?Qu¨¦ quiere Catalu?a?

A lo largo de los ¨²ltimos meses, en actos p¨²blicos por toda Espa?a y encuentros con miembros del Gobierno central y de los Gobiernos aut¨®nomos, de distinto signo pol¨ªtico, se me ha hecho siempre la misma pregunta: ?qu¨¦ quer¨¦is los catalanes? Pregunta a la que se a?ade la consideraci¨®n de por qu¨¦ elaborar un nuevo Estatuto cuando el balance del Estatuto de 1979 es, a todas luces, positivo.

La respuesta es muy sencilla: Catalu?a quiere m¨¢s poder pol¨ªtico y m¨¢s recursos econ¨®micos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizar nuestro futuro como pa¨ªs, y contribuir a la reforma del modelo de Estado para hacer realidad la Espa?a plural. Se me dir¨¢ que es pretencioso interpretar lo que quiere Catalu?a, como si fuera un todo homog¨¦neo. En este caso no lo es, todos los partidos pol¨ªticos, aunque con diferente intensidad; los sindicatos; la patronal; las c¨¢maras de comercio; las universidades; la Federaci¨®n y la Asociaci¨®n de Municipios; las entidades de inmigrantes; y en definitiva, el rico y diverso tejido asociativo de Catalu?a se ha manifestado con inusual unanimidad de acuerdo con la necesidad de incrementar el autogobierno y de conseguir un mejor y m¨¢s justo sistema de financiaci¨®n.

No exigimos privilegios, s¨®lo que se apliquen las f¨®rmulas de financiaci¨®n de los Estados federales

Nuestra propuesta no es soberanista ni rupturista, sino plenamente constitucional

El Estatuto debe proteger los elementos propios de la identidad nacional de Catalu?a

Con ese objetivo iniciamos hace m¨¢s de un a?o un proceso que hemos dado en llamar la v¨ªa catalana para la reforma del Estatuto. Un proceso basado en dos premisas fundamentales: elaborar un estatuto ambicioso, pero siempre dentro del marco de la Constituci¨®n, y que cuente con el apoyo de una mayor¨ªa pol¨ªtica y social muy amplia. ?stas son tambi¨¦n las condiciones que el presidente del Gobierno ha exigido para que el Estatuto sea aprobado en las Cortes.

Como prueba de esa voluntad unitaria, el Gobierno catal¨¢n renunci¨® a presentar una propuesta propia, y es la ponencia parlamentaria, integrada por todos los grupos de la C¨¢mara (PSC-CpC, CiU, ERC, PPC e ICV-EUiA) quien tiene la responsabilidad de elaborar la nueva norma. El Estatuto de 2005 no va a ser el Estatuto del Gobierno, ni tan siquiera el Estatuto de una mayor¨ªa de los partidos, o de un sector del pa¨ªs, va a ser el Estatuto de la inmensa mayor¨ªa de la sociedad catalana.

En s¨ªntesis, la reforma del Estatuto tiene cinco objetivos concretos: clarificar y mejorar las competencias; incorporar un t¨ªtulo de derechos y deberes y de principios rectores de las pol¨ªticas p¨²blicas; avanzar en la definici¨®n y protecci¨®n de elementos fundamentales de la identidad de Catalu?a; garantizar la participaci¨®n de la Generalitat en ¨®rganos decisivos del Estado y en la Uni¨®n Europea; y mejorar la financiaci¨®n.

Los veinticinco a?os de vigencia del Estatuto han sido sin duda muy fruct¨ªferos para Catalu?a, pero hemos acumulado la experiencia suficiente para saber cu¨¢les son los problemas y las limitaciones de nuestra autonom¨ªa. Las competencias de la Generalitat han sido permanentemente laminadas por los sucesivos Gobiernos centrales, a trav¨¦s de leyes de bases u org¨¢nicas, o de una interpretaci¨®n muy expansiva de t¨ªtulos generales como la planificaci¨®n general de la actividad econ¨®mica, que limitan y recortan el desarrollo de pol¨ªticas en aquellas materias que el propio Estatuto establece como propias. La intromisi¨®n del Gobierno central en las competencias auton¨®micas, el gran n¨²mero de competencias pendientes de traspasar, m¨¢s de noventa, algunas incluso con sentencias favorables del Tribunal Constitucional, ha provocado un elevado grado de conflictividad constitucional y ha generado ineficacia en la prestaci¨®n de muchos servicios. Es evidente que desde la proximidad se puede regular mejor el comercio interior, que la gesti¨®n de las becas ha de hacerse acorde con la realidad socioecon¨®mica de cada comunidad, que los horarios de los trenes de cercan¨ªas se fijar¨¢n con m¨¢s acierto desde una Administraci¨®n m¨¢s pr¨®xima, tambi¨¦n la gesti¨®n de los puertos y aeropuertos ganar¨¢ en efectividad; por no hablar de la inspecci¨®n de trabajo, cuya doble dependencia genera problemas evidentes de coordinaci¨®n en un tema de tanta gravedad como los accidentes de trabajo. Por otra parte, en estos a?os han emergido nuevas realidades ante las cuales carecemos de competencias, como es el caso de la inmigraci¨®n, o de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n, o el sector audiovisual. Se trata en definitiva de que Catalu?a, y el conjunto de comunidades aut¨®nomas, puedan definir sus propias pol¨ªticas en aquellos ¨¢mbitos que les son propios, sin recortes ni interferencias.

Pero el nuevo Estatuto no es s¨®lo un pacto entre el Estado y la Generalitat, tambi¨¦n es un acuerdo de la propia sociedad catalana para modernizar el pa¨ªs, del mismo modo que el Estatuto del 79, en un contexto muy diferente, fue un instrumento fundamental para la modernizaci¨®n de Catalu?a. De ah¨ª que el borrador del Estatuto incorpore derechos y deberes ciudadanos, y principios rectores en participaci¨®n ciudadana, educaci¨®n, salud o sostenibilidad ecol¨®gica, entre otros derechos civiles y sociales. Si bien es cierto que la Constituci¨®n establece los derechos fundamentales, la Generalitat puede definir derechos y deberes en relaci¨®n con las competencias que le son propias. El grado de implicaci¨®n de la ciudadan¨ªa con el autogobierno depende en buena medida de que del nuevo Estatuto emanen pol¨ªticas que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en Catalu?a.

El Estatuto debe ser tambi¨¦n un paso adelante en la protecci¨®n de los elementos propios de la identidad nacional de Catalu?a. Tenemos un amplio acuerdo en definir a Catalu?a como naci¨®n, con la ¨²nica excepci¨®n del PP; y el derecho a utilizar y el deber de conocer la lengua catalana, tal como establece la Constituci¨®n para el castellano. El deber no implica la obligatoriedad de hablar el catal¨¢n, sino que equipara la protecci¨®n jur¨ªdica de la lengua catalana a la del castellano.

Uno de los principales d¨¦ficit del Estado de las autonom¨ªas es que la realidad auton¨®mica no existe para buena parte de los organismos del Estado. Por eso el borrador del nuevo Estatuto prev¨¦ que la Generalitat pueda participar, por ejemplo, en la elecci¨®n de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco de Espa?a, del Consejo General del Poder Judicial, o de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa, en la forma que posteriormente se establezca. Por otra parte, es fundamental que Catalu?a y el conjunto de las comunidades aut¨®nomas puedan participar en la toma de decisiones de la Uni¨®n Europea, en el ¨¢mbito de sus competencias, y que exista un mecanismo de participaci¨®n para conformar la posici¨®n del Estado ante las instituciones comunitarias.

Y finalmente, el otro gran objetivo es mejorar la financiaci¨®n. En Catalu?a hay un amplio consenso en que la financiaci¨®n es muy insuficiente. El d¨¦ficit fiscal de Catalu?a con el Estado (7,5% del PIB de promedio) supera con creces, seg¨²n estudios solventes, por ejemplo, el de los l?nder alemanes con mayor renta (3,5% -4% del PIB). Se trata de un grave perjuicio que afecta a la ciudadan¨ªa de Catalu?a, pues en los ¨²ltimos a?os hemos perdido terreno en inversiones en infraestructuras y en gasto p¨²blico por habitante, y supone un lastre para una econom¨ªa que est¨¢ realizando un dif¨ªcil y complejo proceso de cambio de una econom¨ªa industrial tradicional a una econom¨ªa del conocimiento.

No exigimos privilegio alguno, simplemente que se apliquen los principios y las f¨®rmulas de financiaci¨®n que funcionan con ¨¦xito en los Estados federales. Queremos que la descentralizaci¨®n del Estado tambi¨¦n se produzca en el campo fiscal, con la creaci¨®n de una agencia tributaria propia, consorciada con la Administraci¨®n tributaria del Estado, y con capacidad normativa para regular los impuestos; queremos garantizar la suficiencia financiera, y que sea acorde con las necesidades de la poblaci¨®n y el esfuerzo fiscal que realizamos; queremos que las reglas de la cohesi¨®n territorial sean claras y conocidas; y queremos que la inversi¨®n del Estado en Catalu?a se corresponda a la aportaci¨®n que realizamos al PIB del Estado. No se trata de limitar la solidaridad. Si Catalu?a tienen mayor renta por habitante que la media deber¨¢ aportar m¨¢s, sin duda, pero garantizando los recursos suficientes para que sus ciudadanos -trabajadores, personas que padecen exclusi¨®n social...- no se vean perjudicados.

Es indignante escuchar estos d¨ªas opiniones que califican la propuesta de financiaci¨®n del Gobierno catal¨¢n de injusta e insolidaria. Lo que es injusto es que Catalu?a ocupe el cuarto puesto en PIB per c¨¢pita, despu¨¦s de Madrid, Navarra y Euskadi y en cambio en renta familiar disponible ocupemos la sexta posici¨®n, por la aplicaci¨®n del sistema de financiaci¨®n. Lo que es insolidario, adem¨¢s de ineficaz para promover el desarrollo, es que no exista ning¨²n mecanismo claro de cohesi¨®n territorial. Por eso proponemos que se garantice para todas las autonom¨ªas unos niveles similares en la prestaci¨®n de servicios realizando un esfuerzo fiscal similar, y un sistema de nivelaci¨®n por el cual las comunidades con una renta superior a la renta media, realicen, de forma progresiva, una mayor aportaci¨®n. Equidad y est¨ªmulo fiscal no son contradictorios sino componentes fundamentales de un modelo de financiaci¨®n justo.

Es l¨®gico preguntarse si lo que queremos los catalanes lo queremos en exclusiva para Catalu?a, sin tener en cuenta el marco general del Estado, ni las aspiraciones de las naciones, nacionalidades o regiones que lo componen; o si, por el contrario, aspiramos a un acuerdo multilateral con todas las autonom¨ªas. El Estatuto es por definici¨®n un acuerdo bilateral entre Catalu?a y el Estado, por el cual la Generalitat pacta con el Estado las condiciones de su autogobierno. El derecho a la autonom¨ªa que establece la Constituci¨®n tiene un car¨¢cter bilateral, todos los Estatutos son por definici¨®n la expresi¨®n de un acuerdo entre el Estado y cada comunidad aut¨®noma, pero eso no quiere decir que el nivel de autogobierno al que aspira Catalu?a y los principios y el modelo de financiaci¨®n no puedan ser generalizables a las comunidades que lo deseen. La negociaci¨®n bilateral entre la Generalitat y el Estado no elimina la necesidad de acuerdos, en un marco multilateral, con todas las autonom¨ªas.

Nuestra propuesta no es soberanista ni rupturista sino plenamente constitucional e inspirada en la filosof¨ªa y los modelos federales. Se trata de un proyecto que pretende abordar el gran problema hist¨®rico de la relaci¨®n entre Catalu?a y Espa?a, y el de la plena aceptaci¨®n de la unidad en la diversidad nacional, cultural y ling¨¹¨ªstica del Estado. El Gobierno catalanista y de izquierdas no va a caer en el regateo permanente. No estamos planteando apoyo parlamentario al Gobierno central a cambio de m¨¢s inversiones, de m¨¢s dinero o de una u otra competencia, como ven¨ªa siendo costumbre. Sino que proponemos un salto adelante en el autogobierno, una reforma a fondo del pacto entre el Estado y la Generalitat, con unas reglas de juego m¨¢s acorde con la realidad de un Estado plural. El gran reto es que Espa?a se reconozca a s¨ª misma como una realidad plurinacional.

Durante la transici¨®n, la reivindicaci¨®n de la autonom¨ªa y la restauraci¨®n de la Generalitat fueron el motor del Estado auton¨®mico. Hoy el proceso de reforma del Estatuto catal¨¢n, junto con el proceso de reforma de Andaluc¨ªa, Asturias, Arag¨®n, Baleares, Canarias, Euskadi o el Pa¨ªs Valenciano va a suponer un paso adelante en la reforma del modelo de Estado en un sentido federal, un paso adelante imprescindible para resolver la contradicci¨®n que venimos arrastrando desde hace veinticinco a?os entre un Estado descentralizado y el Estado centralista que a¨²n pervive, y que no reconoce la pluralidad nacional. M¨¢s y mejor autogobierno y el reconocimiento de la diversidad ling¨¹¨ªstica y cultural es una oportunidad para Catalu?a y para todos. M¨¢s autogobierno es tambi¨¦n m¨¢s democracia.

Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participaci¨®n de la Generalitat de Catalu?a