Obras que pasan factura
La oposici¨®n ataca al alcalde de Sevilla por una red de empresas con contratos p¨²blicos vinculada a un ex militante socialista
Siete empresas han acaparado casi el 70% de las peque?as obras que se realizaron entre 2001 y 2004 en el distrito Macarena de Sevilla, el m¨¢s poblado de la ciudad (180.000 habitantes) y feudo electoral del PSOE. Al frente de estas sociedades est¨¢ Jos¨¦ Pardo, ex militante socialista involucrado en el caso Juan Guerra, uno de los paradigmas de la corrupci¨®n. El descubrimiento de esta red ha puesto contra las cuerdas al alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo S¨¢nchez Monteseir¨ªn. Hasta la fecha, este caso, que empez¨® con una denuncia por dos facturas falsas de 4.800 euros, se ha cobrado dos dimisiones, pocas para la oposici¨®n, que tira por elevaci¨®n y pide la cabeza del alcalde, quien sostiene que todo lo ocurrido se ha hecho a sus espaldas.
Los socialistas recuerdan al PP los casos de la Zona Franca de C¨¢diz y del Ayuntamiento de M¨¢laga
Las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Sevilla le est¨¢n sirviendo al PP para elaborar un discurso que intenta equiparar la situaci¨®n actual con la que se vivi¨® a principios de los noventa. "Hay corrupci¨®n generalizada" en Andaluc¨ªa. ?sta es la consigna que proclaman los populares all¨¢ donde van desde hace diez d¨ªas y que se ha visto respaldada por el presidente del partido, Mariano Rajoy, quien ha reclamado que intervenga la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ante lo que llam¨® un "caso evidente de corrupci¨®n".
La estrategia es fruto de un debate en la direcci¨®n del PP andaluz sobre la oposici¨®n que hay que hacer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, en una legislatura en la que el socialista disfruta de una c¨®moda mayor¨ªa absoluta y las encuestan le siguen favoreciendo ampliamente. La primera pista de esta l¨ªnea de oposici¨®n la dio Javier Arenas cuando revent¨® la crisis pol¨ªtica de Catalu?a por el presunto cobro de comisiones. Aquellos d¨ªas, el l¨ªder del PP andaluz repet¨ªa, sin aportar datos, que lo de Catalu?a era una menudencia en comparaci¨®n con lo que pasa en Andaluc¨ªa.
Los autores de la denuncia en Sevilla son los concejales del Partido Andalucista (PA), antiguos socios del PSOE en el gobierno municipal y que en el actual mandato, en el que los socialistas han elegido a IU como compa?eros en el poder, est¨¢n haciendo una agresiva oposici¨®n. "Pol¨ªticos metidos a detectives", seg¨²n los han definido varios miembros del gobierno local. El PA centr¨® sus investigaciones en el distrito Macarena, gestionado desde 1999 por el PSOE, y hall¨® dos facturas pagadas por el derribo de una peque?a construcci¨®n que nunca se produjo.
Los socialistas, acostumbrados a las acusaciones de la oposici¨®n, desmintieron con contundencia los hechos, pero una semana despu¨¦s ten¨ªan que reconocer que esta vez s¨ª era verdad. Las facturas falsas obligaron a dimitir al concejal de Consumo y ex edil del distrito Macarena, Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa, y a su director de ¨¢rea, Jos¨¦ Mar¨ªn.
Las dos facturas formaban parte de un paquete de 28 emitidas el 7 de mayo de 2003, apenas 20 d¨ªas antes de las elecciones municipales. Los socialistas revelaron que las otras 26 hab¨ªan sido tramitadas y cobradas por Jos¨¦ Pardo a nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS), para la que ya no trabajaba. El alcalde llev¨® el caso a la Fiscal¨ªa y encarg¨® una auditor¨ªa a la Intervenci¨®n municipal, cuyos primeros resultados detectaron un entramado de empresas vinculadas al ex militante socialista que coparon la mayor¨ªa de las obras menores (de hasta 30.000 euros) de la Macarena.
Estas obras se adjudican mediante un procedimiento que consiste en invitar a tres sociedades y elegir la oferta m¨¢s barata. En 2003, COS fue invitada al 88% de las obras, y las otras dos empresas (Alhemasa y Aljarafe de Obras y Servicios), al 60%. La semana pasada, a la red se sumaron otras cuatro empresas vinculadas a Pardo o a su abogado, Jos¨¦ Luis Ortiz, que es el representante de dos de ellas. Entre las siete, facturaron 1,6 millones de euros de los 2,39 que se invirtieron en obras en 2003 en este distrito. Las denuncias de la oposici¨®n apuntan a que el centro de operaciones estaba en un edificio de oficinas donde tienen la sede social dos de ellas y Ortiz su despacho, y que est¨¢ en la misma calle que las sedes bancarias en las que operan cuatro de las empresas. El gobierno municipal quiere marcar distancias con Pardo y sostiene que es v¨ªctima de un enga?o. En el PSOE hay temor de que una vez culmine la auditor¨ªa interna salgan a la luz nuevas facturas. De hecho, ya ha reconocido que hay "serias dudas" sobre otras 20, que suman 50.000 euros.
Ante el discurso del PP, Chaves, secretario general del PSOE andaluz, ha reclamado a sus compa?eros que no entren en el juego "de la crispaci¨®n pol¨ªtica". "Asistimos a las mismas declaraciones, vemos y o¨ªmos los mismos esl¨®ganes de los primeros a?os de los 90, sin darse cuenta de que ya ni el tiempo es el mismo, ni las circunstancias de entonces son las mismas que concurren ahora en Espa?a y en Andaluc¨ªa", dijo Chaves en un comit¨¦ director del PSOE andaluz.
Aun as¨ª, dirigentes socialistas s¨ª han recordado al PP alguno de los casos que afectan a los populares y que ¨¦stos no incluyen en el saco de la corrupci¨®n generalizada. El m¨¢s destacado es el de la Zona Franca de C¨¢diz, cuya gesti¨®n bajo los gobiernos del PP ha sido puesta en entredicho por el Tribunal de Cuentas.
Sobre la etapa de los dos ex delegados del PP en este recinto fiscal (Manuel Rodr¨ªguez de Castro, que dimiti¨® en 2001, y Miguel Osuna, ambos avalados por la alcaldesa de C¨¢diz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Te¨®fila Mart¨ªnez) recae, seg¨²n el organismo fiscalizador, la responsabilidad, por acci¨®n u omisi¨®n, de posible delitos contables, inversiones fantasma, gastos injustificados y excesivos, facturas infladas, supuestos casos de enchufismo, nombramientos impuestos, dejaci¨®n de responsabilidades en los ¨®rganos de control, posible malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, apropiaci¨®n indebida, fraude y entramados empresariales poco transparentes. Todas estas presuntas irregularidades han sumido al recinto fiscal gaditano en una delicada situaci¨®n financiera, al borde de la quiebra, con casi 70 millones de deuda.
La Abogac¨ªa y la Intervenci¨®n General del Estado y el Tribunal de Cuentas han confirmado todas estas denuncias, y han iniciado un procedimiento de enjuiciamiento contable contra Rodr¨ªguez de Castro. Precisamente, el pleno de la Zona Franca acordar¨¢ ma?ana querellarse contra este dirigente popular, contra Miguel Osuna, y contra el ex presidente de Quality Food -propiedad de la Zona Franca-, Manuel Garc¨ªa Gallardo, ex militante del PP de C¨¢diz.
Los socialistas tambi¨¦n han demandado a Arenas que utilice la misma vara de medir en dos casos ocurridos en el Ayuntamiento de M¨¢laga, gobernado por el PP. El pleno de esta corporaci¨®n municipal aprob¨® el pasado jueves un expediente de reconocimiento extrajudicial de cr¨¦dito que permitir¨¢ pagar una factura de 232.243 euros a un arquitecto que realiz¨® el proyecto de urbanizaci¨®n de los dos muelles del puerto que se van a ceder a la ciudad. El encargo se hizo de manera verbal en octubre de 2003, algo prohibido por ley, y, como ha reconocido el secretario municipal, de forma "an¨®mala" porque se ha ignorado el procedimiento administrativo correspondiente.
Adem¨¢s, IU ha denunciado la existencia de 53 facturas a las que el interventor municipal formul¨® nota de reparo al haber detectado determinadas irregularidades.
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