El desarme de los paramilitares divide al Gobierno de Colombia

El Gobierno colombiano tiene un plan, un proyecto de ley, para negociar el desarme de los paramilitares, el ej¨¦rcito de ultraderecha que naci¨® para combatir la guerrilla. El problema es que el propio Gobierno no sabe en qu¨¦ consiste su plan. Hace dos semanas present¨® ante la comunidad internacional el proyecto Justicia y Paz. Despu¨¦s, el propio Gobierno auspici¨® otro mucho m¨¢s blando. Y ahora prepara un tercero que ser¨ªa una mezcla de los dos.

En ese contexto, los paras Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) advirtieron ayer a trav¨¦s de Internet y de una emisora de radio que cortar¨¢n las conversaciones de paz con el Gobierno del presidente ?lvaro Uribe si el plan que se aprueba les lleva a un "proceso humillante de sometimiento" al veredicto de los jueces.

Las disensiones en el Gobierno colombiano comenzaron hace dos semanas cuando el ministro del Interior, Sabas Pretelt, present¨® el plan Proyecto y Paz, que contemplaba condenas justas, confesi¨®n "completa y fidedigna" de los paramilitares y un resarcimiento efectivo a las v¨ªctimas, que, seg¨²n los cr¨ªticos del plan, podr¨ªa afectar de manera grave las finanzas del Estado.

Pocos d¨ªas despu¨¦s, el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos, expres¨® su desacuerdo con el proyecto del ministro del Interior. El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se reuni¨® con Uribe no s¨®lo para mostrarle su descontento con el ministro del Interior, sino para presentarle su dimisi¨®n a causa de dicho proyecto. Restrepo cree que el plan del ministro del Interior es producto de las presiones internacionales y aboga por soluciones de manga ancha para los paras.

El presidente ?lvaro Uribe no s¨®lo no acept¨® la renuncia de Restrepo, sino que dio v¨ªa libre a las disensiones dentro de su equipo. Y as¨ª naci¨® en pocos d¨ªas otro proyecto de ley alternativo al del ministro Sabas Pretelt. En este nuevo plan se contemplan penas alternativas a la c¨¢rcel, se da facultades al presidente para suspender penas y establece rebajas en funci¨®n de la colaboraci¨®n con la autoridad.

Pronto se alzaron tambi¨¦n voces cr¨ªticas contra ese plan. El senador uribista Rafael Pardo lo calific¨® como "feria de rebajas de penas". Y agreg¨® a este peri¨®dico: "Esta confusi¨®n puede llevar a que salga del Congreso un proyecto que favorezca el crimen organizado".

Desde el viernes pasado, el presidente ?lvaro Uribe reuni¨® a su Gobierno en su residencia para unificar posiciones. De esos encuentros qued¨® clara una cosa. El proyecto de ley para firmar la paz con los paramilitares no debe regirse por la impunidad, pero tampoco por el sometimiento a la ley. Con lo cual, el Gobierno trabaja en un tercer plan del que a¨²n no se conocen detalles.

"El ¨²nico camino"

El senador Rafael Pardo cree que el ¨²nico camino para desmontar la estructura de acumulaci¨®n de poder econ¨®mico y pol¨ªtico que tienen los paras, en m¨¢s de 300 de los 1.100 municipios del pa¨ªs, es una investigaci¨®n judicial que aclare las responsabilidades de cada persona que se acoja al proceso de paz.

Gustavo Petro, ex guerrillero y hoy congresista del Polo Democr¨¢tico, apoya la postura de Pardo: "De la confesi¨®n de los paras debe salir un largo listado de funcionarios p¨²blicos que financiaron, auspiciaron o fueron c¨®mplices de los cr¨ªmenes de estos grupos" . Y aclara: "La idea no es condenarlos. Es saber qui¨¦nes son, para que no sigan matando; es tener una memoria colectiva".

El analista Alfredo Rangel ve esta posibilidad como ut¨®pica: "En un proceso de paz que se hace en medio de la guerra (los dos grandes grupos guerrilleros FARC y ELN siguen activos), aspirar a un conocimiento pleno de la verdad es una ilusi¨®n".