El deber de recordar a todas las v¨ªctimas

La Ley de Amnist¨ªa, aprobada el 15 de octubre de 1977, pretendi¨® convertirse en una ley de punto final respecto de las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil espa?ola y de los cuarenta a?os de dictadura que siguieron. Se relegaba as¨ª el Derecho Internacional, que no permite la prescripci¨®n ni el beneficio de la amnist¨ªa cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos. Con el fin de escenificar la idea de la reconciliaci¨®n, se proyect¨® un modelo consensuado de memoria hist¨®rica que intentaba equiparar los dos bandos de la Guerra Civil y minusvaloraba el papel jugado por el movimiento obrero y la acci¨®n pol¨ªtica de la oposici¨®n en la progresiva erosi¨®n del r¨¦gimen franquista.

S¨®lo as¨ª se puede interpretar que se hayan aplaudido los intentos por juzgar a los responsables de dictaduras como la chilena o la argentina y, sin embargo, se haya silenciado la renuncia a investigar los cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura franquista. No s¨®lo los producidos durante la Guerra Civil y la posguerra, sino tambi¨¦n los que se produjeron a partir de los a?os sesenta: en total, m¨¢s de cien trabajadores y militantes de izquierda asesinados por la polic¨ªa, la guardia civil o bandas fascistas entre 1976 y 1980. Entre ellos, los cinco asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976.

Que la transici¨®n a la democracia fue posible gracias a la lucha constante de la oposici¨®n democr¨¢tica se demuestra por el hecho de que el Tribunal de Orden P¨²blico (TOP), creado como jurisdicci¨®n especial para la represi¨®n sistem¨¢tica de toda oposici¨®n, continuase actuando hasta enero de 1977. El estudio realizado por el magistrado Juan Jos¨¦ del ?guila revela que, desde 1974 hasta 1977, el TOP instruy¨® un 60% de todos sus procedimientos judiciales y que el 25% de las causas se siguieron despu¨¦s de la muerte del dictador, desmintiendo as¨ª con rotundidad la pretendida voluntad aperturista y democratizadora de quienes entonces estaban en el poder. La gran mayor¨ªa de los procesados fueron trabajadores y estudiantes menores de 35 a?os.

Recuperar la historia de la lucha contra el franquismo es una cuesti¨®n de justicia. Implica reconocimiento, social e institucional, y reparaci¨®n, moral y material, para las personas que fue-ron asesinadas, torturadas, perseguidas, encarceladas o despedidas. Implica la acci¨®n de los tribunales de justicia en el plano jur¨ªdico para investigar los hechos y aplicar la legislaci¨®n y los convenios internacionales. Implica promocionar el estudio hist¨®rico y la divulgaci¨®n para dar a conocer los hechos. Implica producci¨®n legislativa y liberar recursos para rejuvenecer los libros de texto recuperando el Estado como ¨¢mbito historiogr¨¢fico, abordando el tr¨¢nsito de la ¨¦poca de la dictadura a la de la democracia y ense?ando en las escuelas lo que fue la dictadura, su represi¨®n y el retraso social, econ¨®mico y cultural que impuso al pa¨ªs.

Mientras que las instituciones republicanas ten¨ªan como finalidad la defensa de las libertades civiles y la democracia, el r¨¦gimen franquista ejecut¨® un plan de exterminio y persecuci¨®n pol¨ªtica que esta documentado en las instrucciones de los generales que se alzaron en armas contra el Gobierno de la Rep¨²blica. Un r¨¦gimen que fue expresamente condenado por las instituciones internacionales, especialmente por Naciones Unidas cuya resoluci¨®n del 12-12-1946 declaraba el car¨¢cter fascista del r¨¦gimen impuesto por el general Franco y lo equiparaba jur¨ªdicamente al nacionalsocialismo alem¨¢n y al fascismo italiano.

Pero es el contexto de impunidad que a¨²n existe en nuestro pa¨ªs el que explica la actual inobservancia de los derechos de las v¨ªctimas de la represi¨®n franquista. Impunidad porque no existe, de hecho o de derecho, responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, ni tampoco responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Por eso, la Asociaci¨®n de V¨ªctimas y familiares de v¨ªctimas 3 de marzo de 1976 ha visto sistem¨¢ticamente rechazados sus recursos y ha tenido que acudir a instancias internacionales.

Se vulneran as¨ª los derechos de las v¨ªctimas recogidos en el Conjunto de Principios para la Protecci¨®n y la Promoci¨®n de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: el derecho a saber; que comprende el reconocimiento de la verdad, el deber de recordar para protegerla de las tergiversaciones de la historia, y el deber de conservar los archivos; el derecho de las v¨ªctimas a la justicia, y el derecho a obtener una reparaci¨®n econ¨®mica y moral.

En ese sentido, el acuerdo parlamentario del 1 de junio pasado, por el que se reclama del Gobierno un proyecto de Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas de la Transici¨®n, representa un paso adelante. En ¨¦l se deber¨¢n establecer ayudas econ¨®micas por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, as¨ª como facilitar el acceso a datos sobre la represi¨®n franquista en archivos p¨²blicos y privados. Deber¨¢ representar un reconocimiento moral, social y econ¨®mico a las v¨ªctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la transici¨®n que mejore el acuerdo del Congreso del 20 de noviembre de 2002, que reconoc¨ªa moralmente a las v¨ªctimas pero no concretaba las ayudas, y que complete el homenaje a las v¨ªctimas del franquismo realizado por todos los grupos, menos el PP, el 1 de diciembre de 2003.

Mientras tanto, tenemos el deber de no olvidar que un 3 de marzo la polic¨ªa disolvi¨® una asamblea de trabajadores disparando m¨¢s de 2.000 balas, asesinando a cinco trabajadores e hiriendo de gravedad a muchos m¨¢s. Unos acontecimientos sobre los cuales el Instituto Universitario de Historia Social Valent¨ªn de Foronda de la Universidad del Pa¨ªs Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea acaba de dictaminar que "existen responsabilidades penales claras" y que "las decisiones que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas por funcionarios del Reino de Espa?a".

Porque la realidad es que, 29 a?os despu¨¦s, las v¨ªctimas de aquellos sucesos no han obtenido ning¨²n tipo de reparaci¨®n: ni en relaci¨®n con los responsables materiales y pol¨ªticos -no se conoce formalmente a ninguno, a pesar de todas las pruebas y grabaciones existentes-, ni en relaci¨®n con los perjuicios de todo orden causados.

Jos¨¦ Arturo Val del Olmo es abogado y autor del libro 3 de Marzo. Una lucha inacabada.