Los otros estatutos

La atenci¨®n p¨²blica se centra siempre en la reforma de los estatutos de autonom¨ªa m¨¢s problem¨¢ticos, es decir, el vasco y el catal¨¢n, pero lo cierto es que el proceso de cambios estatutarios est¨¢ ya muy extendido y afecta a otras muchas comunidades, entre ellas, dos tan importantes como Andaluc¨ªa y la Comunidad Valenciana. La rapidez con la que se mueven unos y otros y la necesidad permanente de vigilarse para no quedarse atr¨¢s han provocado algunos incidentes curiosos.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el presidente, Francisco Camps, del PP, lleg¨® a proponer esta semana una disposici¨®n transitoria de manera que el nuevo estatuto asumiera autom¨¢ticamente cualquier nueva competencia que la futura modificaci¨®n de leyes org¨¢nicas dejara a su alcance. Es decir, cualquier nueva competencia que figurara, por ejemplo, en el estatuto de Catalu?a.

Camps lleg¨® a proponer una disposici¨®n para que el nuevo estatuto valenciano asumiera autom¨¢ticamente cualquier competencia que figurara en el de Catalu?a

Inicialmente, Camps dio a entender que la propuesta part¨ªa del PP de Madrid, para "ganar tiempo", y que los socialistas compart¨ªan la idea. Al final qued¨® claro que el PSOE la rechazaba por "incongruente". El desconcertante rifirrafe puso de manifiesto, sin embargo, la desconfianza de unas comunidades respecto a otras y la dificultad de luchar contra la idea de que todos deben dejarse la puerta abierta para llegar exactamente a los mismos techos competenciales que consiga Catalu?a.

En cualquier caso, los cambios en el estatuto valenciano pueden tener una gran influencia en el resto de las comunidades que no se consideran "hist¨®ricas" (es decir, todas menos las tres cl¨¢sicas y Andaluc¨ªa). Por ejemplo, si Valencia decide atribuirse el poder de disolver su Parlamento y convocar nuevas elecciones cuando lo considere oportuno (algo que hoy s¨®lo se reconoce a las comunidades hist¨®ricas), es muy probable que las otras 12 autonom¨ªas del r¨¦gimen general adopten el mismo acuerdo y reh¨²yan la obligaci¨®n de hacerlo todas en la misma fecha en la que el Gobierno convoca las elecciones municipales.

La tramitaci¨®n parlamentaria valenciana va muy adelantada y hay un cierto grado de acuerdo entre el PP y el Partido Socialista. El pr¨®ximo martes est¨¢ prevista una nueva reuni¨®n entre los dos partidos para intentar avanzar en los aspectos m¨¢s pol¨¦micos. Por ejemplo, la creaci¨®n de una agencia tributaria propia, pero que se limite a recaudar y gestionar los impuestos propios y los transferidos, o la creaci¨®n de una polic¨ªa auton¨®mica, que los socialistas valencianos pretendieron que fuera "integral", es decir, con capacidad para intervenir en cuestiones de orden p¨²blico, pero que finalmente el PSOE nacional recondujo a niveles menos ambiciosos.

El caso canario

En el caso andaluz se pretende que los letrados del Parlamento de Sevilla elaboren inmediatamente un documento en el que figuren tanto las propuestas del Partido Socialista como las de los otros grupos "a fin de visualizar coincidencias y diferencias", y que ese documento se empiece tambi¨¦n a discutir en ponencia la semana pr¨®xima.

El Documento para la reforma del estatuto de autonom¨ªa de Andaluc¨ªa, que present¨® el propio Manuel Chaves el pasado jueves d¨ªa 28 en Carmona, es uno de los m¨¢s interesantes para seguir toda la pol¨¦mica estatutaria que se avecina, porque refleja muy bien los l¨ªmites en los que se mueve la mayor¨ªa del Partido Socialista.

El proyecto de reforma de Chaves incluye novedades importantes, pero al mismo tiempo dibuja mecanismos razonablemente aceptables por el resto de las comunidades. Por ejemplo, habla de que Andaluc¨ªa tiene derecho a estar representada en los ¨®rganos de direcci¨®n del Banco de Espa?a, del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos estatales, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que esa representaci¨®n se realice a trav¨¦s de un acuerdo en el Senado y de "forma colegiada" con el resto de las comunidades.

Curiosamente, de momento, la ¨²nica reforma estatutaria que parece congelada es, precisamente, una de las que primero se lanzaron: la del estatuto de Canarias. En esa comunidad es en la ¨²nica en la que el PSOE ni tan siquiera ha aceptado estar presente en la comisi¨®n parlamentaria que debate las propuestas. Los socialistas exigen que al mismo tiempo se reforme la ley electoral canaria, que concede 20 veces m¨¢s peso al voto de un ciudadano de Hierro que a otro de Tenerife o Las Palmas. En Canarias todo va muy lento, aunque desde luego no sea por falta de ambici¨®n de autogobierno: Coalici¨®n Canaria quiere incluso competencias en la regulaci¨®n del espacio a¨¦reo y de las aguas territoriales.