"Estamos colapsados"

El mismo d¨ªa en el que el ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, dec¨ªa que el tel¨¦fono para pedir cita previa (901 50 20 50) para iniciar el proceso de regularizaci¨®n de inmigrantes funcionaba con normalidad, una de las teleoperadoras que atiende este servicio asegur¨® a EL PA?S: "Desde el jueves pasado, que se rompi¨® el sistema inform¨¢tico, tenemos que recoger todos los datos manualmente. Estamos colapsados".

Fuentes de la Administraci¨®n reconocen el fallo inform¨¢tico, pero afirman que fue solucionado el mismo jueves. "Las incidencias fueron m¨ªnimas y no han tenido repercusi¨®n en el ciudadano", asegura la secretaria general de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, Mar¨ªa Jos¨¦ Tarrero.

La operadora, que es extranjera y no quiere dar su nombre, se queja de que cada vez que coge el tel¨¦fono "aparece una persona enfadada al otro lado. Todos los inmigrantes protestan porque tienen que llamar muchas veces. Algunos dicen que se han gastado m¨¢s de 30 euros". El tel¨¦fono para pedir cita previa es de pago compartido. La persona que llama paga 0,012 el minuto.

Uno de los empresarios enojados es Luis, nombre ficticio, que quiere regularizar a un extranjero que trabaja para ¨¦l. "He intentado llamar varias veces y no me contesta nadie", protesta. "Esta situaci¨®n me est¨¢ creando tiranteces con mi empleado, que piensa que no le quiero regularizar".

En cuanto al buz¨®n de voz que la Administraci¨®n ha instalado para solucionar estos problemas, la operadora considera que "no vale para nada porque muchas personas vuelven a llamar porque se han quedado con dudas". Este peri¨®dico comprob¨® ayer que el buz¨®n de voz no salta, y que el tiempo de espera es de unos 10 minutos.

Seg¨²n la operadora, muchos de los inmigrantes que llaman est¨¢n totalmente "desorientados y simplemente piden informaci¨®n". Como esta empleada, el resto de las 35 personas que atienden el tel¨¦fono ya trabajaban para la empresa subcontratada por la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social (Atento) en esta misma l¨ªnea, informando acerca de otros aspectos de la Tesorer¨ªa. "Simplemente se hizo una redistribuci¨®n de personal. Al principio empezaron trabajando 12 personas y ahora hay 35. No descartamos llegar a las 50 o 60 personas si las condiciones lo requieren", indica Tarrero.

El problema es que estos trabajadores s¨®lo han recibido un curso de dos horas para informar a los inmigrantes. Cuando se la pregunta a la operadora si es suficiente, se r¨ªe y dice que se reserva la respuesta. Desde la Tesorer¨ªa afirman que cuando la informaci¨®n que demandan es complicada, los demandantes son derivados al n¨²mero de la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n, 902 40 10 15, o a las ONG.

Aparte de las quejas por la cantidad de veces que tienen que llamar y por el dinero que cuesta cada llamada, los inmigrantes preguntan sobre todo por las cuotas que los empresarios deben pagar a la Seguridad Social para contratarles. "Se quejan de que no se publique en ning¨²n sitio qu¨¦ porcentaje del sueldo del trabajador tiene que pagar el empresario. Sus empleadores les mienten, les dicen que tienen que pagar mucho dinero y que por eso no les quieren regularizar".

Cada operadora atiende las llamadas procedentes de dos distritos postales. "Pero a veces nos entran llamadas de otros c¨®digos y tenemos que decirles que vuelvan a llamar. Si son de los c¨®digos de mi compa?era, se los paso, pero lo tenemos prohibido. La orden es que tienen que volver a llamar".