La retirada de las historias cl¨ªnicas de Legan¨¦s suscita una pol¨¦mica jur¨ªdica

La retirada por cinco inspectores de la Consejer¨ªa de Sanidad de Madrid de m¨¢s de 300 historias cl¨ªnicas del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s suscit¨® ayer dudas entre juristas y expertos. La ley de autonom¨ªa del paciente (41/2002) permite a los inspectores de la consejer¨ªa "acceder" a las historias cl¨ªnicas sin necesidad de orden judicial, pero tambi¨¦n obliga a los centros sanitarios a conservar esa documentaci¨®n. Juristas y expertos en documentaci¨®n cl¨ªnica y protecci¨®n de datos tienen dudas sobre el desplazamiento de los historiales, pero subrayan que su legalidad depender¨¢ de la finalidad concreta.

La ley de autonom¨ªa del paciente establece (art¨ªculo 16) que "el personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspecci¨®n (...) tiene acceso a las historias cl¨ªnicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobaci¨®n de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligaci¨®n del centro en relaci¨®n con los pacientes y usuarios o la propia Administraci¨®n sanitaria".

Los juristas y expertos en documentaci¨®n cl¨ªnica consultados coincid¨ªan ayer en que este art¨ªculo permitir¨ªa a los inspectores de la consejer¨ªa examinar las historias cl¨ªnicas de los pacientes, aunque ten¨ªan dudas sobre si el t¨¦rmino "acceso" podr¨ªa justificar la retirada de los documentos fuera del hospital. La raz¨®n es que la misma ley (art¨ªculo 17) se?ala que "los centros sanitarios tienen la obligaci¨®n de conservar la documentaci¨®n cl¨ªnica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente".

Por otro lado, la misma ley establece que "el acceso a la historia cl¨ªnica con fines judiciales, epidemiol¨®gicos, de salud p¨²blica, de investigaci¨®n o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Org¨¢nica 15/1999, de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal".

Esta norma exige el consentimiento del interesado -en este caso, los pacientes o sus familiares- para comunicar los datos personales a terceros, pero con dos excepciones relevantes: "cuando la cesi¨®n est¨¦ autorizada en una ley" (lo que puede ser el caso de la ley de autonom¨ªa del paciente) y cuando el destinatario sea un fiscal, un juez, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o "instituciones auton¨®micas con funciones an¨¢logas" a estos ¨²ltimos.

Fuentes de Protecci¨®n de Datos explican que, en casos de este tipo, "los detalles son lo m¨¢s importante". La correcci¨®n de la retirada de las historias depender¨¢ del grado de habilitaci¨®n de los inspectores, de si hab¨ªa alg¨²n tipo de deficiencia en la seguridad del archivo, de si se ha vulnerado alg¨²n secreto y, sobre todo, de la finalidad concreta para la que se ha retirado cada historia cl¨ªnica. El examen de estos detalles es competencia de la Agencia de Protecci¨®n de Datos de la Comunidad de Madrid.

El consejero Manuel Lamela, justific¨® ayer la retirada de las historias as¨ª: "?C¨®mo puedo remitir estos informes a la fiscal¨ªa sin sacarlos del hospital?". Y el vicepresidente primero del Gobierno de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, asegur¨® que la medida cumple la ley de autonom¨ªa del paciente. A?adi¨®: "Tenemos en este momento una investigaci¨®n abierta ante una situaci¨®n muy delicada y lo que hemos hecho es aplicar la ley, que permite que los expedientes sean custodiados, en su caso, por el juez, a requerimiento de la autoridad judicial, o por la propia inspecci¨®n, cuando lo considera conveniente para el ejercicio de sus tareas inspectoras".

Por su parte, la presidenta de la junta de personal del hospital, Isabel Serrano, anunci¨® medidas judiciales. Explic¨® que el personal presente en el hospital cuando llegaron los inspectores les pidi¨® que se identificaran, y que ¨¦stos "se negaron", informa Efe. Dijo tambi¨¦n que la junta de personal pidi¨® explicaciones al gerente del centro, que a su vez explic¨® que se trataba de una orden de la consejer¨ªa. El jefe de Urolog¨ªa, Fernando Jimeno, dijo que s¨®lo hab¨ªa un precedente de una actuaci¨®n similar, pero que en aquel caso hab¨ªa orden judicial.