Diputaciones y Gobierno analizan c¨®mo sustituir la norma de Sociedades anulada

Los responsables de Hacienda de las diputaciones y del Gobierno intensificaron ayer los contactos para buscar una f¨®rmula urgente que resuelva el vac¨ªo legal abierto por la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado diez art¨ªculos del Impuesto de Sociedades al considerar que las ventajas fiscales que ofrec¨ªa a las empresas (entre ellas un tipo medio del 32,5%, frente al 35% del Estado) suponen "ayudas de Estado" seg¨²n la legislaci¨®n europea. En este sentido se expresaron los tres diputados generales (del PNV los de Vizcaya y Guip¨²zcoa y del PP el alav¨¦s) al anunciar, en un comunicado conjunto, a las empresas afectadas por la resoluci¨®n que "arbitrar¨¢n los medios oportunos para garantizar la estabilidad del sistema tributario".

Aunque la sentencia del Supremo no tiene efectos sobre los ejercicios anteriores al actual, seg¨²n interpretan las haciendas forales, su aplicaci¨®n causa importantes dificultades de gesti¨®n a las empresas que no cierran el devengo del impuesto a 31 de diciembre y a la Administraci¨®n tributaria.

El problema principal, sin embargo, es pol¨ªtico ya que el fallo, pese a reconocer la capacidad que el Concierto da a las haciendas forales para establecer y regular su propio sistema tributario, limita en la pr¨¢ctica la posibilidad de instrumentar medidas fiscales apreciablemente diferentes a las aplicadas en el resto de Espa?a. Ante el recurso presentado por los empresarios riojanos, el Supremo estim¨® que una decena de art¨ªculos del Impuesto de Sociedades, que recogen incentivos ventajosos, pueden distorsionar la libre competencia y constituyen "ayudas de Estado" que debieron notificarse antes a Bruselas.

En su comunicado, los tres diputados generales reiteran su "total desacuerdo" con el fallo del Supremo por entender que "desvirt¨²a el Concierto Econ¨®mico" y lo deja sin contenido en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades. Ante "la gravedad de la situaci¨®n creada", ha solicitado una reuni¨®n urgente con el Gobierno para "coordinar y decidir" las medidas que deban adoptarse. El Ejecutivo, a trav¨¦s de una nota oficial del Departamento de Hacienda, expres¨® su disposici¨®n a analizar conjuntamente con las diputaciones la redacci¨®n de una "nueva normativa" de dicho impuesto para superar el "vac¨ªo general" que crea la sentencia.

En el mismo comunicado, el Gobierno considera que el fallo cuestiona la naturaleza del Concierto al marcar unos l¨ªmites que no est¨¢n fijados en ¨¦l y concluir que una regulaci¨®n constituye un r¨¦giemen de ayudas de Estado por el hecho de que sea distinta de la normativa com¨²n. Por ello, en sinton¨ªa con enunciados del plan Ibarretxe, subraya la necesidad de articular un "sistema bilateral de garant¨ªas" entre Euskadi y el Estado para evitar que decisiones pol¨ªticas o jur¨ªdicas "cercenen" el marco de autogobierno. No obstante, ning¨²n acuerdo pol¨ªtico con el Gobierno central podr¨ªa impedir que una patronal, como ha sido el caso, una empresa o un contribuyente pudiera recurrir contra la aplicaci¨®n de una norma tributaria concreta. Ni tampoco evita el control de la Comisi¨®n Europea y el Tribunal de Luxemburgo, que es lo que ha ocurrido con los incentivos fiscales a la inversi¨®n m¨¢s controvertidos que exist¨ªan en Euskadi, pese a que fueron derogados en 2002 mediante la paz fiscal firmada con la Administraci¨®n central.

Posibles opciones

Las diputaciones est¨¢n tambi¨¦n en contacto con la patronal Confebask para estudiar si cabe recurrir el fallo en amparo al Tribunal Constitucional. Fuentes jur¨ªdicas estiman que las posibilidades de que tal impugnaci¨®n prospere son casi nulas, aunque las C¨¢maras de Comercio vascas anunciaron ayer que la presentar¨¢n. Dichas fuentes consideraron que la sentencia del Supremo es "muy estricta" al determinar qu¨¦ grado de disparidad de la normativa foral respecto a la estatal puede ser o no admisible, pero a?adieron que la resolucion est¨¢ "s¨®lidamente argumentada".

En la pr¨¢ctica, a las diputaciones les quedan tres opciones: adaptar la normativa del Impuesto de Sociedades a la existente en territorio com¨²n; rehacerla y notificar previamente a la Comisi¨®n Europea aquellos incentivos diferenciales que, seg¨²n apunta la sentencia podr¨ªan constituir ayudas de Estado; redactar otra nueva que mantenga las ventajas ahora anuladas, pero aprob¨¢ndola no por norma foral sino mediante ley del Parlamento vasco. En este caso, como sucede en Navarra, s¨®lo podr¨ªa ser recurrida al Constitucional por el Gobierno central, y no parece que fuera a hacerlo la supresi¨®n de los incentivos m¨¢s pol¨¦micos en 2002.