La Federaci¨®n de Derechos Humanos denuncia al TPI la complicidad de Uribe con los paramilitares

La Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos (FIHD) ha anunciado hoy que su demanda ante el Tribunal Panal Internacional (TPI) para que investigue los cr¨ªmenes cometidos por los grupos paramilitares en Colombia incluye al Gobierno de ?lvaro Uribe como actor pasivo ante ellos. La FIHD, una ONG creada en 1922 en defensa de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos y que reune a 116 organizaciones en cerca de 100 pa¨ªses, considera que el Gobierno del presidente Uribe es "c¨®mplice" de los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares en Colombia "por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones", seg¨²n han declarado hoy varios de sus miembros en rueda de prensa.

La FIHD, la Corporaci¨®n Colectivo de Abogados y el Comit¨¦ Permanente por los Derechos Humanos enviaron el martes un informe a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que investigue dichos cr¨ªmenes bajo la jurisdicci¨®n del tribunal internacional. El secretario general de la FIDH, Luis Guillermo P¨¦rez, ha se?alado que en la denuncia incluye como demandados al presidente Uribe, y a sus ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Pretel. El vicepresidente de la FIDH, Alirio Uribe, ha se?alado que la demanda argumenta que el Gobierno colombiano "ha encubierto los cr¨ªmenes pero es el fiscal del TPI quien tiene que decidir sobre a qui¨¦n corresponden los diferentes niveles de responsabilidad".

El vicepresidente ha a?adido que, aunque "el Gobierno no va a facilitar las cosas para que la CPI lo investigue a ¨¦l", con la denuncia pretenden "prevenir nuevos cr¨ªmenes y que las autoridades sigan siendo c¨®mplices". "Denunciamos a toda la jerarqu¨ªa de paramilitares e instituciones p¨²blicas que por comisi¨®n u omisi¨®n han contribuido a perpetrar los cr¨ªmenes", ha precisado P¨¦rez. El informe presentado el martes ante la oficina del fiscal del TPI, de cien p¨¢ginas y 47 anexos, incluye como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares", seg¨²n ha indicado el presidente del Comit¨¦ Permanente de Derechos Humanos, Jos¨¦ Guti¨¦rrez.

Homicidios, masacres y ejecuciones

Entre ellos figuran Rodrigo Escobar, cabecilla paramilitar en el norte de Colombia; Ernesto Baez, l¨ªder de la regi¨®n del eje cafetero del interior; y el conocido como Don Berna, jefe de la zona de Medell¨ªn. En el documento se identifican unos 2.000 cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta hoy, seg¨²n las fuentes. En su mayor¨ªa, se trata de homicidios, pero tambi¨¦n masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados, si bien los demandantes admiten que este ¨²ltimo crimen todav¨ªa no est¨¢ completamente documentado. El TPI tiene competencia para juzgar los cr¨ªmenes de guerra, genocidio o lesa humanidad cometidos a partir de 2002, fecha en la que entr¨® en vigor el Estatuto de Roma, marco que establece la jurisdicci¨®n de la corte.

Adem¨¢s, sostienen que la CPI tiene jurisdicci¨®n para investigar y juzgar los cr¨ªmenes de paramilitares porque el marco legal del Gobierno colombiano para acompa?ar el proceso de desmovilizaci¨®n de los paras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implica en la pr¨¢ctica la incapacidad para juzgarlos. "Esas leyes hacen expresa la ausencia de capacidad para juzgar a los paramilitares, de los cuales ya unos mil han sido sustra¨ªdos de la [acci¨®n de la] justicia", ha declarado el vicepresidente de la FIDH. Se refiere a la controvertida Ley de Justicia y Paz, que fue aprobada el d¨ªa 21 por el Congreso a petici¨®n del Ejecutivo colombiano para regular la reinserci¨®n de los paramilitares desmovilizados.

El Gobierno de Bogot¨¢ considera esa ley fundamental para que avancen las negociaciones que lleva a cabo desde hace dos a?os con las AUC. La norma prev¨¦ sanciones de entre cinco y ocho a?os de detenci¨®n en sitios distintos a c¨¢rceles para los paramilitares, pese a los graves cr¨ªmenes de lesa humanidad de los que son acusados. Las organizaciones no gubernamentales denunciantes esperan que la fiscal¨ªa de la CPI acepte el caso, sobre todo porque el fiscal Moreno Ocampo ya solicit¨® en marzo pasado por escrito informaci¨®n a las autoridades colombianas sobre delitos cometidos por los paramilitares as¨ª como por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).