Dios y el C¨¦sar

La aprobaci¨®n hace dos semanas por el Congreso del proyecto de reforma del C¨®digo Civil que abre la instituci¨®n matrimonial a personas del mismo sexo reactiv¨® la ofensiva desatada desde hace meses por la Iglesia cat¨®lica para interferir la autonom¨ªa del Parlamento como ¨®rgano de la soberan¨ªa nacional en el marco de la Constituci¨®n y del Estado de derecho. A comienzos de a?o, el arzobispo de Pamplona hac¨ªa sonar la alarma respecto a la ley en tramitaci¨®n y advert¨ªa sobre sus consecuencias: "Es posible que nos encontremos dentro de poco con una verdadera epidemia de homosexualidad". Monse?or Fernando Sebasti¨¢n llamaba al combate para impedir la inminente cat¨¢strofe: "La sociedad espa?ola tiene que defenderse, rechazando por todos los medios leg¨ªtimos que est¨¦n en su mano esta decisi¨®n del Gobierno que de ninguna manera puede entenderse ni justificarse".

El cardenal em¨¦rito Ricard Maria Carles dirige ahora esas predicciones hacia el absurdo mediante una inferencia disparatada: "Obedecer la ley antes que la conciencia lleva a Auschwitz". Es cierto que la prohibici¨®n legal de los matrimonios entre arios y jud¨ªos precedi¨® a las c¨¢maras de gas; sin embargo, carece de l¨®gica -incluso eclesi¨¢stica- afirmar que la autorizaci¨®n legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo constituya el primer paso hacia un holocausto, cualesquiera que sean sus v¨ªctimas. Una vez aprobada por el Congreso, el objetivo de la campa?a de la Santa Sede contra la reforma del C¨®digo Civil ser¨¢ dificultar la ratificaci¨®n del proyecto por el Senado (donde el PP roza la mayor¨ªa absoluta) y calentar motores para una movilizaci¨®n social orientada a forzar -una vez promulgada la norma- la objeci¨®n de conciencia o la desobediencia civil (los obispos no parecen tener muy claras las diferencias entre ambas instituciones) de los funcionarios y cargos p¨²blicos encargados de aplicar la nueva ley.

La provocadora anomal¨ªa de que los portavoces del Estado vaticano -que mantiene relaciones diplom¨¢ticas con Espa?a regidas por el Derecho Internacional- lleven a cabo esa intromisi¨®n en la pol¨ªtica legislativa de un Gobierno leg¨ªtimamente elegido en las urnas queda agravada por el estricto sometimiento jer¨¢rquico de los obispos de nuestro pa¨ªs a las instrucciones procedentes de la Santa Sede. De este modo, la Jerarqu¨ªa Eclesi¨¢stica espa?ola act¨²a como correa de transmisi¨®n de unos mensajes enviados desde fuera de nuestras fronteras con prop¨®sitos pol¨ªticamente coercitivos: conminar a los parlamentarios cat¨®licos para que se opongan a un proyecto de ley; ordenar a los funcionarios y cargos p¨²blicos de esa creencia religiosa incumplir leyes que tienen el deber constitucional de aplicar; incitar a los electores a presionarlos en tal sentido.

La respuesta evang¨¦lica dada por Jes¨²s -"Lo del C¨¦sar devolv¨¦dselo al C¨¦sar y lo de Dios, a Dios" (Mateo, 22, 21)- bastar¨ªa para rechazar esa indeseable confusi¨®n entre poder secular y celestial. En cualquier caso, la capacidad del Vaticano para dirigir a golpe de hisopo el funcionamiento del sistema democr¨¢tico espa?ol -tal y como ocurri¨® con catastr¨®ficos resultados durante la II Rep¨²blica- se halla actualmente debilitada. La militancia partidista se cruza con el pluralismo ideol¨®gico, religioso y de costumbres de una sociedad compleja con m¨²ltiples identidades superpuestas: un diputado auton¨®mico del PP valenciano ha hecho p¨²blica su homosexualidad y su conformidad con el proyecto socialista. Aunque algunos alcaldes populares se colocaron en posici¨®n de firmes al o¨ªr las consignas eclesi¨¢sticas y anunciaron su prop¨®sito de boicotear la aplicaci¨®n de la ley, la direcci¨®n del PP y la gran mayor¨ªa de sus cargos p¨²blicos municipales han marcado las distancias respecto a esos legionarios pol¨ªtico-religiosos, sin perjuicio de seguir oponi¨¦ndose parlamentariamente a su texto. En una sociedad democr¨¢tica el desacuerdo con el contenido de una norma no implica su incumplimiento: el ¨¢mbito de la objeci¨®n de conciencia de los cargos p¨²blicos ampara s¨®lo la ruptura de la disciplina de voto dentro de los grupos parlamentarios, tal y como har¨¢ el alcalde socialista de A Coru?a en el Senado y tal como hizo -en sentido contrario- la diputada del PP Celia Villalobos en el Congreso.