Siete ayuntamientos del PP alegan contra la reserva de suelo para el trasvase derogado

La tercera parte de los municipios que han alegado contra el Plan de Acci¨®n Territorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana elaborado por la Generalitat est¨¢n gobernados por el PP. El decreto, aprobado el pasado viernes por el Consell, recibi¨® veinte alegaciones, de las que once proced¨ªan de ayuntamientos gobernados por el PSPV, siete de municipios del PP, uno de L'Entesa y otro de un partido independiente.

De las veinte alegaciones presentadas se han admitido siete, aunque fuentes de la Consejer¨ªa de Territorio no pudieron ayer determinar en qu¨¦ porcentaje han sido escuchadas las de populares y socialistas, pero matizaron que se han aceptado de ambos partidos. La mayor¨ªa de las alegaciones han hecho referencia a planes proyectados o, incluso, aprobados por los ayuntamientos, que se ven afectados por una parte de los 155 kil¨®metros cuadrados que la Generalitat ha decidido reservar para desarrollar el futuro trasvase del Ebro, cuando "las circunstancias pol¨ªticas lo permitan", tal como se?al¨® el consejero de Territorio, Rafael Blasco. En cualquier caso, seg¨²n fuentes de la consejer¨ªa, los ayuntamientos habr¨¢n de supeditar sus planes a esta reserva de suelo y s¨®lo podr¨¢n desarrollarlos en el caso de que la programaci¨®n urban¨ªstica prevista por los municipios no afecte al plan que declara no urbanizable una franja de 200 metros a cada lado del futuro canal en todo su recorrido por la Comunidad Valenciana. As¨ª, en su respuesta a las alegaciones, la consejer¨ªa se?ala que los consistorios habr¨¢n de ajustar sus planeamientos ya que, sobre las decisiones municipales, prevalecer¨¢ el plan de reserva de suelo para el futuro y posible trasvase ya que se trata de un proyecto de acci¨®n territorial y capaz de someter los desarrollos locales, tal como permite la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio. La franja cruza las tres provincias, de norte a sur, ocupa una superficie de 155 kil¨®metros cuadrados, en un 99% suelo no urbanizable, y afecta a 65 municipios: 20 de Castell¨®n, 37 de Valencia y 8 de Alicante.

Blasco habl¨® ayer del "consenso hist¨®rico" obtenido por el Consell sobre la reserva de suelo, ya que, seg¨²n dijo el 80% de los municipios afectados han mostrado su total apoyo al mismo. El consejero bas¨® esta afirmaci¨®n en el hecho de que algo menos de un tercio de los ayuntamientos afectados han presentado alegaciones y arremeti¨® contra la "actitud de bloqueo del PSPV" porque 11 municipios socialistas plantearon la afecci¨®n de la reserva a sus planeamientos. Olocau, Dome?o, Algimia de Alfara, Sumac¨¤rcer, Onda, Costur, Villena, Pedralba, La Vall d'Uix¨®, Cheste y L'Alcora son algunos de los municipios mencionados por Blasco, quien, sin embargo, no habl¨® de Vall d'Alba, Les Coves de Vinrom¨¤, Pe?¨ªscola, Vilanova d'Alcolea y Vilafam¨¦s, gobernados por el PP en Castell¨®n y que, en el caso de esta provincia, alcanzan el 50% de las alegaciones al plan.

Por otra parte, los ocho diputados de ERC en el Congreso de los Diputados anunciaron ayer su voto en contra del proyecto de Ley del Plan Hidrol¨®gico Nacional, que deroga el trasvase del Ebro, en la votaci¨®n del pleno del pr¨®ximo jueves, si se mantiene en el texto el trasvase J¨²car-Vinalop¨®. Los tres diputados de Izquierda Unida (IU) no apoyar¨¢n el texto, pero todav¨ªa no han definido si su voto ser¨¢ negativo o se abstendr¨¢n. La diputada de IU Isaura Navarro dijo que el trasvase J¨²car-Vinalop¨® "se mantiene por razones electoralistas y no ambientales" y se "debe derogar porque es insostenible econ¨®mica y ambientalmente" como el del Ebro. Los dos diputados de ICV, con los que IU forma grupo parlamentario, no han decidido su voto. Los Verdes, formaci¨®n adscrita al Grupo Socialista con un diputado, tampoco apoyar¨¢ el texto.

Ayer, el consejero de Infraestructuras y Transporte, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, explic¨® que el Gobierno del PP ha terminado desde el inicio de esta legislatura un total de 62 actuaciones para la mejora de la gesti¨®n h¨ªdrica en la provincia de Alicante, que han supuesto una inversi¨®n de 95 millones de euros, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente "no ha licitado ninguna y exige a la Comunidad Valenciana lo que no pide a otras comunidades".