El cierre del pol¨ªgono de Pegalajar por un fallo del TSJA agrava la crisis de la industria de la madera
El Ayuntamiento debe legalizar 12 naves para evitar la clausura con medidas contra el ruido
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El fallo judicial que obliga al cierre del pol¨ªgono de Pegalajar (Ja¨¦n) por el alto nivel de ruido de las empresas se ha convertido en una amenaza de muerte para el desarrollo de la comarca de Sierra M¨¢gina. "Tendremos que cerrar el pueblo porque la mayor¨ªa de los empleos se ir¨¢n al garete". Mercedes Valenzuela, alcaldesa socialista de la localidad, coincide con el sentir de sus vecinos al considerar desproporcionada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que deja en el aire el futuro de la incipiente industria de la madera y el mueble en la zona.
El TSJA ha estimado la denuncia planteada por el propietario de un chal¨¦ colindante con el pol¨ªgono industrial, que decidi¨® acudir a los tribunales por el alto nivel de ruidos de las empresas. El fallo, que es firme desde noviembre y que debe ser ejecutado de inmediato, es tan claro como contundente: las empresas sin licencia de apertura deben cesar su actividad y las que est¨¦n legalizadas deben asumir importantes inversiones en medidas correctoras. El auto ha puesto al descubierto la situaci¨®n de ilegalidad del pol¨ªgono, donde las 12 naves industriales existentes, con algo m¨¢s de 200 trabajadores, carecen de licencia, lo que las aboca al cierre.
Pegalajar es un municipio de algo m¨¢s de 3.000 habitantes ubicado en la comarca del parque natural de Sierra M¨¢gina. El olivar en esta serran¨ªa, pr¨®xima a la autov¨ªa que conecta Ja¨¦n y Granada, no es tan productivo como en otras zonas de campi?a, por lo que la industria de la madera y del mueble hab¨ªa emergido como una excelente alternativa econ¨®mica.
Sin embargo, la principal industria local, Muebles Pegalajar, lleva varias semanas en crisis, sin actividad industrial alguna y con la amenaza de despido para sus 100 trabajadores, que han acudido a los juzgados para reclamar los salarios que se les adeudan. La crisis no est¨¢ relacionada con la sentencia que ahora tiene al pueblo desconcertado, pero s¨ª que podr¨ªa agravarla. Comisiones Obreras ha asegurado que esta empresa se encuentra en suelo legal y no est¨¢ amenazada de cierre. Pero no sucede lo mismo a otras industrias auxiliares, como Auspin, que es la que tendr¨ªa que afrontar una mayor inversi¨®n en medidas correctoras, algo inviable en la actual situaci¨®n de crisis.
As¨ª las cosas, la ¨²nica soluci¨®n a este conflicto pasa por la urgente legalizaci¨®n del pol¨ªgono industrial, algo que, como indica Mercedes Valenzuela, "no se puede hacer en dos d¨ªas". Tanto los responsables municipales como los empresarios lamentan la "dejadez" que ha habido por ambas partes para afrontar un contencioso que se remonta al a?o 1997, que fue el a?o en el que Luis Larrubia y otros 10 vecinos de una urbanizaci¨®n cercana interpusieron la denuncia por los ruidos y las emisiones de gases de esta zona industrial. Finalmente, s¨®lo Larrubia sigui¨® adelante con su reclamaci¨®n. En el pueblo se le critica por su empecinamiento, m¨¢xime cuando el chal¨¦ afectado es una segunda vivienda que Larrubia y su familia -que viven en la capital jiennense- s¨®lo utilizan en verano y alg¨²n fin de semana.
Los representantes legales de Larrubia se han apresurado a indicar que su cliente no tiene "ning¨²n inter¨¦s" en clausurar el pol¨ªgono y se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, aunque le pide que d¨¦ "un paso serio". La alcaldesa parece haber recibido el mensaje: "Nos vamos a poner las pilas", indic¨® ayer. El Ayuntamiento ya trabaja en la calificaci¨®n del suelo y los empresarios, en la urbanizaci¨®n de los viales del pol¨ªgono.
Aplazar la sentencia
Tambi¨¦n la Junta de Andaluc¨ªa, que en ¨²ltima instancia es quien debe autorizar la recalificaci¨®n a suelo industrial, se ha mostrado dispuesta a "acelerar" los tr¨¢mites. Por eso, el Ayuntamiento se va a dirigir al juzgado para pedir m¨¢s tiempo antes de verse obligado a ejecutar la sentencia.
Pero la resoluci¨®n judicial ha servido tambi¨¦n para reabrir cr¨ªticas pol¨ªticas. La alcaldesa culpa de la situaci¨®n de ilegalidad del pol¨ªgono a los gobiernos de coalici¨®n entre PP e IU que han mandado en el Ayuntamiento las dos ¨²ltimas legislaturas. "Ha habido mala gesti¨®n y nosotros ahora no podemos hacer en unos meses lo que ellos no han hecho en ocho a?os", asegura. Pero el ex alcalde del PP, Rafael L¨®pez, le contest¨® recordando que el problema de la ilegalidad del pol¨ªgono "se inici¨® en la primera legislatura democr¨¢tica, con el PSOE en la alcald¨ªa". "Se permiti¨® que un concejal socialista instalara la primera nave junto a una zona residencial y en terreno r¨²stico", a?adi¨®.
"Todos los dem¨¢s alcaldes hemos padecido esa situaci¨®n", record¨® L¨®pez. En parecidos t¨¦rminos se pronunci¨® Alonso Cueva, que ocup¨® la alcald¨ªa dos a?os en representaci¨®n de IU.
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