M¨¢s de 450 ayuntamientos, la mayor¨ªa de CiU, ocultaron a la sindicatura si firmaron contratos con Europraxis

Un total de 455 ayuntamientos catalanes, la mayor¨ªa (62,19%) gobernados por Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), ignoraron los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas y omitieron concretar si firmaron alg¨²n contrato con las empresas Indra y Europraxis, vinculadas a un hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. El informe de fiscalizaci¨®n fue un encargo del Parlament despu¨¦s de que se desvelara que Europraxis, en cuyo accionariado figuraba Josep Pujol Ferrusola, asesor¨® a la firma Lear en el cierre de la planta de Cervera.

Los socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, entonces en la oposici¨®n, exigieron clarificar si las administraciones catalanas beneficiaron de alguna manera con contratos a las empresas relacionadas con Europraxis, adquirida posteriormente por Indra, una multinacional especializada en tecnolog¨ªas de la informaci¨®n.

La Sindicatura de Cuentas exigi¨® a todas las administraciones catalanas y empresas p¨²blicas los contratos que sellaron con Indra y sus filiales desde 1996 a 2002. Pero los s¨ªndicos no pudieron completar su trabajo porque la mayor¨ªa de los ayuntamientos catalanes y mancomunidades de municipios hizo caso omiso de estos requerimientos y no enviaron sus respuestas. En total son 455, 283 de los cuales con alcaldes de CiU; 79 del Partit dels Socialistes; 65 independientes; 15 de Esquerra Republicana; 7 de Iniciativa per Catalunya y 6 del Partido Popular.

Entre estos ayuntamientos figuran Lleida, Sant Cugat, Cerdanyola, Esplugues, Sant Feliu, Vic, Tortosa, El Vendrell, Sitges, Santa Perp¨¨tua de Mogoda, Sant Feliu de Gu¨ªxols, Castellar del Vall¨¨s, Esparraguera, Amposta y Banyoles.

Por este motivo, la sindicatura reclama al Parlament la necesidad de instaurar alg¨²n tipo de medida coercitiva para aplicar a las entidades que no cooperen con este organismo, ya que actualmente s¨®lo se puede acudir a la justicia denunciando por la v¨ªa penal un delito de obstruccionismo.

El informe de la sindicatura, elaborado por los anteriores s¨ªndicos pero aprobado por los actuales, presididos por Joan Colom, no advierte graves irregularidades en los contratos, salvo alguna deficiencia administrativa. Por ejemplo, cita fraccionamientos de contratos para evitar procedimientos de adjudicaci¨®n m¨¢s restrictivos, contratos negociados sin publicidad excus¨¢ndose en una urgencia imprevisible o inexistente.

Sin embargo, las deficiencias son mayores en el caso del Instituto Catal¨¢n de la Salud, que no ha facilitado 12 de los 23 expedientes requeridos, con un valor total de 195.123 euros (32,5 millones de pesetas) alegando que los archivos se hab¨ªan destruido por su antig¨¹edad. La sindicatura alerta que esta maniobra supone vulnerar la legislaci¨®n sobre la organizaci¨®n y la gesti¨®n de los archivos de la Generalitat.

Respecto a la Administraci¨®n local, el informe cita un contrato de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, que contrat¨® directamente servicios con empresas del grupo Indra por valor de 369.904 euros "sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia".

Por su parte, un portavoz de la empresa Indra manifest¨® que el informe ha sido redactado por un organismo fiscalizador independiente, por lo que la sociedad no tiene nada que aportar al caso.