Madrid, capital Madrid
El alcalde de la capital de Espa?a, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, tiene listo un texto con las bases de lo que ser¨ªa una ley de r¨¦gimen especial de la villa de Madrid. Se trata de una vieja aspiraci¨®n, incluida ya en el Estatuto de la Comunidad de Madrid (aprobado en 1983) y que ha recorrido una trayectoria paralela, hasta cierto punto, a la de la Carta Municipal de Barcelona. Ambas ciudades, como centros de ¨¢reas urbanas m¨¢s amplias, comparten con otras grandes urbes europeas problemas espec¨ªficos que requieren soluciones -y recursos financieros- especiales.
En el caso de Madrid capital existe un desfase manifiesto entre su poblaci¨®n de derecho, 3,2 millones de habitantes, que son los que pagan impuestos y tasas diversas, y la poblaci¨®n que de hecho la vive en horas diurnas, que es de unos cinco millones, seg¨²n el Ayuntamiento. De esos dos millones de ciudadanos que cada d¨ªa entran en Madrid para trabajar (pero tambi¨¦n para ir al f¨²tbol, visitar sus museos, etc¨¦tera), casi la mitad, unos 900.000, est¨¢n domiciliados (y pagan sus impuestos) en localidades de comunidades lim¨ªtrofes. Hay un desfase entre la poblaci¨®n a atender (a efectos de tr¨¢fico, por ejemplo) y la que cotiza. Al mismo tiempo, su condici¨®n de capital de Espa?a hace que Madrid tenga que cargar con gastos relacionados con actividades oficiales que no soportan otras ciudades.
El asunto no figuraba entre las prioridades de Gallard¨®n, tal vez porque la paralela reivindicaci¨®n barcelonesa hab¨ªa sido paralizada por el anterior Gobierno. Si ahora la ha reanimado es porque en el programa con el que gan¨® las elecciones el PSOE figura una menci¨®n expresa a la "regulaci¨®n de los reg¨ªmenes especiales de Madrid y Barcelona". La promesa de Zapatero ante el alcalde de Barcelona, de dar cumplimiento al compromiso electoral, anim¨® a Gallard¨®n a plantear el asunto.
Ahora resta convencer a Esperanza Aguirre, porque ya se sabe que la vida se ve de distinta manera seg¨²n se presida un ayuntamiento o una comunidad. Convencerla de que las competencias de ejecuci¨®n reclamadas no afectar¨¢n a las reconocidas a la comunidad y, sobre todo, de que el aumento de los ingresos municipales por la v¨ªa de la participaci¨®n en los impuestos compartidos no reducir¨¢ los que administra la autonom¨ªa. Habr¨¢ que negociar.
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