Emponzo?ar la medicina

El hospital p¨²blico Severo Ochoa, de Legan¨¦s, se ha convertido lamentablemente en las ¨²ltimas cuatro semanas en diana de acusaciones an¨®nimas, difamaciones, medias verdades, filtraciones, flagrantes violaciones del secreto m¨¦dico, fuego cruzado entre partidos pol¨ªticos y muy atrevidos comentarios desde diversos medios de comunicaci¨®n sobre el presunto uso excesivo de sedantes en enfermos terminales. Lo m¨¢s da?ino para la sanidad, p¨²blica o privada, es que est¨¦ en boca de todos y sea objeto de linchamiento desde cualquier rinc¨®n posible, sin dar tiempo a que se comprueben con la cordura y serenidad necesarias las denuncias sobre un profesional que ha obtenido el apoyo de sus compa?eros y de otros colectivos. Alguien lo ha definido como la pol¨ªtica del calamar: expulsa tinta y huye, que algo queda. Pero olvidando que con tal algarab¨ªa se merma la confianza del enfermo y de sus familiares en la medicina p¨²blica.

Ya se ha dicho en otra ocasi¨®n que es imperativo que la justicia act¨²e con eficacia, independencia y, dadas las circunstancias, con la m¨¢xima celeridad. En ese sentido, es acertado que la Fiscal¨ªa de Madrid encargue una investigaci¨®n en profundidad a sus propios forenses ante la alarma que se ha creado. Y dado el protagonismo que el consejero de Sanidad ha adquirido en el caso, ser¨ªa exigible que sea el Colegio de M¨¦dicos quien designe a los expertos que examinen los historiales m¨¦dicos objeto de controversia.

El da?o ya ha sido hecho. Tanto al prestigio del centro -por cierto, sobresaturado de enfermos, de ah¨ª que muchos pacientes sean instalados en urgencias y se produzcan tantas defunciones- como a la c¨²pula directiva y al coordinador de urgencias. Todos ellos fueron fulminantemente destituidos por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a ra¨ªz de una denuncia an¨®nima que sali¨® del propio hospital hace un mes. La primera investigaci¨®n de los inspectores del Gobierno auton¨®mico observ¨® la existencia de irregularidades administrativas (algunos historiales en los que no consta el consentimiento familiar), pero no una praxis m¨¦dica indebida, como de la denuncia se pod¨ªa desprender. Y las conclusiones preliminares de la fiscal¨ªa madrile?a excluyen que haya indicios de responsabilidad penal.

La labor judicial no ha terminado, pero desde diversas tribunas pol¨ªticas y medi¨¢ticas hay quienes se han adelantado y han decidido realizar su propio proceso sumar¨ªsimo en la plaza p¨²blica con insinuaciones y gruesas palabras lanzadas al aire. ?Se ha pensado en alg¨²n momento en la inseguridad que manifestaciones de este tipo transmiten a los familiares de un enfermo en estado terminal? ?En las resistencias que este clima comporta a m¨¦dicos y dem¨¢s personal sanitario para desarrollar un tratamiento de sedaci¨®n paliativa? ?O en qu¨¦ garant¨ªas le ofrece cualquier servicio del hospital Severo Ochoa a un vecino de Legan¨¦s que lea o escuche opiniones tan desmesuradas?

Convertir el caso Legan¨¦s en un pugilato a la luz de los focos es irresponsable. Lamela insiste en que no dimitir¨¢. Est¨¢ en su derecho. Pero la destituci¨®n del presunto responsable sobre la base de una denuncia an¨®nima y la publicidad que ha dado luego al caso han sido cuando menos pasos precipitados. El hospital se le ha puesto en contra y son muchos -otros centros sanitarios p¨²blicos, PSOE, Izquierda Unida, asociaciones de vecinos y otros grupos se han solidarizado tambi¨¦n- quienes exigen la reincorporaci¨®n del castigado y la dimisi¨®n del consejero. Y hay algo que no ofrece dudas: en la gesti¨®n de esta crisis es dif¨ªcil hacer las cosas peor y con peores resultados para la sanidad p¨²blica, para la reputaci¨®n de sus profesionales y, lo m¨¢s importante, para los propios enfermos.