Debate a dos o entre 17

La respuesta al debate sobre el car¨¢cter m¨¢s o menos bilateral o multilateral que deba tener el sistema auton¨®mico no est¨¢ escrita en la Constituci¨®n. Es pol¨ªtica y depende del perfil que se quiera dar al modelo. Los juristas afirman, en general, que no hay en la Constituci¨®n una opci¨®n definida sobre esta disyuntiva, aunque en muchas ocasiones la naturaleza de las cosas conduce m¨¢s a una u otra opci¨®n. O hacia una mezcla de las dos, en tensi¨®n m¨¢s o menos permanente. Eso significa, seg¨²n el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Manuel Gerpe, de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, que "ni multilateralismo ni bilateralismo pueden ser absolutos".

El actual momento pol¨ªtico, marcado en esta cuesti¨®n por la reforma del Estatuto catal¨¢n, requiere, a juicio de Gerpe, "poner la bilateralidad en primer plano", despu¨¦s de una larga etapa en la que ha imperado la multilateralidad. Poner ahora el acento en la bilateralidad, sostiene, es el m¨¦todo que puede permitir que cada comunidad construya su camino, que es uno de los objetivos de la autonom¨ªa para quienes no la conciben como un mero mecanismo de descentralizaci¨®n administrativa.

En la reforma del Estatuto catal¨¢n se propone remitir a la Comisi¨®n Bilateral Estado-Generalitat la adopci¨®n de decisiones o consultas previas en diversas materias que afecten a competencias exclusivas de la Generalitat. Es uno de los asuntos controvertidos, a los que el PP y, en menor medida, el PSC, han puesto sus reservas.

El papel que acabe adquiriendo esta Comisi¨®n Bilateral puede ser determinante para la "calidad" real de la autonom¨ªa. Es una de las v¨ªas para dar salida a la "singularidad". Los partidos catalanes, particularmente los nacionalistas y los independentistas, creen que los ¨®rganos multilaterales han servido para reducir la autonom¨ªa, bajo la excusa de la coordinaci¨®n.

Uno de los puntos m¨¢s espinosos, la financiaci¨®n, es un caso claro de la tensi¨®n entre multilateralidad y bilateralidad. En la pr¨¢ctica, la financiaci¨®n auton¨®mica ha sido siempre objeto de negociaci¨®n bilateral. El profesor de Derecho Constitucional Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Casanova subraya que pocos asuntos son de tanto inter¨¦s general como ¨¦ste y la decisi¨®n ¨²ltima sobre ¨¦l corresponde a las Cortes.

La experiencia indica que, tras negociaciones bilaterales a veces muy complejas, los acuerdos en esta materia se toman en un ¨®rgano multilateral, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, formado por el Gobierno y las comunidades de r¨¦gimen com¨²n. Sin embargo, la aplicaci¨®n de estas decisiones no puede ser impuesta a las comunidades. Su aplicaci¨®n ha de ser decidida por las Comisiones Mixtas de Traspasos, o la de Valoraciones en el caso catal¨¢n, que son paritarias. Tres comunidades, Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura se negaron en 1997 a aplicar una reforma de la financiaci¨®n y nadie pudo impedirlo.

La Constituci¨®n (138.1 y 2) atribuye expresamente al Estado un aspecto esencial a la hora de distribuir los recursos entre las comunidades: la solidaridad econ¨®mica, tanto entre los ciudadanos como entre los territorios. La solidaridad es un asunto multilateral, recuerda el catedr¨¢tico de Teor¨ªa del Estado de la UNED, Andr¨¦s de Blas. Pero por vez primera desde la puesta en marcha del estado auton¨®mico, una comunidad, Catalu?a, pretende introducir criterios propios para determinarla. Esto ha provocado una reacci¨®n negativa de otras comunidades, que han rechazado que el Estatuto catal¨¢n pueda incidir en esta materia.

N¨²ria Bosch, catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona, defiende en cambio que el Estatuto "debe incluir principios en materia de financiaci¨®n sobre los gastos e ingresos". Esto significa que tambi¨¦n puede incluir una propuesta sobre la nivelaci¨®n de recursos disponibles por cada comunidad, con independencia de que la decisi¨®n final se tome en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal. "Lo contrario es vaciar la autonom¨ªa de contenido real", afirma.