Conde-Pumpido da por concluida la amnist¨ªa temporal para los que empleen a inmigrantes ilegales

El delito de explotaci¨®n laboral de extranjeros ha vuelto a ser perseguido por jueces y fiscales desde el fin del proceso extraordinario de normalizaci¨®n de extranjeros, que se produjo la pasada semana. El Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, dijo ayer en Motril (Granada) que la Fiscal¨ªa ha dado por terminada la amnist¨ªa temporal para este tipo de infractores una vez terminada la oportunidad de acabar con la explotaci¨®n de sus trabajadores. El Gobierno advirti¨® la semana pasada que redoblar¨¢ sus esfuerzos para esclarecer estos delitos.

C¨¢ndido Conde-Pumpido acudi¨® ayer a Motril para cerrar las cuartas jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigraci¨®n organizadas por la UNED, el Ayuntamiento de Motril y Jueces para la Democracia. En su conferencia, titulada El Ministerio Fiscal ante el fen¨®meno de la inmigraci¨®n, el Fiscal General record¨® que el reciente proceso de normalizaci¨®n "supuso una posibilidad para acabar con la econom¨ªa sumergida surgida entorno a los inmigrantes as¨ª como con su explotaci¨®n por determinados empresarios", y record¨® que, desde el fin de ese proceso, el delito vuelve a estar vigente. "A partir de ahora volveremos a perseguir todas aquellas conductas que infrinjan la ley y generen empleo ilegal y explotaci¨®n", afirm¨®.

El jefe de los fiscales espa?oles se refiri¨® tambi¨¦n al problema de los menores inmigrantes. Una de las primeras medidas tomadas por Conde-Pumpido nada m¨¢s acceder al cargo fue la de impedir que los fiscales tuvieran que autorizar el retorno inmediato de los menores extranjeros con m¨¢s de 16 a?os, como prescrib¨ªa una instrucci¨®n de su antecesor, Jes¨²s Cardenal.

Miembros de colectivos que trabajan con estas personas y personal de centros de menores le transmitieron, sin embargo, su preocupaci¨®n por las continuas trabas que encuentran por parte del Ministerio del Interior para conseguir sus permisos de residencia una vez que entran en el pa¨ªs.

"La ley nos obliga a regularizarlos inmediatamente, pero la administraci¨®n tarda muchos meses en hacerlo, m¨¢s de los que le permite la ley", dijo una trabajadora de un centro de acogida. "La Fiscal¨ªa, como defensor del inter¨¦s del menor, debe asegurarse de que estas personas est¨¢n documentadas", a?adi¨®. Conde-Pumpido respondi¨® que la competencia para documentar a estos menores no corresponde, en principio, a la Fiscal¨ªa, sino al Estado, pero propuso a estos trabajadores que se pusieran en contacto con los fiscales de las distintas provincias en caso de retrasos injustificados. Otro de los asistentes pregunt¨® por el n¨²mero exacto de menores que fueron repatriados autom¨¢ticamente mientras estuvo vigente la instrucci¨®n que lo permit¨ªa, pero el fiscal asegur¨® que lo desconoc¨ªa.