No m¨¢s demoras

Las leyes vigentes de Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos y de R¨¦gimen Electoral datan de 1987 y 1985, respectivamente. Mucha agua ha corrido desde entonces y, por desgracia, bastante barro. Todas las fuerzas pol¨ªticas est¨¢n de acuerdo en que hay que modificarlas, pero cuando llega el momento se retraen ante el temor de que da?e sus intereses. O bien las discrepancias son tan grandes que se prefiere mirar a otro lado desatendiendo las reiteradas denuncias del Tribunal de Cuentas. Aznar se comprometi¨® en 2000, pero sus palabras se las llev¨® el viento. Ahora lo hace Zapatero, aunque nada indica que la proposici¨®n de ley org¨¢nica sobre financiaci¨®n de partidos obtenga el consenso parlamentario suficiente ante las resistencias del PP y de los nacionalistas vascos y catalanes.

El PSOE afirma que quiere negociarlo sin demora y cuenta con el respaldo de sus socios Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Son estas tres formaciones las m¨¢s perjudicadas por la actual ley de financiaci¨®n, que consagra las donaciones an¨®nimas, aut¨¦ntico agujero negro donde pueden refugiarse comisiones ilegales -el caso 3% a¨²n est¨¢ muy fresco en Catalu?a- y toda suerte de relaciones clientelares.

La propuesta socialista pretende prohibir las donaciones an¨®nimas y de empresas, a lo que siempre se han opuesto PP, CiU y PNV, por entender que de esta forma se recortar¨ªa un sustancial flujo de ingresos y se depender¨ªa m¨¢s del Estado. La nueva norma permitir¨ªa aportaciones privadas de particulares con identificaci¨®n previa y un l¨ªmite anual de 150.000 euros por persona. Hasta ahora esa barrera m¨¢xima est¨¢ fijada en 60.000.

CiU y PNV recibieron conjuntamente entre 1992 y 2001 m¨¢s de 36 millones de euros, el 60% de todas las donaciones privadas a partidos; el PP sum¨® 20,4 millones, diez veces m¨¢s que el PSOE, seg¨²n los ¨²ltimos datos auditados por el Tribunal de Cuentas. A la luz de esas cifras se comprenden las resistencias de los m¨¢s beneficiados, pero ello no justifica el mantenimiento de una norma que facilita toda suerte de trampas contables y zonas de corrupci¨®n. Sobre todo a la luz de la generosa financiaci¨®n p¨²blica con la que cuentan los partidos. De ah¨ª que sea igualmente importante la idea del Gobierno de modificar tambi¨¦n la Ley de R¨¦gimen Electoral, para poner freno al despilfarro de las campa?as publicitarias y regular por ley la obligatoriedad de debates electorales televisados. Transparencia en los ingresos y austeridad en el gasto son dos condiciones que los ciudadanos agradecer¨ªan en la vida pol¨ªtica.