Los desaf¨ªos de un Estado laico

Hasta hace pocos a?os, la gran mayor¨ªa de los partidarios de la laicidad defend¨ªan la separaci¨®n neta del Estado respecto a la Iglesia; ahora, algunos laicos ya no tienen tan claro que eso deba traducirse en la indiferencia del poder. Parec¨ªa que la religi¨®n hab¨ªa sido derrotada por la modernidad, pero se ha hecho omnipresente en los conflictos mundiales, de Oriente Pr¨®ximo a Irak, pasando por la bio¨¦tica, el aborto o el espacio de las mujeres en la sociedad.

La Federaci¨®n de Entidades Religiosas Evang¨¦licas (Ferede) afirma que hay 2.200 confesiones evang¨¦licas en Espa?a, de ellas 1.970 en su federaci¨®n. La mayor¨ªa de los protestantes vienen de otros pa¨ªses. El n¨²mero de musulmanes se estima en 700.000, aunque es m¨¢s dif¨ªcil precisar su grado de pr¨¢ctica religiosa.

"Nos encontramos ante un hecho nuevo", recalca Dionisio Llamazares, catedr¨¢tico de Laicismo y Libertades P¨²blicas en la Universidad Carlos III. "Ten¨ªamos un problema y se nos ha multiplicado. Esto es un reto fundamental para el poder p¨²blico". Llamazares fue el director de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993 y como tal negoci¨® los primeros acuerdos de reconocimiento del Estado a las comunidades evang¨¦lica, jud¨ªa e isl¨¢mica.

Han corrido r¨ªos de tinta sobre la previsi¨®n constitucional de que el Estado "coopere" con las confesiones religiosas. La Comisi¨®n Isl¨¢mica Espa?ola, encabezada por Mansur Escudero, pide que se regule la ense?anza del islam en la escuela, alegando que debe evitarse as¨ª el progreso de los radicalismos. La aparici¨®n de la primera treintena de profesores evang¨¦licos en centros p¨²blicos espa?oles este curso se ha producido de la manera m¨¢s discreta posible. La Federaci¨®n de Entidades Evang¨¦licas se?ala la persistencia de otras "situaciones discriminatorias", como la imposibilidad legal para los contribuyentes protestantes de destinar a sus iglesias el 0,5% del impuesto sobre la renta (IRPF), las restricciones al ejercicio de manifestaci¨®n religiosa (en contraste con las procesiones cat¨®licas) o las dificultades para acceder a suelo p¨²blico en el que instalar lugares de culto.

Dinero para iglesias minoritarias

El Gobierno ha dado un primer paso hacia la financiaci¨®n de las confesiones minoritarias. Para ello ha montado la Fundaci¨®n Pluralismo y Convivencia, dotada con tres millones de euros del presupuesto estatal. Poco dinero, en comparaci¨®n con los 141,46 millones reservados a la Iglesia cat¨®lica. Cualitativamente, las condiciones tambi¨¦n son distintas: el episcopado utiliza libremente los fondos estatales que recibe (con ellos sostiene el culto y el clero), mientras que el dinero para otras confesiones ha de ser canalizado hacia proyectos de car¨¢cter cultural, educativo y de integraci¨®n social.

El Gobierno se reserva el control. La constituci¨®n de esa entidad fue presidida por el ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez-Aguilar, y en su patronato se incluyen personas de la Administraci¨®n y otras que han recibido el visto bueno de los dirigentes de confesiones minoritarias. A juicio de partidarios de la laicidad, este paso implica "abrir un espacio a las confesiones no cat¨®licas dentro del Estado constitucional". Su actitud es desconfiada: "La religi¨®n sin control, due?a de almas y cuerpos, es un peligro cierto para la libertad", opina uno de sus militantes, Joan-Francesc Pont Clemente, profesor de la Universidad de Barcelona. "Una separaci¨®n absoluta entre el Estado y las iglesias no ser¨ªa conveniente, sobre todo despu¨¦s de la aparici¨®n del islamismo como una religi¨®n importante. No podemos cerrar los ojos al islam o terminar¨¢n financi¨¢ndolo por entero Arabia Saud¨ª o grupos integristas", argumenta. "Pedimos que los musulmanes puedan tener sus mezquitas en lugares bien situados y que no funcionen los lugares de culto en garajes ni en s¨®tanos", donde resulta incontrolable la actividad de los grupos m¨¢s radicales.

En otros lugares de Europa hay bastantes imanes venidos desde otros pa¨ªses y flujos de dinero de origen muchas veces mal conocido. Espa?a apenas ha comenzado a descubrir el pluralismo religioso. Cada iniciativa de los sectores laicos a sujeta las iglesias a derecho ha sido recibida con muchos recelos por sectores cat¨®licos: la sociedad espa?ola est¨¢ acostumbrada a convivir con una sola religi¨®n.

En 1978 se declaraban cat¨®licos el 90% de los ciudadanos y dos tercios de la poblaci¨®n espa?ola se consideraban cat¨®licos practicantes. En 2005, el conjunto de cat¨®licos sigue siendo importante (80%, seg¨²n el ¨²ltimo estudio del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas), aunque el vaciamiento de los templos y la desertizaci¨®n de los seminarios dan cuenta de un sentimiento confesional cada vez m¨¢s difuso. En paralelo van creciendo otras iglesias y, desde luego, el n¨²mero de personas que se consideran no creyentes, agn¨®sticas o indiferentes al hecho religioso.

La inmigraci¨®n empieza a notarse

El pluralismo cultural y religioso tiende a crecer, aunque s¨®lo sea porque Espa?a contaba con 750.000 inmigrantes en 1998 y vio elevada esa cifra hasta 2,5 millones en 2003. Expertos de la Fundaci¨®n Cives -una de las entidades m¨¢s activas a favor de la laicidad del Estado- creen que una afluencia tan r¨¢pida y desordenada de personas impedir¨¢ que su integraci¨®n social se realice de modo equilibrado.

Hasta ahora da la impresi¨®n de que ese mundo nuevo es casi invisible. No reclama nada, salvo que le dejen permanecer en Espa?a, aunque sea en situaciones ilegales o incluso clandestinas. Pero la pel¨ªcula de los hechos previsibles ya se ha visto antes en otros pa¨ªses europeos, receptores de migraciones mucho m¨¢s tempranas. La inmigraci¨®n produce efectos m¨¢s importantes de los que reflejan las estad¨ªsticas globales, porque tiende a concentrarse en relativamente pocas zonas de cada pa¨ªs, incrementando la sensaci¨®n de una presencia mucho mayor de la que reflejan las fr¨ªas estad¨ªsticas.

Ya es sabido que algunos barrios de la capital de Espa?a se vac¨ªan de madrile?os de origen, cuyo lugar est¨¢ siendo ocupado por personas procedentes de una heterogeneidad de pa¨ªses. Un caldo de cultivo favorable al integrismo, de una parte; y al crecimiento de las actitudes de extrema derecha, de otro.

M¨¢s all¨¢ de los Pirineos, la laica Francia cumple este a?o el primer centenario de la ley de separaci¨®n entre la Iglesia y el Estado, en medio de una situaci¨®n interesante: se ha acentuado el debate entre los laicistas tradicionales, partidarios de una separaci¨®n lo m¨¢s n¨ªtida posible entre las instituciones confesionales y el Estado; y los que sostienen que la religi¨®n no debe ser un hecho completamente ajeno al Estado, porque sus efectos trascienden el ¨¢mbito meramente privado.

El Estado como ¨¢rbitro

La Constituci¨®n define a Francia como "una Rep¨²blica laica", pero el sentido de ese adjetivo no fue precisado. Hay que remontarse a la ley del 9 de diciembre de 1905, que sancion¨® la separaci¨®n entre Iglesia y Estado, para encontrar los preceptos aclaratorios: art¨ªculo primero, se respeta la libertad de cultos; art¨ªculo segundo, la Rep¨²blica "no reconoce, ni subvenciona, ni paga salarios a ning¨²n culto". Sostener las iglesias con fondos estatales o que se imparta ense?anza religiosa en centros p¨²blicos son conceptos aberrantes en el contexto franc¨¦s.

Pero esos fundamentos legales han sido cuestionados con el paso del tiempo. La propia ley francesa de 1905, que separ¨® el Estado de la Iglesia, entreg¨® a "asociaciones culturales" la gesti¨®n de los lugares del culto cat¨®lico, con los que el poder p¨²blico no habr¨ªa sabido qu¨¦ hacer. Las administraciones francesas pagan a unos 45.000 profesores de las escuelas cat¨®licas y jud¨ªas, en las que estudian el 13% del total de alumnos de primaria y el 20% de secundaria; se trata de centros que disponen de "contrato con el Estado", un r¨¦gimen comparable a la ense?anza concertada en Espa?a. Desde 1987 es legal obtener una deducci¨®n fiscal por donativos religiosos, ventaja que se suma a la exenci¨®n del impuesto sobre la propiedad y del impuesto de habitaci¨®n.

La laicidad no implica una actitud de persecuci¨®n religiosa, seg¨²n sus defensores. "En realidad, pone al Estado en la posici¨®n de un ¨¢rbitro cuyas reglas del juego son los derechos humanos", explica el jurista Olivier Schrameck, ex embajador de Francia en Espa?a. Para ser pluralista, "el Estado debe ser neutro. En particular, aunque sea con las mejores intenciones, no debe dejarse llevar y propagar, en nombre del laicismo, una moral racional que, supuestamente, pueda regir al conjunto de la sociedad. Promover el laicismo como ideolog¨ªa ser¨ªa precisamente admitir su relatividad".

El islam en tierra laica

Una persona tan significada en la pol¨ªtica francesa como el ex ministro de Interior y de Econom¨ªa Nicolas Sarkozy, actual jefe del principal partido de la derecha, ha promovido el debate al declarar obsoleto el laicismo de 1905. ?l defiende la integraci¨®n del islam en la Rep¨²blica, financiando de manera privilegiada a esta religi¨®n para que pueda organizarse y funcionar como las dem¨¢s. Se basa en que la separaci¨®n entre la Iglesia y el Estado se efectu¨® mucho antes de que comenzaran las grandes migraciones: pero actualmente hay cinco millones de musulmanes en Francia y esta comunidad se caracteriza por ser de un origen m¨¢s modesto que los cat¨®licos y los jud¨ªos, constituido sobre la base de la mano de obra llegada a Francia y sin patrimonio recibido en herencia.

Con tal planteamiento, Nicolas Sarkozy ha cogido a contrapi¨¦ a los partidarios de un laicismo cl¨¢sico, pero tambi¨¦n a los responsables de la comunidad musulmana, a los que constri?e a jugar el juego con las reglas del Estado.

El pol¨ªtico franc¨¦s se confiesa cat¨®lico. "Cuando uno es creyente, no se debe temer la emergencia y el reconocimiento de otra confesi¨®n", afirma el l¨ªder de la derecha francesa, invitando a los dirigentes de la Iglesia cat¨®lica de su pa¨ªs a "suscitar una gran reflexi¨®n sobre la necesidad de construir sinagogas, iglesias y mezquitas en los suburbios", como un medio de integrar a los individuos y a la sociedad en las zonas m¨¢s plurales, conflictivas y a menudo marginadas. Sus ideas no convencen a otras muchas personas en Francia -empezando por el presidente de la Rep¨²blica, Jacques Chirac- que le acusan de utilizar la religi¨®n para mantener el orden o, a lo sumo, para crear un lazo social all¨ª donde reina el liberalismo econ¨®mico.

Este debate puede parecer "muy franc¨¦s", pero hay otros datos no exentos de inter¨¦s. Por ejemplo: desde que ha comenzado el curso acad¨¦mico, est¨¢ prohibida la exhibici¨®n de signos religiosos en la escuela p¨²blica francesa, en una iniciativa impulsada por Chirac. Tal prohibici¨®n ha surtido efectos: 44 muchachas que estudiaban en colegios e institutos de ense?anza media han sido expulsadas del sistema educativo a lo largo del curso por insistir en llevar el velo o pa?uelo isl¨¢mico en clase. La sociedad francesa ha sido capaz de subordinar el derecho a la educaci¨®n al mantenimiento del "orden p¨²blico" laico.

Lejos de tales problemas, todav¨ªa muy incipientes en Espa?a, los partidarios del laicismo del Estado est¨¢n de momento en otra batalla. Su objetivo es la promulgaci¨®n de normas que acent¨²en la neutralidad religiosa de la Administraci¨®n a trav¨¦s de un Estatuto de Laicidad.

La iniciativa ha sido valorada severamente por intelectuales cat¨®licos. A ra¨ªz del discurso de Juan Pablo II contra el laicismo en Espa?a, en el mes de enero pasado, el catedr¨¢tico Rafael Navarro-Valls glos¨® palabras de Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregaci¨®n vaticana para la Doctrina de la Fe y actual Papa, imputando al laicismo constituir una ideolog¨ªa que impone lo que se debe pensar y decir. A juicio de Navarro-Valls, el problema reside en la "intolerancia de doble signo": el fundamentalismo, de una parte; y de otra, el intento de sustituir las convicciones sociales por una ideolog¨ªa oficial.

"El Gobierno no est¨¢ elaborando Estatuto de Laicidad alguno", asegura un portavoz del Ministerio de Justicia, el departamento que lleva la relaci¨®n con las confesiones religiosas. La reflexi¨®n existente procede de un grupo formado por parlamentarios de varias fuerzas pol¨ªticas (en el que no participa el Partido Popular), que lo conciben como un marco de garant¨ªas para caminar hacia la neutralidad ideol¨®gica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones y servicios p¨²blicos.

La idea naci¨® de la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, que agrupa a fundaciones civiles, sindicatos, grupos feministas, asociaciones pro-derechos humanos y otros grupos. "No se trata de proponer un proyecto de ley articulado, un cuerpo jur¨ªdico cerrado, sino un conjunto de principios y normas", seg¨²n el diputado socialista Victorino Mayoral, miembro del intergrupo parlamentario que trabaja en este asunto y presidente de la fundaci¨®n cultural Cives.

"El Estatuto de Laicidad deber¨ªa garantizar la asistencia religiosa o moral que los ciudadanos demanden en instituciones y centros p¨²blicos, hospitales, c¨¢rceles, acuartelamientos y otros recintos", seg¨²n este parlamentario.

Los documentos manejados por los promotores se oponen a que los profesores de religi¨®n pertenezcan al claustro acad¨¦mico a todos los efectos, "como si fueran funcionarios p¨²blicos docentes", pese a tratarse de profesores designados por sus respectivas confesiones. Igualmente se oponen a un sistema de designaci¨®n y despido de profesores de religi¨®n "que permite instrumentalizar al Estado como ejecutor de despidos por raz¨®n confesional, contrariando el Estatuto de los Trabajadores y haciendo realidad la aplicaci¨®n de un despido ideol¨®gico de imposible amparo constitucional".

"Desde luego, no se trata de prohibir las procesiones de Semana Santa, como alguien ha dicho por ah¨ª", precisa Mayoral.

Neutralidad de los s¨ªmbolos

Un punto b¨¢sico para los defensores de la laicidad consiste en acabar con la identificaci¨®n entre las instituciones p¨²blicas y una determinada confesi¨®n religiosa. Algunos actos militares, que a¨²n denotan la pervivencia del catolicismo como religi¨®n del Ej¨¦rcito, les parecen incompatibles con la neutralidad as¨ª concebida.

Otro objetivo consiste en evitar escenas como las vividas en el funeral de Estado por las v¨ªctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, realizado de acuerdo con el modelo de la confesi¨®n cat¨®lica, que provoc¨® protestas por parte de creyentes no cat¨®licos y otros sectores de opini¨®n.

No menos chocantes son, para esos sectores, la participaci¨®n del Rey u otros representantes del Estado en la ofrenda nacional al Ap¨®stol Santiago. El rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, se?al¨® el a?o pasado, en un art¨ªculo, la responsabilidad de los poderes p¨²blicos que mantienen "tradiciones obsoletas", en referencia a ese acto. El celebrado el 25 de julio de 2004 en la catedral de Santiago cont¨® con la presencia del jefe del Ejecutivo, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que recibi¨® una reprimenda en p¨²blico del arzobispo Juli¨¢n Barrio, por iniciativas de su Gobierno. Otros pa¨ªses cuidan las circunstancias en que sus m¨¢s altos mandatarios asisten a actos religiosos. Se puede ver al presidente de Francia, Jacques Chirac, o al de los Estados Unidos, George W. Bush, en actos ecum¨¦nicos con motivos muy se?alados; fuera de ese marco, acuden a t¨ªtulo privado.