Derechos humanos en Chile
El autor afirma que Chile ha optado por una transici¨®n gradual que solucione paulatinamente los conflictos pendientes.
Los procesos de transici¨®n entre dictaduras y democracias siempre resultan complejos. Los ajustes entre uno y otro r¨¦gimen, con caracter¨ªsticas polares en temas extremadamente sensibles, o se realizan dr¨¢sticamente, con altos e imprevisibles costos, o deben enfrentarse gradual y progresivamente, con satisfacci¨®n paulatina y probablemente lenta de las situaciones pendientes.
Chile eligi¨® este ¨²ltimo camino. La larga noche iniciada en septiembre de 1973 no concluy¨® con una aurora boreal, sino con un creciente asomar de luces que ha permitido disipar las sombras sin provocar encandilamientos. Gracias a ello, el paso a la democracia no ha significado mayores quebrantos adicionales a los muchos soportados por la sociedad chilena y ha posibilitado iniciar un proceso de consolidaci¨®n econ¨®mica, sustentado en la estabilidad pol¨ªtica y comprometido en acciones de solidaridad y equidad sociales.
Por cierto, que en el recorrido democr¨¢tico resta alcanzar plenamente algunas metas. Ello se da en todos los pa¨ªses, aun en los de mayor durabilidad democr¨¢tica. Chile no pod¨ªa estar exento de esas carencias, pero con objetividad corresponde reconocer los incuestionables progresos alcanzados con el esfuerzo de todos los chilenos y la comprensi¨®n y apoyo de las democracias del mundo. Sorprende, por lo mismo, que algunos observadores adopten una posici¨®n nihilista que con pertinacia niega "la verdad del ser".
Nadie desconoce que resta a¨²n superar enclaves autoritarios de la Constituci¨®n vigente, con arreglo a cuyos t¨¦rminos, por lo dem¨¢s, fue posible derrotar a la dictadura. Merced a la tenacidad del pacto pol¨ªtico gobernante se encuentran acordadas reformas sustanciales en la institucionalidad que, a corto plazo, la perfeccionar¨¢n en aspectos radicales para un sistema democr¨¢tico de convivencia. Sin embargo, ya se dice que la representaci¨®n parlamentaria de la derecha no aceptar¨ªa modificar el sistema electoral que no otorga representaci¨®n a las minor¨ªas. Es una tarea pendiente acerca de cuyo despeje, por cierto, el actual Gobierno no claudica.
Otro tema que, con raz¨®n, ha estado presente en la agenda pol¨ªtica chilena es el relativo a atroces atropellos a los derechos humanos fundamentales de que fueron v¨ªctimas miles de nuestros compatriotas. Se asesin¨®, se tortur¨®, se detuvo, se hizo desaparecer a personas, se expuls¨® de la propia tierra. Sobre esa herida los gobiernos democr¨¢ticos no han tendido un manto ni menos han querido resta?arla vertiendo sal. Por el contrario. Entendiendo que lo primero que correspond¨ªa era hacer verdad sobre hechos que algunos chilenos desconoc¨ªan o se negaban a aceptar, el presidente Aylwin constituy¨® una Comisi¨®n de Verdad y Reconciliaci¨®n, cuya labor permiti¨® conocer la realidad de los detenidos desaparecidos, una verdad que Chile deb¨ªa mirar de frente. Posteriormente, el Gobierno del presidente Frei instal¨® una Mesa de Di¨¢logo, a la cual las Fuerzas Armadas se incorporaron junto a otros agentes morales, aceptando la responsabilidad de sumarse a la b¨²squeda de la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y los ejecutados. Cada una de estas instancias constituy¨® un avance, al punto que la experiencia chilena ha servido de base para labores semejantes acometidas en otros pa¨ªses, como en el caso del apartheid en Sur¨¢frica.
El presidente Ricardo Lagos, por su parte, ha realizado una experiencia que no tiene semejanzas en el mundo. Una Comisi¨®n Nacional ha recogido el testimonio de m¨¢s de 35.000 personas que padecieron el horror de la tortura, del atropello a la dignidad, de la violaci¨®n f¨ªsica y psicol¨®gica. Los hechos denunciados ahora, 31 a?os despu¨¦s de cometidos, eran tan lesivos a las m¨ªnimas condiciones asignables al ser humano que la mayor¨ªa de las v¨ªctimas hab¨ªa optado por el sufrimiento del silencio. Este informe, que es p¨²blico, realiza un dram¨¢tico y valiente aporte a los archivos de nuestra historia.
Cada uno de los informes producidos ha servido de base para reparaciones a favor de las v¨ªctimas, dando origen, adem¨¢s del reconocimiento moral del atropello cometido, a beneficios en pensiones, educaci¨®n y atenci¨®n en salud. En el caso del informe entregado al presidente Lagos, la ley respectiva fue redactada, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada en menos de un mes. Es evidente que los beneficios pecuniarios constituyen una l¨®gica reparaci¨®n social a los atentados tan injustamente cometidos, pero su monto debe ajustarse a las posibilidades de un pa¨ªs que, como el nuestro, a¨²n no alcanza altos niveles de desarrollo y en el cual es necesario atender las necesidades de un contingente relativamente importante de chilenos en situaci¨®n de pobreza. En todo caso, hasta la dictaci¨®n de la ¨²ltima ley de reparaci¨®n el costo de las pensiones y los beneficios de los exonerados alcanzaba a 456.682.699 euros.
En otro aspecto, estos informes entregan antecedentes que pueden servir de base a acciones judiciales en contra de los autores de los atropellos, como efectivamente ha ocurrido, al punto que -situaci¨®n que no pueden exhibir la mayor¨ªa de los pa¨ªses que han recuperado la democracia- una parte importante de la jerarqu¨ªa de los servicios de seguridad de la dictadura se encuentran cumpliendo penas en presidios del Estado y hasta el propio general Pinochet se encuentra encausado, sometido a varios juicios y privado del fuero que le asignaba su condici¨®n de senador vitalicio. Con todo, es pertinente recordar que en Chile, respondiendo a una tradici¨®n jur¨ªdica casi bicentenaria, existe un Estado de derecho que implica respetar la normativa vigente y reclamar su aplicaci¨®n a tribunales independientes y soberanos institucionalmente. Ante ellos tienen pleno derecho a accionar, sin limitaciones ni cortapisas procesales de ninguna especie, todos quienes se consideren afectados por la acci¨®n ileg¨ªtima de agentes del Estado. En un Estado democr¨¢tico la justicia es a quien corresponde establecer responsabilidades y aplicar sanciones y ello ha estado ocurriendo en Chile, conforme es p¨²blico y notorio.
Al asumir su mandato, el presidente Lagos se?al¨® que "no se humilla quien busca el entendimiento para hacer m¨¢s fuerte a Chile", y a?adi¨® que trabajar¨ªa para producir las convergencias y hacerlas realidad. En la perspectiva de la conclusi¨®n de su gesti¨®n es evidente que ha tenido ¨¦xito en el objetivo que con ejemplar sentido ¨¦tico se traz¨®. Por cierto, que es imposible satisfacer a todos en materias tan subjetivamente sensibles. Sin embargo, tal como lo indican un¨¢nimemente los sondeos de opini¨®n verificados entre quienes viven en Chile, la inmensa mayor¨ªa de ellos reconocen que, merced a lo actuado, "nuestro ma?ana no ser¨¢ construido sobre la base enga?osa y fr¨¢gil del olvido, sino sobre la base s¨®lida de nuestra memoria hist¨®rica".
Enrique Krauss Rusque es embajador de Chile.
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