Un arsenal invisible amenaza Centroam¨¦rica

Unos dos millones de armas de fuego circulan legal e ilegalmente en Centroam¨¦rica, seg¨²n las cifras de diversas instituciones que ejercen una funci¨®n de registro y regulaci¨®n. De esta cantidad, 450.000 est¨¢n en El Salvador en manos de civiles, dentro de lo que la Fundaci¨®n Arias para la Paz y el Progreso denomina el arsenal invisible, compuesto esencialmente por pistolas, armas largas y explosivos. La consecuencia es inevitable: ninguna regi¨®n en el mundo enfrenta los niveles de violencia por delincuencia y criminalidad com¨²n de Latinoam¨¦rica, y, dentro de ¨¦sta, El Salvador ocupa un lugar predominante.

"Hay en nuestra sociedad un patr¨®n cultural muy arraigado, que da por sentado que todo ciudadano tiene derecho a defenderse", dice la psic¨®loga Mar¨ªa Santa Cruz, analista del Instituto Universitario de Opini¨®n P¨²blica (IUOP) de la Universidad Centroamericana Jos¨¦ Sime¨®n Ca?as. "Impera el criterio de que mi seguridad est¨¢ por encima de la de cualquier persona, y de que la violencia es una v¨ªa leg¨ªtima de resolver problemas", a?ade.

La privatizaci¨®n de la seguridad gener¨® una proliferaci¨®n de empresas con armas

Los pa¨ªses con mayor ¨ªndice de violencia son los mismos que sufrieron guerra civil

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) patrocin¨® en El Salvador una investigaci¨®n sobre las armas de fuego y violencia en la que participaron instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales. El trabajo concluy¨® que las naciones de Am¨¦rica Latina que padecen los mayores ¨ªndices de violencia com¨²n (Colombia, Guatemala y El Salvador) son las mismas que han tenido guerras civiles m¨¢s prolongadas en la historia contempor¨¢nea de la regi¨®n. Los conflictos b¨¦licos exacerbaron las condiciones para que la violencia siguiera reproduci¨¦ndose. En el caso salvadore?o, Jos¨¦ Miguel Cruz, director del estudio, menciona la debilidad institucional, la disponibilidad de armamento y la cultura de la violencia.

Los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a una guerra de 12 a?os, establec¨ªan el desarme de la sociedad. Se destruyeron muchas armas y hubo iniciativas de la sociedad civil, como la que se llamaba Bienes de consumo por armas de fuego, que permit¨ªa el intercambio de armas por bienes de la cesta b¨¢sica. Sin embargo, el fin de la guerra no acab¨® con el abastecimiento de armas, sino que signific¨® su ampliaci¨®n en el pa¨ªs y en toda la regi¨®n.

Para legalizar muchas armas que exist¨ªan, el Congreso aprob¨® decretos transitorios que permit¨ªan el registro y legalizaci¨®n de armas sin necesidad de presentar una factura de compra. Es decir, pod¨ªa haber sido adquirida en el mercado negro o utilizada para cometer un crimen. En consecuencia, muchas armas que estaban en la clandestinidad fueron legalizadas sin conocer su procedencia.

En 1999 se aprob¨® la Ley de Armas, actualmente en vigor, que supone un peque?o avance legislativo en el control, pero es muy permisiva en la tenencia. No establece l¨ªmites sobre la cantidad de armas y municiones que puede tener un ciudadano (en Honduras la ley pone un tope de cinco armas), y permite que ciertos funcionarios p¨²blicos posean armas de grueso calibre para su protecci¨®n, incluidas armas de guerra como el M-16 y el AK-47. Para obtener una licencia de armas, que entrega la Direcci¨®n de Log¨ªstica del Ministerio de Defensa, no se exige una capacitaci¨®n exhaustiva en la materia, y casi nunca se realizan las pruebas te¨®ricas y pr¨¢cticas que la ley determina.

"No todos los salvadore?os tienen una preferencia por las armas", subraya Mar¨ªa Santa Cruz, aunque, seg¨²n una encuesta del IUOP, una tercera parte de la poblaci¨®n admite que tiene un arma o que la tendr¨ªa si pudiera. ?Qu¨¦ pasar¨ªa si un diputado o un grupo parlamentario presentara en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la tenencia de armas? "Ser¨ªa rechazada", responde sin titubear Santa Cruz. "La mayor¨ªa de pol¨ªticos considera que no debe haber un desarme todav¨ªa. Hay muchos intereses econ¨®micos y pol¨ªticos, por ejemplo, de los traficantes de armas y del negocio de la seguridad, en el que hay muchos ex militares".

La privatizaci¨®n de la seguridad ha generado una proliferaci¨®n de empresas que tienen en su poder gran cantidad de armas. Muchos vigilantes jurados y polic¨ªas y militares retirados est¨¢n implicados en actividades delictivas, seg¨²n muestran los expedientes judiciales.

La disponibilidad masiva de armas y "la cultura de fuego" imperante, junto a la falta de pol¨ªticas p¨²blicas, son causas determinantes para la proliferaci¨®n de pandillas extremadamente violentas, seg¨²n la psic¨®loga Mar¨ªa Santa Cruz. "Se habla mucho de los deportados de Estados Unidos y de la desintegraci¨®n familiar, pero el terreno que hay en El Salvador es muy f¨¦rtil para la delincuencia juvenil".