Un error que a nadie beneficia

Tras una andadura de m¨¢s de cien a?os, en la que no han faltado diversos cambios en su estatus jur¨ªdico, las C¨¢maras de la Propiedad Urbana se han visto obligadas a afrontar, por imperativo legal, la p¨¦rdida de su condici¨®n de corporaciones de derecho p¨²blico. En nuestra comunidad aut¨®noma, esa necesaria modificaci¨®n legal se ha visto acompa?ado por una decisi¨®n pol¨ªtica del Gobierno vasco, y m¨¢s en concreto de su Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que implica la pura y simple desaparici¨®n de las C¨¢maras. Se trata, a nuestro juicio, de una respuesta precipitada, irreflexiva e injustificada, que acarrear¨¢ serios perjuicios tanto en el ¨¢mbito p¨²blico como en lo tocante a los derechos de centenares de miles de socios que, a lo largo de los a?os, han venido pagando voluntariamente sus cuotas.

Si la Administraci¨®n va a asumir las funciones de las C¨¢maras, ?cu¨¢nto le va a costar al contribuyente?

La sentencia no impone la desaparici¨®n de estos ¨®rganos en tanto que agrupaci¨®n de propietarios

Aunque la situaci¨®n a la que se nos ha abocado a las tres agrupaciones de propietarios de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tiene mucho en com¨²n, me referir¨¦ s¨®lo a la instituci¨®n que presido por dos razones: en primer lugar, por una norma de elemental respeto a las otras dos c¨¢maras; y en segundo t¨¦rmino, porque como es obvio, es la realidad de la C¨¢mara de Bizkaia la que conozco en profundidad.

Antes de nada, me veo en la obligaci¨®n de puntualizar lo siguiente: en el ¨¢mbito de Bizkaia, es rotundamente falso que la C¨¢mara de la Propiedad est¨¦ mal gestionada o presente graves problemas econ¨®mico-financieros. No se trata de una apreciaci¨®n personal: se acaba de presentar una auditor¨ªa independiente referida al ¨²ltimo quinquenio (1999-2003) cuya conclusi¨®n es rotunda: "Todos los ¨ªndices de financiaci¨®n, liquidez y solvencia indican una situaci¨®n estructural muy saneada, excesivamente solvente, y con un alto grado de liquidez". No es cierto, por tanto, al menos en el caso de Bizkaia, que la desaparici¨®n de la C¨¢mara venga a solucionar un supuesto caos financiero en el seno de la instituci¨®n.

Si no existe raz¨®n econ¨®mica alguna para disolver la C¨¢mara, podr¨ªa pensarse que la decisi¨®n del Departamento de Vivienda viene dada por el hecho de que se trate de una instituci¨®n obsoleta o inoperante, que no presta ning¨²n servicio eficaz. Tampoco es el caso, puesto que ?c¨®mo se explica entonces que dispongamos de casi 250.000 socios solamente en el territorio hist¨®rico de Bizkaia, que pagan voluntariamente sus cuotas y que tienen total libertad para darse de baja? Por el contrario, esa fidelidad de los asociados puede tener su explicaci¨®n, por ejemplo, en alrededor de 100.000 consultas verbales resueltas cada a?o, adem¨¢s de un millar de informes por escrito relativos de cuestiones de mayor calado que las simples dudas jur¨ªdicas o las cuestiones de mera vecindad.

Y todo ello sin ning¨²n coste para el erario p¨²blico, dado que esta C¨¢mara se mantiene exclusivamente con las cuotas de sus socios, sin ni siquiera recurrir a subvenciones p¨²blicas, a las que por otra parte tendr¨ªa derecho dada su labor social. Si es la Administraci¨®n la que va a asumir esta y otras tareas en las que las C¨¢maras de la Propiedad tienen experiencia contrastada, se nos plantean dos dudas. ?Cu¨¢nto le va a costar eso al contribuyente? Y por otro lado, ?est¨¢ el Departamento de Vivienda en condiciones de garantizar que puede asumir todas las funciones de las C¨¢maras con el mismo nivel de eficiencia que se ha venido ofreciendo hasta la fecha?

Y si el coste que puede suponer la desaparici¨®n de las C¨¢maras es motivo de preocupaci¨®n para cualquier contribuyente, qu¨¦ no decir de las dudas que plantea la operaci¨®n desde el punto de vista de los asociados que voluntariamente han satisfecho sus cuotas a lo largo de los a?os. En Bizkaia, los activos de la C¨¢mara de la Propiedad superan a d¨ªa de hoy nada menos que 14 millones de euros entre inmuebles y activos financieros. Un patrimonio, en definitiva, generado por personas particulares en el seno de una asociaci¨®n privada.

Resumidas en unas pocas l¨ªneas, ¨¦stas son algunas de las razones que nos inducen a calificar de precipitado e injustificado el decreto del Departamento de Vivienda. El consejero Madrazo y sus asesores no han considerado la posibilidad m¨¢s razonable y sencilla, que no es otra que mantener las C¨¢maras como asociaciones privadas de propietarios, que es lo que al fin y al cabo fueron en el momento de su creaci¨®n. La sentencia que obliga a privar a estos ¨®rganos de su condici¨®n de corporaciones de derecho p¨²blico no impone su desaparici¨®n en tanto que agrupaci¨®n de propietarios urbanos para la defensa de sus intereses comunes.

Mar¨ªa Jes¨²s Ellakuria es presidenta de la C¨¢mara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.