Argentina acumula 35 demandas de empresas por incumplir contratos

Las empresas concesionarias de servicios p¨²blicos reclaman al Estado argentino indemnizaciones estimadas en unos 18.000 millones de d¨®lares (13.443 millones de euros) por los supuestos incumplimientos en los contratos firmados en la d¨¦cada de los noventa, que el Ejecutivo decidi¨® revisar tras el derrumbe econ¨®mico de 2001. En la actualidad hay 35 demandas pendientes de otras tantas empresas.

A las demandas ya elevadas a la consideraci¨®n del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal controlado por el Banco Mundial, podr¨ªan sumarse otras con reclamaciones por 20.000 millones de d¨®lares que fueron anunciadas y est¨¢n en tr¨¢mite, seg¨²n inform¨® ayer el ministro de Justicia del Ejecutivo argentino, Horacio Rosatti.

Las demandas pendientes de resoluci¨®n, iniciadas por compa?¨ªas participadas por capitales estadounidenses y europeos, especialmente de Espa?a, Francia y Alemania, entre otros, son 35. La mayor¨ªa de ellas est¨¢n "demoradas y a la espera de ver c¨®mo sigue la revisi¨®n de los contratos", seg¨²n un portavoz del Ministerio de Justicia, pero "no suspendidas".

El ¨²ltimo movimiento se registr¨® en un expediente iniciado por Telef¨®nica, demanda a la que los representantes legales del Estado argentino objetaron, como a las dem¨¢s, por cuestiones de jurisdicci¨®n y alcance de los tribunales.

El presidente Kirchner insiste en que la discusi¨®n sobre inversiones y tarifas de los servicios p¨²blicos tiene que resolverse "sin que deba inmiscuirse un tribunal internacional ni ¨¢rbitro alguno". Sin embargo, los portavoces del CIADI advierten de que, llegado el momento del laudo al que se comprometi¨® el pa¨ªs cuando firm¨® los contratos, "si la empresa no retir¨® la demanda las resoluciones del tribunal deber¨¢n ser aceptadas y cumplidas por las partes".

El ministro de Justicia asegura que "de ninguna manera Argentina va a permitir que su pol¨ªtica de servicios p¨²blicos sea dirimida en tribunales arbitrales que no est¨¢n conectados entre s¨ª y que carecen de una visi¨®n de conjunto. En alg¨²n caso, a lo mejor est¨¢n pretendiendo que el status de un inversor extranjero sea superior al status de cualquier habitante de la naci¨®n argentina, y esto ser¨ªa desigualdad ante la ley".

El ministro de Justicia cre¨® una comisi¨®n de expertos en derecho administrativo para que, en un plazo m¨¢ximo de 60 d¨ªas, presente un proyecto de ley con el que se propone "crear un tribunal arbitral administrativo especial para entender en los conflictos con los concesionarios de los servicios p¨²blicos privatizados". Seg¨²n Rosatti, en el futuro, las empresas que acepten renovar los contratos deber¨¢n reclamar primero en la justicia argentina antes de recurrir a los tribunales internacionales.