El Ayuntamiento portuense aprueba un convenio para desbloquear la gesti¨®n de Puerto Sherry
El pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) aprob¨® ayer, con los votos del equipo de gobierno (PSOE e Independientes Portuenses, IP), la abstenci¨®n del PP y el voto en contra de Izquierda Unida, un convenio urban¨ªstico que pretende desbloquear la gesti¨®n del centro n¨¢utico Puerto Sherry, inmerso en un proceso de quiebra desde 1995 y cuya concesi¨®n administrativa se encuentra en la actualidad en manos de la Autoridad Portuaria de la Bah¨ªa de C¨¢diz.
El documento compromete a los propietarios de la concesi¨®n y al Ayuntamiento. Los primeros, la Sociedad Marina de El Puerto, SA, levantar¨¢n la quiebra, abonar¨¢n los pagos pendientes a los proveedores (Ayuntamiento, Estado y Autoridad Portuaria), por valor de unos 96 millones de euros, y concluir¨¢ la construcci¨®n de un hotel destinado a clientes de alto poder adquisitivo, el Racket Club, cuyas obras llevan paralizadas en Puerto Sherry desde hace 11 a?os.
Marina de El Puerto, SA, tiene, a partir de ahora, un plazo de 90 d¨ªas para presentar un aval econ¨®mico por valor de tres millones de euros que garantice el desarrollo de los compromisos asumidos. La sociedad, adem¨¢s, ceder¨¢ terrenos al Ayuntamiento para la construcci¨®n de viales y equipamientos en los accesos al complejo.
A cambio, el Ayuntamiento recalificar¨¢ suelos en el entorno del complejo mar¨ªtimo e incrementar¨¢ la edificabilidad en la finca La China, anexa a Puerto Sherry y propiedad de los concesionarios del centro n¨¢utico, que pretenden ponerla en valor con fines inmobiliarios. La China, con una extensi¨®n de m¨¢s 7.000 metros cuadrados, presenta una ubicaci¨®n privilegiada, en primera l¨ªnea de costa.
Para el equipo de gobierno, el acuerdo alcanzado, aunque "mejorable" en algunos aspectos, desbloquea la gesti¨®n de Puerto Sherry y garantiza el regreso del centro, en la actualidad con 64 trabajadores directos, "a un modelo de gesti¨®n normalizado", seg¨²n explic¨® el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez, de IP.
Este criterio, sin embargo, no es compartido por la oposici¨®n. Para el PP, el convenio exime "excesivamente" a los propietarios de las obligaciones de pago. Para Izquierda Unida, el documento desoye "las advertencias y las cautelas" expresadas por los t¨¦cnicos municipales y el interventor.
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