El 'ararteko' denuncia que todav¨ªa existen administraciones que se resisten a colaborar

El ararteko, I?igo Lamarca, al presentar ayer en el Parlamento vasco su primer informe de actividad, realiz¨® una denuncia ya escuchada a sus antecesores: que todav¨ªa existen administraciones que no colaboran como debieran con la instituci¨®n que preside a la hora de atender las quejas de los ciudadanos. Aunque evit¨® poner nombres y apellidos a quienes obstaculizan sus gestiones, el Departamento de Educaci¨®n, Universidades e Investigaci¨®n es el que m¨¢s requerimientos y apercibimientos en demanda de informaci¨®n ha recibido. La consejer¨ªa de Anjeles Iztueta (EA) tambi¨¦n se sit¨²a en la cabeza de los que directamente han rechazado las recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo vasco. En concreto, el Departamento de Educaci¨®n fue requerido en 70 ocasiones para que acelerara el env¨ªo de la informaci¨®n solicitada. Posteriormente fue apercibido, en ¨²ltima instancia, en cinco ocasiones. Interior recibi¨® un aparcibimiento. A su vez, Educaci¨®n es el organismo p¨²blico que m¨¢s recomendaciones directas del Ararteko ha rechazado. De las seis planteadas, s¨®lo acept¨® una.

Lamarca explic¨® que no ha decidido recurrir a la Fiscal¨ªa para que abra diligencias contra los responsables de los departamentos del Gobierno vasco u otras administraciones, que obstaculizan las investigaciones, pero no rechaz¨® hacerlo por un presunto delito contra las instituciones del Estado y contra la divisi¨®n de poderes. Ese delito est¨¢ penado con su spensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os.

El ararteko entreg¨® ayer el informe de actividad de 2004 al presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, aunque no ser¨¢ debatido hasta despu¨¦s de las elecciones, una vez constituida la nueva C¨¢mara. El Ararteko dispone de oficinas de atenci¨®n de directa a los ciudadanos en las tres provincias vascas donde el pasado a?o tramit¨® 1.531 quejas y atendi¨® a 4.056 consultas.

El 27% del total de las quejas presentadas fue tramitado a trav¨¦s de la p¨¢gina web y en el 33% del total el Ararteko demostr¨® que que exist¨ªa alguna irregularidad. Respecto del total de las recomendaciones, el 90% fueron admitidas y corregidas las desviaciones. Tan s¨®lo el 10% cayeron en saco roto.

Lamarca anunci¨® que en 2006 va a hacer p¨²blico un informe monogr¨¢fico espec¨ªfico sobre el bullying, que estar¨¢ basado en la convivencia en las aulas.

Lamarca tambi¨¦n expres¨® su inquietud por algunos aspectos del proceso judicial contra la agrupaci¨®n electoral Aukera Guztiak (AG), y anunci¨® la elaboraci¨®n de un informe en el que la instituci¨®n fijar¨¢ su posici¨®n sobre el caso y aclarar¨¢ si ha existido o no vulneraci¨®n de derechos fundamentales de sus miembros. Para evitar interferencias pol¨ªticas, la publicaci¨®n del informe se realizar¨¢ una vez celebradas las elecciones del 17 de abril.

Lamarca dijo que ya ha recibido varias denuncias por parte de promotores y avalistas de las candidaturas anuladas por el Supremo por considerar que son continuidad de la ilegalizada Batasuna. Y aunque reconoci¨® que no tiene competencias para tramitarlas, explic¨® que eso no es ¨®bice para llevar a cabo una investigaci¨®n sobre el asunto, y m¨¢s cuando existen "elementos preocupantes" en el proceso seguido.

A preguntas de los periodistas se?al¨® que "es preocupante" que se haya dado por hecho antes de los pronunciamientos judiciales que AG es la lista blanca de Batasuna, algo que a su juicio supone "de manera autom¨¢tica ligar a la agrupaci¨®n electoral con la formaci¨®n ilegalizada y con ETA", adem¨¢s de da?ar la imagen personal de sus promotores. Tambi¨¦n critic¨® que se haya investigado a las personas que avalaron con su firma a AG y que se planteen como indicios "la participaci¨®n en actos legales como, por ejemplo, una manifestaci¨®n, o las declaraciones de un dirigente de un sindicato legal como LAB".

Por su parte, Gesto por la Paz expres¨® ayer sus "serias dudas" sobre la anulaci¨®n de las listas de AG. Pese a se?alar que es "totalmente exigible el rechazo al terrorismo", cuestiona que esa exigencia se tenga que "trasladar al ¨¢mbito legal".