La Ley de la Defensa consagra la cooperaci¨®n del Ej¨¦rcito en la lucha contra el terrorismo

El anteproyecto de la Ley Org¨¢nica de la Defensa Nacional, cuya negociaci¨®n con los grupos parlamentarios ha iniciado el Ministerio de Defensa, consagra por vez primera la participaci¨®n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, pero especifica que ¨¦sta se har¨¢ en "apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". La nueva ley, que sustituye a la de 1980-1984, crea el Consejo de Defensa Nacional como ¨®rgano asesor del presidente del Gobierno y regula la consulta al Congreso antes de ordenar "operaciones en el exterior que no est¨¦n relacionadas con la defensa de Espa?a".

Los ej¨¦rcitos deber¨¢n ayudar "a preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos"

La cooperaci¨®n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo no figuraba en el borrador que public¨® EL PA?S la pasada Navidad. Se ha incluido a ¨²ltima hora en el anteproyecto que el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, ha entregado a varios grupos parlamentarios en una ronda de consultas encaminada a lograr el m¨¢ximo consenso antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe.

Aunque la participaci¨®n del Ej¨¦rcito en lucha contra ETA ha sido objeto de pol¨¦mica durante la transici¨®n, en los ¨²ltimos a?os se ha puesto en pr¨¢ctica bajo determinadas condiciones y el anteproyecto viene a dar respaldo legal a esta situaci¨®n.

En abril del a?o pasado, tras la matanza del 11-M y el atentado frustrado contra el AVE, el Gobierno en funciones del PP puso en marcha la Operaci¨®n Romeo Mike, de vigilancia de la v¨ªa f¨¦rrea y objetivos estrat¨¦gicos por parte del Ej¨¦rcito. En diciembre ¨²ltimo, el Gobierno del PSOE activ¨® un gran dispositivo antiterrorista, movilizando a casi 5.000 militares para proteger estaciones de tren o aeropuertos.

El proyecto define y limita el papel de los ej¨¦rcitos en la lucha contra el terrorismo al se?alar que sus operaciones ser¨¢n de "apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Dichas operaciones se enmarcar¨¢n en la misi¨®n gen¨¦rica de ayudar, "junto a otras instituciones del Estado y administraciones p¨²blicas, a preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos".

La primera misi¨®n que la ley atribuye a las Fuerzas Armadas, como el art¨ªculo 8? de la Constituci¨®n, es la de "garantizar la soberan¨ªa e independencia de Espa?a, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Tambi¨¦n les encomienda la misi¨®n de contribuir "militarmente a la seguridad de Espa?a y de sus aliados, as¨ª como el mantenimiento de la paz, estabilidad y ayuda humanitaria, en el marco de las organizaciones internacionales de las que Espa?a forma parte". Por ¨²ltimo, prev¨¦ que realicen misiones de evacuaci¨®n de espa?oles en el extranjero "cuando circunstancias de grave inestabilidad pongan en grave riesgo su vida o sus intereses".

Entre las novedades del anteproyecto, que sustituye a la ley de Criterios B¨¢sicos de la Defensa Nacional de 1980, reformada en 1984, est¨¢ la creaci¨®n del llamado Consejo de Defensa como "¨®rgano asesor del presidente del Gobierno en materia de seguridad y defensa". Este Consejo, que sustituir¨¢ a la todav¨ªa vigente Junta de Defensa Nacional, presidida por el Rey, tambi¨¦n podr¨¢ reunirse bajo la presidencia del Monarca, "a propuesta del jefe del Gobierno", con el objetivo de informar a aqu¨¦l.

La ley reconoce al Rey la categor¨ªa de "mando supremo de las Fuerzas Armadas", pero consolida el papel del presidente del Gobierno como comandante en jefe al atribuirle la direcci¨®n de la pol¨ªtica de defensa, la gesti¨®n de las crisis y "la direcci¨®n estrat¨¦gica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza".

Tambi¨¦n desaparecer¨¢ cuando entre en vigor la ley la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem), que en los ¨²ltimos 25 a?os pas¨® de ser el s¨ªmbolo de las Fuerzas Armadas como poder f¨¢ctico a un mero ¨®rgano consultivo del ministro de Defensa.