El Gobierno crear¨¢ un sistema p¨²blico de asistencia a personas dependientes

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, anunci¨® ayer la creaci¨®n de un Sistema Nacional de Atenci¨®n a la Dependencia mediante el cual se articular¨¢n ayudas econ¨®micas y prestaciones sociosanitarias a aquellas personas discapacitadas que necesiten ayuda diaria para las actividades b¨¢sicas (1.125.190 personas en la actualidad). Todas ellas, seg¨²n Caldera, tendr¨¢n derecho y acceso por igual a las prestaciones, pero pagar¨¢n parte de estos servicios en funci¨®n de su renta. El gasto social, explic¨® el ministro, debe duplicarse en ocho a?os y alcanzar 8.500 millones anuales. El ministro no especific¨® c¨®mo se financiar¨¢ el nuevo sistema pero asumi¨® dos compromisos: "No se elevar¨¢n los impuestos ni los costes laborales".

Con el nuevo Sistema Nacional de Atenci¨®n a la Dependencia, el Gobierno pretende configurar el llamado cuarto pilar del bienestar social, tras el educativo, el sanitario y el sistema de pensiones. En Espa?a hay 1.125.000 personas con alguna discapacidad que requieren ayuda diaria para desempe?ar las actividades b¨¢sicas. Todos ellos tendr¨¢n derecho al total de las prestaciones con independencia de su nivel de renta, si bien financiar¨¢n parte del coste en funci¨®n de sus ingresos. Alrededor de 400.000 personas que presentan alguna dependencia podr¨¢n optar a ayudas puntuales como teleasistencia o ayuda a domicilio.

Adem¨¢s de la aportaci¨®n de los usuarios, el resto de la financiaci¨®n ser¨ªa compartido entre las Administraciones. En la actualidad el gasto en prestaciones sociales es de 4.000 euros anuales, de los cuales 2.500 millones corren a cargo de las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos y el resto, por la Administraci¨®n central a trav¨¦s de la Seguridad Social y el Imserso. Se espera que el nuevo sistema eche a andar con normalidad de aqu¨ª a ocho a?os y, para entonces, el gasto tendr¨¢ que duplicarse. Trabajo calcula que en 2012 deber¨ªan gastarse 8.500 millones anuales en prestaciones sociales.

?C¨®mo se van a financiar los 4.500 millones adicionales? El mayor esfuerzo lo har¨¢ el Gobierno", afirm¨® ayer la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce. Y se contar¨¢ con ayuda de las dem¨¢s administraciones. Pero "no se subir¨¢n los impuestos ni se elevar¨¢n los costes salariales". Ese fue el compromiso expresado ayer por el ministro de Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. Caldera apunt¨® que se puede "redistribuir el gasto p¨²blico sin necesidad de subir los impuestos". "No significa que no se pueda abordar con los recursos que ahora tenemos y la cofinanciaci¨®n de las administraciones y la coparticipaci¨®n de las familias", a?adi¨®.

Se adopta as¨ª un modelo similar al de los pa¨ªses n¨®rdicos, universal, p¨²blico y con la participaci¨®n de los beneficiarios, pero se rechaza la carga impositiva. Y tampoco se cuenta con la cotizaci¨®n de las empresas, como se hace en pa¨ªses como Alemania.

Debate pol¨ªtico

La f¨®rmula definitiva para financiar este sistema se definir¨¢ tras el debate pol¨ªtico que ahora comienza, en el que se negociar¨¢ con la oposici¨®n, los sindicatos y las comunidades. El ministro entreg¨® ayer en el Parlamento el Libro Blanco elaborado para servir de base a la nueva Ley de Atenci¨®n a las Personas Dependientes mediante la cual se pretende crear el nuevo sistema nacional. El libro se ha elaborado en seis meses y ha contado con la participaci¨®n de asociaciones expertas en discapacidad. En ¨¦l se recogen las necesidades y los modelos que siguen los pa¨ªses europeos.

En ese documento se considera persona dependiente a aquella que no puede realizar sin ayuda alguna actividades b¨¢sicas de la vida diaria relacionadas con el cuidado personal, la movilidad del hogar o las funciones mentales b¨¢sicas. En la actualidad hay 1.125.190 personas que no son capaces de valerse por s¨ª mismas.

El nuevo sistema pretende ser universal, p¨²blico, garantizar la igualdad en el acceso y contar con una valoraci¨®n y reconocimiento de la discapacidad ¨²nicos para todo el pa¨ªs. Una vez establecidos los baremos, unos equipos de profesionales se encargar¨¢n de valorar el grado de dependencia que presenten los ciudadanos. El Gobierno pretende atender preferentemente la prestaci¨®n de servicios en lugar de la concesi¨®n de ayudas econ¨®micas. Y se dar¨¢ entrada a la participaci¨®n privada mediantes conciertos con las residencias y centros privados donde se atiende a ancianos y otras personas con alguna discapacidad.

La nueva ley tendr¨¢ car¨¢cter b¨¢sico sin perjuicio de que las comunidades complementen estos servicios y la gesti¨®n del sistema ser¨¢ compartida entre las distintas administraciones. Se espera de las comunidades y ayuntamientos que contribuyan "prestando suelo para la construcci¨®n de centros de d¨ªa y residencias", explic¨® Amparo Valcarce.

El ministro ya advirti¨® ayer que "universalizar no significa gratuidad", es decir, el sistema atender¨¢ a todos por igual, con independencia de sus ingresos, pero la participaci¨®n de los usuarios en el coste de estas prestaciones ser¨¢ proporcional a su renta. Hasta ahora el modelo era asistencial, caracter¨ªstico de los pa¨ªses mediterr¨¢neos, en los que se atiende s¨®lo a los que no alcanzan un umbral econ¨®mico.

El envejecimiento de la poblaci¨®n y la incorporaci¨®n de la mujer al trabajo fuera de casa han desbordado estos sistemas, propios de los pa¨ªses mediterr¨¢neos que penalizan a las familias de rentas medias, que no pueden pagarse una residencia ni acceder, po

r su renta, a los servicios p¨²blicos. A¨²n as¨ª, el sistema se mantiene todav¨ªa gracias a los cuidados de las familias.

"Esperamos lograr un gran acuerdo para alcanzar la financiaci¨®n porque no queremos ofrecer una prestaci¨®n asistencial, sino universal", record¨® Amparo Valcarce.