Sindicatos y patronal piden que se creen zonas para fumar en el trabajo

El Consejo Econ¨®mico y Social (CES) pide que sindicatos y patronal puedan pactar la creaci¨®n de zonas para fumar en el trabajo. La prohibici¨®n total de la ley antitabaco del Ministerio de Sanidad "deber¨ªa suprimirse". "El tratamiento de esta cuesti¨®n viene siendo abordado conjuntamente por las empresas y sus trabajadores", se?ala el dictamen que el Consejo votar¨¢ hoy. Esta opini¨®n, que no es vinculante, cuenta con el rechazo de las organizaciones de consumidores, que afirman que la salud "no es negociable".

El rechazo a que la prohibici¨®n de fumar en los centros de trabajo se haga por ley ha sido acordado por los sindicatos y empresarios, que aportan 40 de los 60 miembros del Consejo. Este ¨®rgano consultivo, que preside Jaime Montalvo, considera que la prohibici¨®n "no es la medida m¨¢s eficaz" y que generar¨¢ "conflictividad en el ¨¢mbito laboral".

En el dictamen se afirma que "con el objetivo de fomentar la cultura de prevenci¨®n del tabaquismo y preservar entornos libres de humo para los no fumadores, empresarios y trabajadores [...] disponen de los mecanismos de cooperaci¨®n apropiados para concretar el tratamiento interno del tabaquismo en las empresas y centros p¨²blicos de trabajo atendiendo a las condiciones espec¨ªficas de los mismos".

Una portavoz del Ministerio de Sanidad coment¨® ayer que "la ley se hace para proteger la salud de los ciudadanos y los trabajadores", y que "queda un espacio de negociaci¨®n en el ¨¢mbito de control de la aplicaci¨®n de la ley". Esto quiere decir que, a falta de conocer el dictamen del Consejo, se mantiene la prohibici¨®n.

La secretaria de Bienestar del PSOE, Matilde Valent¨ªn, manifest¨® ayer que era "partidaria de negociar" la aplicaci¨®n de la ley "en los lugares de trabajo". "Si se puede llegar a un acuerdo, mejor", dijo la responsable de Sanidad socialista.

Proteger la salud

En general, el Consejo "no puede sino compartir el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos mediante la aplicaci¨®n de medidas de prevenci¨®n y de control del tabaquismo, en especial en el caso de los menores, por un lado, y de salvaguardar el derecho a la salud de la poblaci¨®n no fumadora, por otro". Pero este apoyo no evita otras cr¨ªticas a la ley.

Una de ellas se refiere a su "orientaci¨®n coercitiva", y a la "residual" menci¨®n de "la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de impulsar pol¨ªticas preventivas". En esta l¨ªnea el Consejo echa en falta un "enfoque integral que debe imbuir toda la normativa orientada a propiciar un cambio cultural" con respecto al consumo de tabaco.

Tambi¨¦n critica que se proh¨ªba que los menores de 18 a?os vendan tabaco, "teniendo en cuenta que la edad legal para trabajar est¨¢ establecida con car¨¢cter general en los 16 a?os en nuestro ordenamiento jur¨ªdico laboral". En opini¨®n del CES, "no se dan en la actividad de venta de tabaco las condiciones de peligrosidad, tanto para su salud como para su formaci¨®n profesional y humana que habilitar¨ªan al Gobierno a su prohibici¨®n".

Otro punto que discute el CES es la memoria econ¨®mica, porque "no se han valorado adecuadamente [...] las consecuencias en t¨¦rminos de empleo y de organizaci¨®n del trabajo" de las medidas.

Aparte de cuestiones t¨¦cnicas, como la redacci¨®n "confusa" de algunos art¨ªculos, el Consejo destaca que es "especialmente preocupante" que en el anteproyecto "se derive a terceros [due?os de locales, empresarios] la responsabilidad del control y vigilancia del cumplimiento de la normativa".

"Esta funci¨®n es exclusiva de las Administraciones p¨²blicas competentes", indica el Consejo. Al respecto critica que no se tengan en cuenta las normas auton¨®micas ya vigentes, e indica que "ser¨ªa positivo que el Gobierno concentrara sus esfuerzos en la necesaria labor de coordinaci¨®n".