El imprevisible 'caso Turismo'

Pues al final ser¨¢ que s¨ª. Siete a?os despu¨¦s de producirse la primera denuncia, la Secci¨®n D¨¦cima de la Audiencia de Barcelona empezar¨¢ a juzgar el pr¨®ximo martes el llamado caso Turismo, una malversaci¨®n de poco m¨¢s de un mill¨®n de euros de las arcas del Consorcio de Turismo de Catalu?a entre 1993 y 1995. Dicho as¨ª, parece un asunto anecd¨®tico comparado con las estafas millonarias que acaban ante los tribunales, pero en este caso el tama?o no es lo que importa.

El caso Turismo es uno de los pocos episodios de supuesta corrupci¨®n durante la ¨¦poca de CiU que ha acabado en juicio y no se ha terminado con una decisi¨®n judicial que lo evite (caso Casinos) o topado con dificultades para encontrar pruebas (como el caso de los avales de la Caric), pese a la existencia de "aromas de corrupci¨®n", una locuaz expresi¨®n del ex fiscal general del Estado Eligio Hern¨¢ndez.

En el caso Turismo, la forma de cometer el supuesto delito era tan cl¨¢sica como sencilla, seg¨²n se expone en el escrito de acusaci¨®n del fiscal: adjudicar de forma directa y sin concurso ciertos trabajos a amigos para beneficiarlos, aunque los trabajos fuesen burdas copias de otros informes y de nula utilidad. ?Y algo m¨¢s que amigos? S¨ª, les un¨ªa tambi¨¦n su militancia en Uni¨®. Al menos a 10 de los 12 acusados que se sentar¨¢n en el banquillo. El fiscal Fernando Rodr¨ªguez Rey les acusa de falsedad y malversaci¨®n, y reclama para ellos penas que oscilan entre cinco y nueve a?os de c¨¢rcel.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que lo que se debatir¨¢ en el juicio no es m¨¢s que la punta del iceberg, pero los juristas se refugian en los t¨®picos forenses y uno de los m¨¢s recurrentes se?ala que "lo que no est¨¢ en los autos no est¨¢ en el mundo". Y en los autos podr¨ªa haber mucho m¨¢s si, por ejemplo, no hubieran desaparecido los 2.800 expedientes de contrataci¨®n de entre los a?os 1990 y 1991 y su documentaci¨®n contable. O si no se hubiesen arrancado las hojas que no interesaba conservar de otros 76 expedientes. Esta destrucci¨®n de pruebas ocurri¨® sin que se depurasen responsabilidades ni se tomase ninguna medida. Su desaparici¨®n impide conocer los beneficiarios de estos expedientes y si ¨¦stos ten¨ªan relevancia en el poder pol¨ªtico catal¨¢n.

Esos informes estaban depositados en el s¨®tano segundo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat y su desaparici¨®n fue advertida en septiembre de 1998, meses despu¨¦s de que la fiscal¨ªa empezase a investigar a partir de una denuncia de Comisiones Obreras e ICV.

Durante los cinco a?os que ha durado la investigaci¨®n judicial, el magistrado Francisco Gonz¨¢lez Maillo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 de Barcelona, intent¨® tambi¨¦n seguir la pista de decenas de cheques, pero tampoco se supo su destino, porque se cobraron por ventanilla y la entidad bancaria no pudo concretar qui¨¦n lo hizo.

As¨ª las cosas, el martes se inica un juicio que se prolongar¨¢ hasta junio porque el tribunal s¨®lo ha se?alado dos sesiones por semana. Todo indica que al menos la mitad de los acusados podr¨ªan declararse culpables y reconocer que se beneficiaron de un dinero que ya han devuelto para conseguir una pena menor en caso de condena.

Pero una vez declarado muerto el principal inculpado, Joan Cogul, el director del Consorcio de Turismo durante cuyo mandato se produjo la supuesta malversaci¨®n, resulta m¨¢s f¨¢cil que alguno de los acusados pueda explicar lo que sabe, si el tribunal lo permite. En cualquier caso, el martes se inicia un juicio con un final imprevisible, especialmente con la actual coyuntura pol¨ªtica catalana. Y es que hace tan s¨®lo dos semanas estuvo a punto de cerrarse un pacto para evitar el juicio. Pero la Generalitat dijo que no.