No olvidemos Tablada hasta el final

El asunto de los terrenos de Tablada se ha convertido en un paradigma de los catastr¨®ficos efectos que est¨¢ ocasionando el sistema actual de propiedad y gesti¨®n del suelo urbano en Espa?a. Para entenderlo debemos detenernos a considerar cu¨¢les son sus principales notas caracterizadoras:

1. El suelo urbano es un bien b¨¢sico y naturalmente escaso, en el que no se cumplen las reglas b¨¢sicas de la econom¨ªa de mercado. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el agua. Nada cuesta imaginar qu¨¦ precios alcanzar¨ªa el metro c¨²bico del agua si su distribuci¨®n se dejara en manos de la codicia, de un mercado por completo ineficiente debido a la escasez. Afortunadamente, el agua es un bien de dominio p¨²blico, excluido del comercio.

En la aventura especulativa de Tablada pagaremos todos a escote el enriquecimiento injustificado de unos pocos

Por el contrario, la distribuci¨®n y el intercambio de bienes inmuebles urbanos en la sociedad tiene lugar en un aparente r¨¦gimen de mercado, como si se tratara de simples manufacturas.

2. El valor a?adido que a un terreno le otorga su car¨¢cter de urbano resulta de un complejo y combinado proceso, en el que intervienen el propio crecimiento de la urbe y decisiones pol¨ªtico-administrativas de planeamiento urban¨ªstico. Nada hay, pues, en el valor urbano del suelo que se lo haya otorgado su propietario. Nada ha hecho el propietario, ning¨²n esfuerzo ha realizado, ning¨²n recurso ha empleado, para que el suelo urbano adquiera un valor superior al que ten¨ªa su mero aprovechamiento r¨²stico.

Pues bien, en nuestro sistema jur¨ªdico, la regla general es que quien se apropia de las plusval¨ªas del suelo urbano no es la sociedad, creadora de este valor a?adido, sino el propietario privado.

3. El Estado, consciente de esta sorprendente paradoja, ha puesto en marcha a lo largo del tiempo numerosos, complejos y costosos sistemas, con la pretensi¨®n de recuperar esas plusval¨ªas. A esta finalidad atienden diversas t¨¦cnicas, fundamentalmente urban¨ªsticas (cesiones obligatorias) y fiscales (tributaci¨®n de las plusval¨ªas) que, a duras penas, consiguen recuperar una parte de ese valor a?adido que la sociedad ha creado.

El sistema, como bien se comprende, es completamente absurdo: el Estado permite al propietario privado que se apropie legalmente de algo que no es suyo, para luego intentar recuperar su valor y entreg¨¢rselo a su leg¨ªtimo propietario, que es la ciudad, la sociedad en su conjunto, sin conseguirlo y a un alto coste.

4. La calificaci¨®n por el planeamiento urban¨ªstico de un terreno como urbano hace que, m¨¢gicamente, se incremente su valor hasta miles de veces, sobre su original valor r¨²stico. Este prodigio no s¨®lo estimula la codicia, sino que se convierte con frecuencia en tabla de salvaci¨®n de toda clase de negocios, proyectos y actividades ruinosos o al menos inviables si no es con el apoyo que les prestan las plusval¨ªas que sus promotores esperan conseguir con las recalificaciones, que exigen de modo absolutamente descarado. A su vez, los ayuntamientos, espoleados por la penuria presupuestaria en la que viven, se ven obligados a utilizar su potestad de planeamiento, no s¨®lo para programar el futuro de la ciudad, sino para obtener recursos con los que prestar los servicios que demandan los ciudadanos.

Los perversos efectos de este fen¨®meno son bien conocidos. De un lado, la ciudad no crece c¨®mo y hacia donde impone la racionalidad urban¨ªstica y quieren los ciudadanos, sino c¨®mo y hacia donde la lleva una conjunci¨®n de la codicia privada y la penuria p¨²blica, produciendo un da?o solo reparable a lo largo de varias generaciones. Y de otra parte, el precio del suelo pierde todo contacto con la racionalidad econ¨®mica y se comporta como si de un mercado negro se tratara, con la grav¨ªsima repercusi¨®n que esto tiene en el precio de la vivienda.

V¨¦ase el caso de Tablada. ?Es l¨®gico y racional que la ciudad de Sevilla se extienda hacia aquel paraje? ?Lo quieren los ciudadanos? Una decisi¨®n de tal naturaleza debe nacer de un debate racional, en el que se tomen en consideraci¨®n los diferentes aspectos implicados (sociales, pol¨ªticos, econ¨®micos, medioambientales, t¨¦cnicos, etc.) para finalmente adoptar la decisi¨®n m¨¢s conveniente para el inter¨¦s general, para el futuro de la ciudad.

Frente a ello, ?qu¨¦ es lo que ha ocurrido? Pues que unos propietarios privados, guiados meramente por su propio inter¨¦s, han comprado los terrenos r¨²sticos de Tablada y han comenzado a presionar al Ayuntamiento para que se los recalifique, a sabiendas de que obtendr¨¢n unas plusval¨ªas multimillonarias. Ni m¨¢s ni menos que lo que han hecho en¨¦simas veces otros colegas en an¨¢logas circunstancias.

Pero en esta ocasi¨®n, ?oh, maravilla!, el Ayuntamiento ha decidido -en Tablada, que no en otros sitios- enfrentarse a la codicia.

?Que ocurrir¨¢? Parece que los poderes p¨²blicos (Ayuntamiento y Junta de Andaluc¨ªa) van en serio, con lo que a los propietarios no les quedar¨¢ m¨¢s remedio que defender sus intereses en otro ¨¢mbito, en el que tambi¨¦n juegan con ventaja. ?O es que alguien en su sano juicio ha cre¨ªdo por un instante que los tiburones que detentan la propiedad de Tablada van a consentir perder ni un duro en la operaci¨®n especulativa en la que est¨¢n embarcados?

Tendr¨¢n de su parte a los mejores abogados del pa¨ªs, algo fuera del alcance de un pobre Ayuntamiento, aunque sea el de Sevilla. Tendr¨¢n de su parte a un sistema jur¨ªdico y judicial establecido para la defensa de la sacrosanta propiedad privada, lleno de prejuicios hacia la intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos (alg¨²n necio seguir¨¢ considerando los numerosos mecanismos que maniatan a los poderes p¨²blicos como un triunfo de la libertad, tambi¨¦n en este caso). Y tendr¨¢n de su parte, en fin, la pasividad de los ciudadanos, que contemplar¨¢n lejanamente la disputa judicial sobre el justiprecio. Sin darse cuenta de que, finalmente, en la aventura especulativa de Tablada pagaremos todos a escote el enriquecimiento injustificado de unos pocos.

Por ello, es importante darse cuenta que la lucha por la defensa de Tablada no ha hecho m¨¢s que empezar. Las organizaciones ciudadanas que se movilizaron para impedir la recalificaci¨®n deben seguir alerta. Deben hacer un seguimiento del proceso de determinaci¨®n del justiprecio y denunciar, si se produjera, cualquier dejaci¨®n municipal en la defensa de su posici¨®n, cualquier abuso de los propietarios, cualquier favoritismo judicial. Para que el caso de Tablada no pierda su car¨¢cter ejemplar, de aviso a navegantes, hace falta una en¨¦rgica defensa del inter¨¦s p¨²blico hasta el final.

Manuel G¨®mez Mart¨ªnez es miembro de la Plataforma para la Defensa de Tablada Verde y P¨²blica