El Estado aprecia apropiaci¨®n indebida, fraude y prevaricaci¨®n en la Zona Franca

Las inversiones desarrolladas por Quality Food y Rilco - sociedades propiedad de la Zona Franca de C¨¢diz- durante las etapas de los ex delegados Manuel Rodr¨ªguez de Castro y Miguel Osuna, ambos del PP, contienen "un conjunto de operaciones irregulares que son susceptibles de ser calificadas como delitos de administraci¨®n fraudulenta y apropiaci¨®n indebida", seg¨²n un informe de la Abogac¨ªa General del Estado y la Intervenci¨®n General del Estado a instancias de los Ministerios de Hacienda y Econom¨ªa, y Justicia. Este estudio considera que estas pr¨¢cticas irregulares est¨¢n tipificadas en el C¨®digo Penal con penas de c¨¢rcel e insta a la actual direcci¨®n de la Zona Franca a interponer "querellas criminales".

El informe elaborado por la Abogac¨ªa General del Estado y la Intervenci¨®n General del Estado, de 92 folios y con fecha del 11 de marzo, observa las principales irregularidades en algunas actuaciones de las sociedades Quality Food y Rilco. En la primera empresa, dedicada a servicios de alimentaci¨®n y catering, el abogado general del Estado, Joaqu¨ªn de Fuentes Bardaj¨ª, observa que el ex presidente de Quality, el empresario Manuel Garc¨ªa Gallardo -ex militante destacado del PP de C¨¢diz-, retir¨® fondos de Quality "mediante operaciones irregulares" que suman casi 2,6 millones de euros por dos certificaciones de obra y la venta de una parcela. Asimismo, el informe afirma que Garc¨ªa Gallardo debe a la Zona Franca 1,13 millones de euros que retir¨® de los fondos de Quality y no reintegr¨® a la sociedad. Esta cantidad ha sido reclamada por la Zona Franca mediante cinco demandas civiles.

Para el abogado del Estado, "este conjunto de operaciones irregulares", que se desarrollaron con Miguel Osuna como delegado de la Zona Franca, est¨¢n recogidas como "delito de administraci¨®n fraudulenta", en el art¨ªculo 295 del C¨®digo Penal y "tipificadas y castigadas con la pena de prisi¨®n de seis meses a cuatro a?os". "Los elementos subjetivos del delito se cumplen con claridad (...) no existiendo duda alguna respecto al car¨¢cter de administrador de Manuel Garc¨ªa Gallardo al tiempo de la producci¨®n de los hechos (...) que consisten en disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones a su cargo, siempre que concurra abuso de las funciones de su cargo, beneficio propio o ajeno".

Asimismo, el informe alerta sobre "un posible delito de administraci¨®n desleal con la figura de apropiaci¨®n indebida". Por todo ello, el abogado del Estado insta a la Zona Franca a que se querelle contra Garc¨ªa Gallardo y "contra cualesquiera otras personas que pudieran estar implicadas en los hechos (...) al apreciarse presuntamente conductas irregulares con relevancia penal".

Prevaricaci¨®n

En cuanto a Rilco, el Abogado del Estado aprecia numerosas posibles irregularidades que pueden ser constitutivas de un presunto delito de prevaricaci¨®n en los contratos de 6,8 millones que el ex delegado Manuel Rodr¨ªguez de Castro suscribi¨® con Miami Free Zone, especialmente, y con Telvent Interactiva para crear una red inform¨¢tica de comercio exterior que "nunca lleg¨® a funcionar y que hoy no existe", seg¨²n t¨¦cnicos de la Zona Franca.

El informe cuestiona la forma que se emple¨® para contratar a estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicaci¨®n a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La direcci¨®n de esta sociedad no present¨® el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de Espa?a. Tampoco aport¨® referencias sobre su solvencia t¨¦cnica, profesional y econ¨®mica. A?ade el abogado del Estado que no hubo recepci¨®n f¨ªsica de la oferta, sino por correo electr¨®nico cinco d¨ªas antes de que expirase el plazo del concurso p¨²blico. Miami Free Zone tampoco desglos¨® en su oferta datos econ¨®micos, ni el personal que iba a destinar a este negocio.

Sorprende adem¨¢s que un contrato de esta elevada cuant¨ªa (4,2 millones de euros) se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de s¨®lo 1.000 d¨®lares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodr¨ªguez de Castro firmar estos contratos millonarios que est¨¢n redactados tan s¨®lo en dos folios cada uno y con apenas cl¨¢usulas.

Con todo, el abogado del Estado ve necesario "un peritaje" del material recibido por Rilco antes de emprender las acciones jur¨ªdicas que correspondan contra esta sociedad.