El fiscal pide 11 a?os de c¨¢rcel para Antonio Camacho, m¨¢ximo responsable de Gescartera

El fiscal adscrito a Anticorrupci¨®n Vicente Gonz¨¢lez Mota present¨® ayer la calificaci¨®n del caso Gescartera, en la que pide 11 a?os de c¨¢rcel para el m¨¢ximo responsable del grupo, Antonio Camacho, y el director general, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, y 8 a?os para la ex presidenta Pilar Gim¨¦nez-Reyna. Seg¨²n el fiscal, entre los 14 acusados de Gescartera montaron un "carrusel defraudatorio" con el que se apoderaron de un total de 8.356 millones de pesetas (50 millones de euros), pertenecientes a 4.005 clientes. El fiscal reclama la responsabilidad civil, entre otros, de la Caixa y Caja Madrid Bolsa.

En su escrito de calificaci¨®n, entregado ayer en la Audiencia Nacional, pide la apertura del juicio para un total de 14 acusados, los dos bancos citados y dem¨¢s responsables civiles por un fraude de 50 millones de euros desarrollado durante m¨¢s de 9 a?os, entre enero de 1992 y el 14 junio de 2001, en que Gescartera fue intervenida por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

Durante ese periodo, Camacho, Ruiz de la Serna y los dem¨¢s responsables del entramado constituyeron diversas sociedades y pusieron en pr¨¢ctica "un sistema operativo fraudulento" que les permiti¨® hacer suyo el dinero o valores entregados por los clientes manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el montaje que daba garant¨ªa ficticia de solvencia al grupo. As¨ª, los acusados se apoderaban de sucesivas remesas de dinero o valores a modo de una "cadena sin fin" defraudatoria.

La sociedad a trav¨¦s de la cual se apoderaron y dispusieron del dinero fue Gescartera Dinero, constituida en 1992 por Antonio Camacho, que contaba con un 76,77% de las acciones y en torno a la cual se cre¨® una red comercial a trav¨¦s de la que captaban dinero de los clientes prometi¨¦ndoles altas rentabilidades.

Seg¨²n el fiscal, los fondos no se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, sino que se usaban para lucrarse de ellos personalmente, para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando y en alg¨²n caso para efectuar reembolsos a clientes que demandaran retiradas totales o parciales de sus fondos. En definitiva, con los fondos de un cliente se atend¨ªan las desinversiones de otro, de tal manera que pese a lo acordado con el cliente en el contrato de gesti¨®n, el dinero no se invert¨ªa, sino que se usaba para mantener en funcionamiento a Gescartera y ocultar la apropiaci¨®n de fondos que hac¨ªan los acusados.

Para poder operar en bolsa se transform¨® Gescartera en agencia de valores y se nombr¨® presidenta a Pilar Gim¨¦nez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, del Gobierno del PP, Enrique Gim¨¦nez-Reyna, quien tuvo que dimitir al destaparse el esc¨¢ndalo. Entre otros clientes captaron a la ONCE, uno de cuyos directivos, Miguel Pichel, fue nombrado consejero delegado; el Servicio de Seguridad Social de la Armada, los arzobispados de Burgos y Valladolid y otras instituciones religiosas.

Los acusados tampoco invert¨ªan en valores el dinero de los clientes sino que se limitaban a pagar las comisiones por intermediaci¨®n de las ¨®rdenes de compra y venta de t¨ªtulos, entregando soportes de las aparentes ganancias a clientes reales y cargando las p¨¦rdidas a testaferros.