienda (unos 100 metros cuadrados en total), es en los planos un espacio destinado a los trasteros de los futuros pisos. El director general de Beleyma, Javier C¨¢mara, asegura que, como no ha llegado a un acuerdo con la panadera, los arquitectos van a modificar el proyecto.
En teor¨ªa, la ley garantiza no s¨®lo garantiza a Amparo que su local permanezca, sino que le otorga un "derecho de retorno" por el cual, si los trabajos en el edificio la obligan, mientras duren, a abandonar su casa por seguridad, el propietario debe garantizarle que regresar¨¢ finalizadas las obras.
Cuando en julio de 2002 Amparo se enter¨® de que hab¨ªa un nuevo propietario, y que ¨¦ste pensaba remodelar el edificio, le envi¨® una carta notarial en la que le avisaba de que ella ejercitar¨ªa sus derechos. Tres meses despu¨¦s, cuando ya se hab¨ªa adquirido el inmueble, Beleyma le envi¨® una carta en la que le dec¨ªa: "Le notificaremos formalmente que respetaremos el derecho de retorno que le ampara".
Pero, seg¨²n Amparo y su familia, esa notificaci¨®n nunca lleg¨®. Y ah¨ª empezaron los problemas. Primero le lleg¨® un operario dici¨¦ndole que ten¨ªa que abandonar el lugar, pues las obras iban a comenzar en breve. "Ven¨ªan y me dec¨ªan: 'Ya sabes que el lunes empezamos a derribar, y esto no es seguro", cuenta Amparo. Luego se fueron sucediendo una serie de hechos, que Amparo y su familia califican de "acoso", para que se marchara. En febrero de 2004 sufri¨® cortes de luz y de agua y, cuando la compa?¨ªa el¨¦ctrica o el Canal de Isabel II acud¨ªan a solucionarlo, constataban que no exist¨ªa aver¨ªa, sino que hab¨ªan sido cortes. "La inmobiliaria aleg¨® que hab¨ªa obreros en el edificio y que eran fallos", cuenta Amparo, que puso varias denuncias y lleg¨® a querellarse contra la empresa por coacciones, aunque el juez decret¨® que deb¨ªa celebrarse un juicio de faltas.
Luego estuvo seis meses con un andamio puesto para arreglar una balaustrada, que ella asegura que nunca se ha tocado. Adem¨¢s, Beleyma se niega a cobrarle el alquiler, por lo que tiene que depositarlo en el juzgado. Lo ¨²ltimo ha sido que han colocado tres bloques de hormig¨®n ante su puerta, uno de los cuales tapa su escaparate.
Mientras tanto, ella y su familia acudieron a Gerencia de Urbanismo, que en un expediente de control de obras de marzo pasado afirma: "Consultado el proyecto aprobado por licencia, que se encuentra en esta secci¨®n, dicho local comercial no est¨¢ reflejado en el mismo". Tambi¨¦n han registrado numerosos escritos de queja en el Ayuntamiento, sin respuesta.
Los arquitectos que hicieron el proyecto han desistido. En junio de 2004, el arquitecto Juan Izquierdo Gonz¨¢lez de Mendoza firm¨® su renuncia "con motivo de confirmar ocupado el local de la planta semis¨®tano del edificio situado en la calle de Lagasca, seis". La empresa asegura que se rescindi¨® el contrato con ¨¦l por "falta de entendimiento".
Amparo reconoce que desde el principio Beleyma negoci¨® con ella para que se marchara. "Me ofrecieron un piso que valoraron en unos 600.000 euros", explica. "Pero no estaba libre de carga. Ten¨ªa que pagar el IVA, las escrituras... Y no ten¨ªa dinero para afrontar esos gastos", cuenta. Adem¨¢s, lo que m¨¢s pesaba es que ella quer¨ªa seguir trabajando, y al aceptar el piso renunciaba a su panader¨ªa y, por tanto, a su medio de vida.
C¨¢mara asegura que es Amparo la que est¨¢ usando "todas las herramientas en su mano" para hacerle la vida imposible. "Tuvimos una negociaci¨®n larga con los abogados de esa se?ora. Les ofrecimos un ¨¢tico de la promoci¨®n, de unos 900.000 euros, para que se marchara. Adem¨¢s, le ofrecimos la posibilidad de trasladarse, mientras se constru¨ªa, al n¨²mero 12 de la misma calle, donde alquil¨¢bamos un local, por lo que no iba a tener lucro cesante. Tambi¨¦n le ofrecimos acondicionarlo a su gusto y comprarle el stock de su tienda por 12.000 euros", explica.
Seg¨²n C¨¢mara, casi hab¨ªan llegado a un acuerdo cuando entr¨® en la negociaci¨®n un cu?ado del hijo de Amparo. "Este se?or me dijo: 'Danos 1,5 millones de euros y dejamos de causaros problemas", cuenta. "Pero para un local de s¨®lo 18 metros cuadrados cara al p¨²blico y por el que pagan 180 euros mensuales, me parece desmesurado. Esta se?ora me est¨¢ flagelando y tiene una actitud con la que pretende ir de v¨ªctima", afirm¨® desde Canarias.
Sobre las acusaciones que se hacen contra ¨¦l por acoso, afirma que todo est¨¢ archivado: "Y yo tambi¨¦n puedo decir que esa se?ora manipula alimentos sin tener carn¨¦, y que no hay salida de incendios en el local".
El cu?ado citado por ¨¦l, Alfonso Gonz¨¢lez, explica que cuando vio los t¨¦rminos de la negociaci¨®n se dio cuenta de que era desfavorable para Amparo. "?l dice que es un ¨¢tico, pero en realidad era un tercero, que vale menos. Adem¨¢s, la entrega de ese piso como indemnizaci¨®n iba a suponer que en la declaraci¨®n del IRPF de ese a?o tendr¨ªa que pagar el 45% a Hacienda, pues es un rendimiento irregular", agrega. "Un dinero que no ten¨ªa porque el piso no existe todav¨ªa".
Gonz¨¢lez reclam¨® el expediente de la reforma del edificio. Ah¨ª se dio cuenta, relata, de que la inmobiliaria hab¨ªa pedido licencia para hacer apartamentos de, como m¨¢ximo, alrededor de 50 metros cuadrados, a excepci¨®n del ¨¢tico, que tiene unos 60. Pero en los folletos de informaci¨®n a sus clientes ofrece pisos de hasta 110.
Eso se consigue, explica, creando dobles alturas en cada planta, que mide poco m¨¢s de cuatro metros de altura. "Cuando fui al Ayuntamiento a ver los pisos, vi que eran ilegales, porque no se iban a poder escriturar los metros de las segundas alturas", a?ade.
Gonz¨¢lez sostiene que el local del n¨²mero 12 es de 20 metros y, por lo tanto, no pod¨ªa obtener una licencia como panader¨ªa. En cuanto a la cifra que impuso en la negociaci¨®n, 1,5 millones de euros, se?ala: "El negocio de la panader¨ªa produce unos ingresos cuantiosos. Adem¨¢s, Amparo tiene un contrato de por vida, por el local y su vivienda, m¨¢s otros 10 a?os en los que se podr¨ªa subrogar su hijo. S¨®lo alquilar otro local en el barrio de Salamanca cuesta unos 72.000 euros al a?o. Y, adem¨¢s, hay que tener en cuenta que la mitad de ese dinero se la llevar¨ªa Hacienda".
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