Por fin, en vigor

La Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero entr¨® ayer en vigor y con ella, una parte de las medidas judiciales, sociales y educativas previstas para luchar contra las manifestaciones m¨¢s extremas de discriminaci¨®n y ataque a la libertad de las mujeres. Su aprobaci¨®n un¨¢nime en el Parlamento indica que los poderes p¨²blicos son conscientes de que un fen¨®meno tan insidioso y persistente requiere una respuesta global y contundente.

Las cosas no cambiar¨¢n inmediatamente: pero habr¨¢ al menos mejores instrumentos. Las denuncias de violencia siguen aumentando. Es previsible que la tendencia no se altere durante un tiempo, porque es ahora cuando emerge la realidad de una generaci¨®n de mujeres que ya no est¨¢n dispuestas a mantener relaciones de dependencia, mientras todav¨ªa hay muchos hombres que consideran que esta actitud de libertad conquistada atenta contra la esencia de su identidad.

Lo primero que habr¨¢ que evaluar es si los 50 millones de euros previstos en 2005 para el desarrollo de la ley son suficientes. En el ¨²ltimo a?o se han observado incrementos de hasta el 40% en las denuncias por malos tratos y las peticiones de protecci¨®n no dejan de crecer: entre enero y octubre de 2004 se hab¨ªan presentado 26.800. El cumplimiento de estas demandas exigir¨¢ importantes recursos materiales y humanos, sin los que la eficacia de la ley puede ser muy limitada. En primer lugar, el Gobierno deber¨¢ garantizar dotaciones policiales suficientes para cubrir las ¨®rdenes de protecci¨®n que dicten los jueces, y que los mecanismos de ayuda a las mujeres amenazadas est¨¦n plenamente operativos.

A nadie se le oculta que la realidad sobre la que incide esta ley es particularmente compleja. Los juzgados especiales que se crear¨¢n dentro de seis meses habr¨¢n de decidir sobre situaciones muy dif¨ªciles en las que el factor emocional, a veces variable, tiene una gran preeminencia. No lo tendr¨¢n f¨¢cil los jueces a la hora de evaluar el riesgo que entra?a cada caso, y cabe la posibilidad de que, ante el temor de equivocarse, algunos opten por curarse en salud y tomen decisiones que pueden resultar, al cabo, injustas. No hay que perder de vista que en estos momentos el 35% de las demandas de malos tratos acaban en absoluci¨®n. Tambi¨¦n habr¨¢ que vigilar que no se utilice la nueva normativa para obtener ventajas en la tramitaci¨®n de las leyes civiles de separaci¨®n y divorcio.