La ONU y Darfur

Lo que ocurre en la regi¨®n sudanesa de Darfur es uno m¨¢s de los casos de incapacidad de la ONU -esa ONU que Kofi Annan pretende reformar- para intervenir eficazmente en una situaci¨®n lacerante. Darfur no suele lograr titulares en los medios informativos, pero la situaci¨®n en esa tierra m¨ªsera y abrasada mayor que Espa?a no ha dejado de agravarse desde que hace dos a?os estallara un conflicto que b¨¢sicamente ha convertido a los musulmanes negros en v¨ªctimas del Ej¨¦rcito sudan¨¦s y de las brutales milicias ¨¢rabes que apadrina el Gobierno de clanes de Jartum.

Un reciente informe de Naciones Unidas estima que en Darfur han muerto en a?o y medio casi 200.000 personas de hambre y enfermedades -el doble de lo estimado previamente-, sin contar las v¨ªctimas del genocidio. S¨®lo en 2004, m¨¢s de un mill¨®n de despose¨ªdos han tenido que huir de sus chozas para escapar de la violencia. Los campos de refugiados que los albergan se convierten en cementerios. Los asesinatos, saqueos y violaciones contin¨²an tras el fracaso de varias rondas negociadoras en Nigeria.

Mientras, la ONU se dedica a dilucidar si se trata de genocidio o cr¨ªmenes contra la humanidad lo que ocurre en este lugar remoto, lejos de los periodistas y los intereses inmediatos de las potencias occidentales, o a proponer una fuerza desarmada y simb¨®lica para proteger a las organizaciones humanitarias, atacadas tambi¨¦n en Darfur. En medio de esta debilidad moral, la Uni¨®n Africana, te¨®rica fuerza de interposici¨®n, suger¨ªa la semana pasada doblar hasta 6.000 el n¨²mero de sus tropas para poder "mantener la violencia en un nivel aceptable".

El Consejo de Seguridad prometi¨® en julio pasado detener la carnicer¨ªa de la provincia occidental sudanesa. Aparte de la presencia testimonial de los soldados africanos, nunca se ha planteado una intervenci¨®n militar seria ni la adopci¨®n de medidas punitivas contra el Gobierno. No sin esfuerzo, el Consejo aprob¨® el pasado jueves el despliegue de 10.000 cascos azules para velar por el pacto suscrito entre el Gobierno de Jartum y los rebeldes en enero. Sin embargo, persisten las discrepancias entre EE UU y Francia sobre qui¨¦n debe juzgar los cr¨ªmenes. Washington se resiste a que los culpables sean juzgados por la Corte Penal Internacional, que no reconoce, y propone un tribunal especial. Esta cuesti¨®n y la aplicaci¨®n de sanciones, que objetan en parte China y Rusia, se someter¨¢n a votaci¨®n esta semana en el principal ¨®rgano de la ONU.