El Gobierno del PP llev¨® a 12.053 subsaharianos desde Canarias a la Pen¨ªnsula en dos a?os

Entre enero de 2002 y abril de 2004, el Gobierno del PP traslad¨® desde Canarias a la Pen¨ªnsula a 12.053 inmigrantes en situaci¨®n irregular. Todos eran subsaharianos y hab¨ªan arribado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y M¨¢laga y puestos en libertad. Ninguna de las comunidades aut¨®nomas afectadas fue avisada de su llegada. El Ejecutivo actual mantiene la misma pr¨¢ctica.

Los traslados de sin papeles desde Canarias a la Pen¨ªnsula fueron la salida que encontr¨® el Gobierno del PP para aliviar la presi¨®n que los inmigrantes irregulares ejercen en la saturada sociedad del archipi¨¦lago. El Ejecutivo aut¨®nomo y el entonces secretario de Estado para la Inmigraci¨®n, Ignacio Gonz¨¢lez, los acordaron en 2002, aunque se ven¨ªan practicando desde tiempo antes de forma extraoficial. Su principal impulsor fue el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y l¨ªder del PP en las islas, Jos¨¦ Manuel Soria. Cuando era alcalde de Las Palmas, Soria lleg¨® a ordenar la detenci¨®n de los subsaharianos que dorm¨ªan en los parques de la ciudad y su traslado en avi¨®n a Madrid. Hace pocos d¨ªas reivindic¨® aquella acci¨®n.

Ni Ignacio Gonz¨¢lez, que ahora es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ni su sucesor, Gonzalo Robles, que en la actualidad es diputado del PP, avisaron a los Ejecutivos aut¨®nomos de los traslados. Responsables de tres de los Gobiernos afectados (madrile?o, catal¨¢n y andaluz) declararon en diciembre de 2003 a EL PA?S que ni una sola vez fueron advertidos para que pudieran preparar una infraestructura de acogida. Los Ejecutivos de las otras dos comunidades afectadas (Murcia y Valencia), en manos del PP, se negaron a hablar sobre el asunto. Estos dos Gobiernos son los que ahora denuncian al Ejecutivo socialista por no coordinar con ellos los traslados.

La falta de coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas fue muy criticada por la entonces secretaria de Pol¨ªticas Sociales y Migratorias del PSOE y hoy secretaria de Estado para la Inmigraci¨®n, Consuelo Rum¨ª. Fuentes de su departamento han anunciado a este peri¨®dico que trabajan en la redacci¨®n de un protocolo de actuaci¨®n para abordar estos casos.

Los traslados se producen cuando los inmigrantes han cumplido en las islas el plazo m¨¢ximo de 40 d¨ªas de reclusi¨®n que establece la ley para los extranjeros que entran en Espa?a de forma irregular y las autoridades no han podido repatriarlos, bien porque los subsaharianos carecen de documentaci¨®n y sus pa¨ªses se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque Espa?a no ha alcanzado acuerdos de repatriaci¨®n con sus Gobiernos respectivos. Los extranjeros son puestos en la calle con una orden de expulsi¨®n imposible de cumplir pero que les impide trabajar legalmente. Esta situaci¨®n no afecta s¨®lo a los trasladados: entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administraci¨®n dej¨® en las calles de toda Espa?a a 85.019 inmigrantes de varias nacionalidades con ¨®rdenes de expulsi¨®n.

Durante el a?o 2002 fueron trasladados a la Pen¨ªnsula 2.860 subsaharianos; la cifra creci¨® hasta 6.911 en 2003, y en los cuatro primeros meses del a?o pasado ascendi¨® a 2.282. La mayor¨ªa fueron trasladados a M¨¢laga y a Madrid. Las comunidades que ahora protestan, Murcia y Valencia, ambas gobernadas por el PP, recibieron un n¨²mero menor.

A pesar de la baja incidencia de los traslados en ellas, el presidente de la segunda de estas comunidades, Francisco Camps, ha dirigido una carta al ministro del Interior, Jos¨¦ Antonio Alonso, en la que le solicita una reuni¨®n, junto con su colega murciano, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, para estudiar el asunto. Adem¨¢s, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera.