El abogado incompatible
Un funcionario de prisiones de Brians defiende en dos juzgados a compa?eros suyos acusados de malos tratos a presos
Un abogado de Barcelona que defiende a varios funcionarios de prisiones acusados de malos tratos en dos procedimientos judiciales compatibiliza la profesi¨®n con la de funcionario penitenciario los fines de semana en la c¨¢rcel de Brians. La abogada de los presos denunciantes, Carolina Rivas, comunic¨® hace un mes los hechos al Departamento de Justicia de la Generalitat y al Colegio de Abogados de Barcelona sin que, por el momento, ninguna de las dos instituciones haya adoptado medida alguna para acabar con una situaci¨®n que vulnera la Ley de Incompatibilidades del personal al Servicio de la Administraci¨®n de la Generalitat.
El abogado implicado en esta situaci¨®n es David Pascual Mateos, colegiado en 1993. Seis a?os despu¨¦s, el Departamento de Justicia de la Generalitat le concedi¨® la compatibilidad para trabajar como funcionario de prisiones y ejercer de abogado, a condici¨®n de que no participase en causas penales y mucho menos relacionadas con el derecho penitenciario. Pero los mecanismos de control de esa situaci¨®n no han funcionado y, hace unas semanas, un preso reconoci¨® en un juzgado al abogado como el funcionario de prisiones que hab¨ªa visto un d¨ªa en prisi¨®n.
El letrado defiende a los funcionarios que est¨¢n denunciados por presuntos malos tratos por los reclusos Alberto Betancor y Valent¨ªn Garc¨ªa en las causas que tramitan los juzgados de instrucci¨®n n¨²meros 4 y 20 de Barcelona, respectivamente. La compatibilidad de abogado y funcionario produce situaciones tan singulares como que, a petici¨®n de la acusaci¨®n, tenga que declarar como testigo en una de esas causas un preso que actualmente se encuentra en el departamento especial de Brians en el que trabaja David Pascual.
Un portavoz del Departamento de Justicia de la Generalitat reconoci¨® que la situaci¨®n del funcionario vulnera la ley y anunci¨® la voluntad de atajar la situaci¨®n, as¨ª como de abrir un expediente administrativo para aclarar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Sin embargo, un mes despu¨¦s de presentar su queja, la abogada no ha recibido todav¨ªa una respuesta de la Generalitat. "Sorprende que estas situaciones se descubran con la pr¨¢ctica diaria de la profesi¨®n y no existan mecanismos para controlar a los funcionarios", explic¨® Carolina Rivas.
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