Federalismo fiscal

El tripartito catal¨¢n ha presentado por fin su propuesta de nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que prev¨¦ la recaudaci¨®n ¨ªntegra de todos los impuestos en Catalu?a, la devoluci¨®n de un m¨¢ximo del 50% a la Administraci¨®n central y el establecimiento de un complejo mecanismo de solidaridad a trav¨¦s de unas transferencias progresivas en funci¨®n de la divergencia en la renta per c¨¢pita con otras autonom¨ªas.

La primera reacci¨®n del Gobierno ha venido del presidente Rodr¨ªguez Zapatero y del vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes. Sin aspavientos ret¨®ricos han venido a recordar lo obvio: que cualquier proyecto de financiaci¨®n auton¨®mica requiere el debate y el acuerdo con las dem¨¢s comunidades y, por supuesto, con el propio Gobierno de Espa?a. A excepci¨®n de los territorios forales del Pa¨ªs Vasco y Navarra, a los que la Constituci¨®n reconoce un r¨¦gimen singular de concierto, la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas debe atenerse a unas reglas comunes que no puede fijar una de ellas.

El tripartito catal¨¢n contempla la eventual aplicaci¨®n de su f¨®rmula por otras comunidades, pero reivindica su legitimidad para incluirla en el texto del nuevo Estatuto. Es un planteamiento que ya se ha encontrado con las primeras reacciones adversas por parte de dirigentes socialistas de otras comunidades aut¨®nomas. En realidad, la elaboraci¨®n del Estatuto se ha anticipado a la reforma constitucional que deber¨ªa convertir el Senado en una aut¨¦ntica C¨¢mara territorial capaz de acoger el debate sobre la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. A falta de esa instituci¨®n, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, en el que est¨¢n presentes el Gobierno y las autonom¨ªas, debe canalizar esta cuesti¨®n.

El consejero de Econom¨ªa y principal art¨ªfice del proyecto, Antoni Castells, invoc¨® ayer la "inspiraci¨®n federal" de la propuesta. La combinaci¨®n de gesti¨®n tributaria total, plena capacidad normativa, cesi¨®n de una parte al Estado y definici¨®n de los mecanismos de solidaridad concuerda a duras penas con el modelo vigente de un Estado auton¨®mico en el que el Gobierno central debe actuar como principal garante del binomio igualdad-solidaridad. La argumentaci¨®n hasta ahora utilizada por el tripartito camina en una direcci¨®n que apunta hacia los resultados del concierto vasco.

No ser¨ªa de recibo un concepto de solidaridad limitado y fijado desde la autonom¨ªa que la ejerce. Como la cohesi¨®n territorial, gestionar la solidaridad es por principio una cuesti¨®n que compete al Gobierno central, que est¨¢ obligado a garantizar a todos los ciudadanos la igualdad b¨¢sica en servicios esenciales como salud, educaci¨®n y pensiones.

Hubo un tiempo en que Maragall acu?¨® la f¨®rmula "pagar por renta, recibir por poblaci¨®n". La Generalitat argumenta que ese modelo no se ha cumplido y propone un complejo sistema inspirado en algunos estados federales. En el fondo del proyecto late la convicci¨®n de que la contribuci¨®n de Catalu?a es excesiva. Es impropio de un Gobierno de izquierdas decir, como han hecho algunos de sus portavoces, que es preciso limitar la solidaridad. Otra cosa es estudiar mecanismos que impidan la descapitalizaci¨®n de las zonas de mayor prosperidad. La insuficiencia financiera en Catalu?a ha sido reconocida por el Gobierno y es algo a negociar, pero amalgamarla con argumentos insolidarios perjudica ante todo a quienes los utilizan.

Est¨¢ claro que la descentralizaci¨®n pol¨ªtica exige descentralizaci¨®n fiscal. A las competencias crecientes en materia de gasto deben corresponder tambi¨¦n competencias en la generaci¨®n de ingresos y, por tanto, en la gesti¨®n de la tributaci¨®n. La dificultad estriba en garantizar el equilibrio necesario en todo Estado descentralizado entre suficiencia de los ingresos tributarios y solidaridad en el seno del Estado. Tambi¨¦n en calibrar exactamente la cesta de impuestos. El tripartito llega muy lejos y quiere que est¨¦n todos, incluso el de sociedades, que es de regionalizaci¨®n muy problem¨¢tica y favorecer¨ªa primero a Madrid y en segundo lugar a Catalu?a, en detrimento del resto.

La propuesta presentada ayer puede ser discutida en un organismo en el que est¨¦n representadas todas las comunidades. Lo que chocar¨ªa con la invocaci¨®n federal es que se tratara de fijar desde un territorio y que la Administraci¨®n catalana pretendiera reducir el papel del Estado a un mero receptor. Del actual desequilibrio fiscal en favor de la Administraci¨®n central se pasar¨ªa al desequilibrio contrario. Un esquema de inspiraci¨®n federal deber¨ªa sostenerse sobre una Agencia Tributaria en la que participen las distintas administraciones bajo la f¨®rmula de consorcio y no de la mera coordinaci¨®n.

En realidad, ¨¦sta es una cuesti¨®n central que se dirime en el debate que se abre ahora. Sin di¨¢logo y negociaci¨®n multilateral, con las otras comunidades aut¨®nomas y con el Gobierno central, no hay federalismo. El Gobierno de Zapatero tiene por delante un dif¨ªcil desaf¨ªo que no se puede posponer hasta que el texto estatutario sea enviado a las Cortes. Es ahora cuando debe comenzar la negociaci¨®n.