Obras P¨²blicas denunciar¨¢ ante la fiscal¨ªa las construcciones ilegales en dos municipios de C¨¢diz

La Delegaci¨®n de Obras P¨²blicas en C¨¢diz denunciar¨¢ ante el Ministerio Fiscal la proliferaci¨®n de viviendas ilegales en el Pinar de Coig, espacio protegido de El Puerto de Santa Mar¨ªa, y El Marquesado, un crecimiento inmobiliario irregular en el t¨¦rmino municipal de Chiclana de la Frontera.

Asimismo, la Junta llevar¨¢ ante la fiscal¨ªa gaditana "otras construcciones aisladas, fundamentalmente en la zona litoral de la provincia", seg¨²n dijo el delegado de Obras P¨²blicas, Pablo Lorenzo, con el fin de actuar "para restablecer la normalidad urban¨ªstica". La Junta record¨® que para poder acometer "el derribo" de las viviendas ilegales "es necesario una orden judicial".

En relaci¨®n al Pinar de Coig, Lorenzo explic¨® que se trata de un suelo "de especial protecci¨®n" por tener calificaci¨®n de Sistema General de Espacio Libre tanto en el Plan de Ordenaci¨®n Urbana de El Puerto como en el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de la Bah¨ªa de C¨¢diz.

La Administraci¨®n auton¨®mica ha iniciado una campa?a de "inspecciones urban¨ªsticas" que demuestra, seg¨²n el delegado de Obras P¨²blicas, "gran evidencia de ilegalidad" en el desarrollo de una veintena de parcelaciones y unas treinta construcciones sin ning¨²n tipo de licencia.

Esta proliferaci¨®n de viviendas ilegales ha sido tambi¨¦n denunciada por la asociaci¨®n Ecologistas en Acci¨®n ante la fiscal¨ªa de C¨¢diz. En su escrito, los ecologistas denunciaron al alcalde de El Puerto, Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s y al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez, ambos de Independientes Portuenses, por "prevaricaci¨®n medioambiental con omisi¨®n dolosa o imprudente".

Segunda residencia

En cuanto al desarrollo irregular en Chiclana, la Junta ha detectado que el crecimiento tur¨ªstico de la zona ha favorecido el desarrollo de construcciones ilegales, en su mayor parte chal¨¦s de segunda residencia, que en ocasiones son puestas en el mercado, incluso, por agencias inmobiliarias.

La compa?¨ªa el¨¦ctrica Endesa decidi¨® el pasado febrero suspender el suministro a unas 200 edificaciones de esta zona, tras comprobar que carec¨ªan de licencia municipal.

En todos los casos, Lorenzo aclar¨® que "las competencias son de los ayuntamientos y la Junta s¨®lo act¨²a de forma subsidiaria cuando ¨¦stos no toman medidas para restablecer la legalidad". Junto a la denuncia de estos casos ante la Fiscal¨ªa, el delegado de Obras P¨²blicas anunci¨® "nuevos procesos sancionadores" contra los propietarios de los terrenos parcelados o edificados ilegalmente.

La norma establece que la autoridad urban¨ªstica, en caso de persistir la conducta ilegal, puede establecer hasta una decena de multas por una cuant¨ªa, cada una de ellas, de hasta el 10% del valor del proyecto ejecutado.