Los comit¨¦s de Izar aprueban la prejubilaci¨®n de 4.028 trabajadores
Los comit¨¦s de empresa de los 11 centros de la empresa de astilleros p¨²blicos Izar aprobaron ayer el expediente de regulaci¨®n de empleo para un total de 4.028 trabajadores de la empresa (la plantilla es de 10.661 trabajadores) que deber¨¢n prejubilarse de forma obligatoria el pr¨®ximo d¨ªa 1 de abril, seg¨²n el acuerdo al que llegaron con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado mes de diciembre.
La aprobaci¨®n de los comit¨¦s de los centros de Izar era el ¨²ltimo escollo que deb¨ªa superar el acuerdo sobre el ajuste laboral en Izar. Este expediente, al que tienen que acogerse de forma obligatoria todos los trabajadores que tuvieran cumplidos 52 a?os o m¨¢s el pasado 31 de diciembre, ser¨¢ enviado la pr¨®xima semana a la Direcci¨®n General de Trabajo, que, al contar con el acuerdo de las dos partes, solamente debe homologarlo.
Tal y como se recoge en el acuerdo, durante el periodo de prejubilaci¨®n, y hasta alcanzar la edad de 65 a?os, en que el trabajador puede acceder a la jubilaci¨®n ordinaria, se garantiza el 76% del salario regulador bruto integrado de los trabajadores. Durante el periodo de prejubilaci¨®n, este pago ser¨¢ actualizado anualmente con el IPC.
Tras la prejubilacion de 4.028 trabajadores, la plantilla de la empresa se situar¨¢ 6.633 empleados. De ellos, 5.562 pasar¨¢n a engrosar la plantilla de Navantia, la nueva compa?¨ªa que aglutina a los centros de construcci¨®n naval militar segregados de Izar (Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y C¨¢diz, y la sede central de Madrid).
Los restantes 1.071 trabajadores se quedar¨¢n en los cuatro centros de actividad civil (Gij¨®n, Sestao, Sevilla y Manises). Estos centros ser¨¢n vendidos a partir del pr¨®ximo mes de abril a la iniciativa privada, bien en bloque o bien por centros, seg¨²n la demanda del mercado. Estos centros terminar¨¢n los trabajos en marcha, pero Izar entrar¨¢ en liquidaci¨®n por imperativo legal (debe pagar 1.200 millones por ayudas p¨²blicas ilegales y sus recursos propios son de 274 millones de euros). El expediente, que tiene un coste total de 1.200 millones de euros, ser¨¢ gestionado directamente por la SEPI (no se externaliza con una entidad ajena), que ha asumido adem¨¢s el resto de los compromisos de la regulaci¨®n.
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