Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra el rey Juan Carlos por cinco delitos contra Hacienda

Magistrados jubilados del Tribunal Supremo, como Clemente Auger y Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, y fiscales anticorrupci¨®n tambi¨¦n retirados, como Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, presentar¨¢n junto a fil¨®sofos (Santiago Alba) y periodistas (Pilar del R¨ªo) una querella criminal por cinco delitos fiscales contra el rey Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscal¨ªa del Supremo, qui¨¦n archiv¨® entonces las diligencias al entender que el rey em¨¦rito hab¨ªa regularizado su situaci¨®n tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que exist¨ªa una investigaci¨®n contra ¨¦l por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca ¨Dla regularizaci¨®n¨D no cumpli¨® los requisitos legales para su aplicaci¨®n.

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo abri¨® dos diligencias de investigaci¨®n el 24 de junio de 2020 y el 6 noviembre de 2020, comunicando las mismas al abogado del rey em¨¦rito, sin detallar qu¨¦ tipo de delitos persegu¨ªa.

El rey em¨¦rito hab¨ªa ingresado cantidades multimillonarias a trav¨¦s de la fundaci¨®n Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que pag¨® hasta ocho millones de euros para servicios privados de Juan Carlos I y del empresario mexicano Allen Jes¨²s Sangin¨¦s Krause. Juan Carlos I no declar¨® en su momento al fisco estos ingresos, pero present¨® en febrero de 2021 autoliquidaciones correspondientes a cinco ejercicios fiscales ¨Dde 2014 a 2018¨D para evitar la sanci¨®n.

Los querellantes sostienen ahora que la Fiscal¨ªa inform¨® al rey em¨¦rito de que la investigaci¨®n se abri¨® por la existencia de posibles infracciones tributarias y que los delitos no han prescrito a¨²n.

Sin embargo, el abogado del rey em¨¦rito defendi¨® en su momento que los escritos de la Fiscal¨ªa informando a Juan Carlos I de la apertura de las diligencias procesales de contenido penal no detallaban en ning¨²n caso el motivo de las pesquisas. La ley proh¨ªbe expresamente una regularizaci¨®n fiscal si antes de producirse la Agencia Tributaria o la Fiscal¨ªa han abierto una inspecci¨®n o una investigaci¨®n al contribuyente.

La querella se?ala que el rey em¨¦rito pag¨® m¨¢s de cinco millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 pr¨¦stamos realizados por personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas. Y concluye que no es posible ¡°la regularizaci¨®n de las defraudaciones tributarias despu¨¦s de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, que le advirti¨® de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularizaci¨®n¡±.

El abogado del rey em¨¦rito tuvo, seg¨²n la querella, ¡°la oportunidad de personarse y conocer las diligencias de investigaci¨®n, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se hab¨ªan cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF de los a?os 2014 a 2018¡å. ¡°Desde junio de 2020, el rey em¨¦rito pudo conocer a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n detalles de la investigaci¨®n abierta en la Fiscal¨ªa por cuestiones relacionadas con ingresos de Juan Carlos I procedentes del extranjero que supuestamente no hab¨ªan sido declarados a Hacienda¡±.

La querella considera que los hechos que se atribuyen al rey em¨¦rito ¡°son constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda P¨²blica penados en el art¨ªculo 305 bis del C¨®digo Penal y castigados con prisi¨®n de dos a seis a?os, y multa del doble al s¨¦xtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudaci¨®n se cometiere en cuant¨ªa superior a 600.000 euros o se hayan utilizado personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas o entes sin personalidad jur¨ªdica interpuestos¡±.

La querella se centra as¨ª exclusivamente en que la excusa absolutoria que utiliz¨® Juan Carlos I ¨Dlas liquidaciones voluntarias y complementarias de unos impuestos que no pag¨® durante cinco a?os¨D se hizo en contra de lo establecido por la ley, pues no se respet¨® ¡°el principio de ¨ªntegra y espont¨¢nea regularizaci¨®n¡±.

El C¨®digo Penal se?ala en su art¨ªculo 305.4: ¡°Se considerar¨¢ regularizada la situaci¨®n tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que la Administraci¨®n tributaria le haya notificado el inicio de las actuaciones de comprobaci¨®n o investigaci¨®n tendentes a la determinaci¨®n de las deudas tributarias o antes de que el ministerio fiscal realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci¨®n de diligencias¡±.

La querella recuerda que el C¨®digo Penal descarta que se pueda despenalizar una conducta defraudatoria como la del rey em¨¦rito si se regulariza despu¨¦s de tener un conocimiento formal, ¡°no necesariamente pormenorizado¡±, de la iniciaci¨®n de diligencias. ¡°El argumento de la Fiscal¨ªa del Supremo sobre la legalidad de la regularizaci¨®n tributaria¡±, lo que motiv¨® el archivo de la investigaci¨®n sin reproche penal, ¡°carece de sustento legal y choca frontalmente con los datos temporales que constan en su propio documento¡±, donde dan carpetazo a las actuaciones, seg¨²n concluyen los querellantes.

El escrito de la querella ante el Tribunal Supremo solicita que se cite a Juan Carlos I en su domicilio actual de Abu Dabi para prestar declaraci¨®n, y que se interrogue a una decena de personas o representantes de distintas sociedades o fundaciones que abonaron gastos del rey em¨¦rito o gestionaron su fortuna en el extranjero.